La Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo ha pedido al magistrado Leopoldo Puente que investiga el caso Koldo la prisión incondicional para el ex ministro José Luis Ábalos. El fiscal jefe Alejandro Luzón considera que existe un alto riesgo de fuga que justifica la más dura de las medidas cautelares contra el ex secretario de Organización del PSOE, ex ministro y todavía diputado del Grupo Mixto.
Las acusaciones populares también han pedido al magistrado Leopoldo Puente que envíe a prisión a Ábalos sin posibilidad de fianza. El magistrado resolverá a lo largo de la mañana. Está pendiente aún que a partir de las 12.30h se celebre la misma ‘vistilla’ de medidas cautelares para Koldo García, ex asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes en la etapa investigada.
El ex ministro llegaba al Tribunal Supremo poco antes de las 10 de la mañana con una mochila de cuero donde guardaba algunos enseres personales en previsión de que hoy ingresara en la cárcel de Soto del Real.
La petición de modificación de medidas cautelares responde al avance de la investigación y a la presentación de los escritos de acusación contra los tres encausados por el caso Koldo en el Supremo, Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía y las acusaciones populares consideran que la entidad de las penas reclamadas y la proximidad del juicio justifican la prisión preventiva.
El fiscal jefe de Anticorrupción reclama para José Luis Ábalos 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada. A Koldo García le atribuye los mismos delitos y solicita 19 años y medio de cárcel por la investigación en torno a la compra de material sanitario en la pandemia. Las acusaciones populares han pedido 30 años de prisión,
La petición de prisión de Anticorrupción para el ex ministro Ábalos abarca, además de la compra de las mascarillas en la pandemia, la contratación de Jésica en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler del piso en la plaza de España de Madrid su amiga íntima, la contratación de la otra amiga del ex ministro Claudia Montes en la empresa Logirail o la operación de arrendamiento del chalet de la Alcaidesa (La Línea de la Concepción, en Cádiz). El fiscal también ve indicios de delito en la estancia de Ábalos en un chalet vacacional en Marbella, su papel en el rescate de Air Europa, las gestiones para la trama de los hidrocarburos o el contrato de arrendamiento de un piso con opción a compra en el Paseo de la Castellana de Madrid.
En su escrito de acusación, Luzón explica que la trama criminal comenzó a operar tan «pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico». Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres [el ex ministro, su ex asesor y Aldama] convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas.
Luzón subrayaba que «la organización nació, además, con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García del Ministerio de Transportes»
