El juez Juan Carlos Peinado ha avisado a Moncloa de que si no le remite las agendas de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y de su asesora, Cristina Álvarez, puede cometer un delito de desobediencia.
A través de una providencia dictada este mismo jueves el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid reclama «nuevamente a Presidencia del Gobierno» que le facilite diversa documentación que le requirió, «o bien indiquen las causas por las que a día de hoy no se han remitido». «Apercibiéndoles que en caso de no remitirlo ni alegar las causas que imposibilitan su remisión, se podría incurrir en un delito de desobediencia», recalca.
Peinado se refiere a las agendas de las dos investigadas, que ha encargado analizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para «determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Gómez».
El juez alude a todos los antecedentes que haya sobre el nombramiento de asistentes de esposas de los presidentes del Gobierno, «con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea.
Peinado reclama que le entreguen los datos salariales actualizados de Álvarez hasta la fecha, además de los documentos acreditativos de su situación administrativa, como nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios.
Por último, el instructor requiere toda la información sobre los viajes de la asesora de Gómez pagados con fondos públicos desde su contratación, incluyendo el «uso de medios públicos (coche oficial, servicio de chófer, datos de posibles personas dependientes jerárquicamente de Álvarez)».
El juez instructor atribuye a la esposa del presidente del Gobierno cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
Además de a la esposa de Pedro Sánchez y a su asesora, también mantiene como investigado al empresario Juan Carlos Barrabés y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.
