El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado por la coalición de Más Madrid, PSOE e Izquierda Unida, se enfrenta a una exhaustiva investigación por presunta gestión fraudulenta de fondos públicos, tras una reciente resolución de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. La decisión judicial revoca el archivo inicial del caso y exige la continuación de las diligencias para esclarecer el destino de más de 357.000 euros en subvenciones presuntamente sin justificar. Este hecho recae en la organización ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), que interpuso el recurso de apelación que ha motivado este drástico giro en el proceso, algo que para esta organización pro israelí
El Auto número 15/2025, emitido el 24 de noviembre, es explícito al señalar la existencia de «claros indicios de existencia de alcance contable» en la forma en que el consistorio ripense gestionó la concesión de ayudas a varias entidades, muchas de ellas operando en territorios bajo control de la Autoridad Palestina en Cisjordania, uno de los lugares clásicos donde el citado Ayuntamiento tiene varios proyectos de cooperación desde hace años. Este dictamen judicial desmonta la defensa del ayuntamiento y subraya la seriedad de las acusaciones de opacidad en el manejo de dinero del contribuyente.
FALTA DE JUSTIFICACIÓN TAXATIVA
El núcleo de la controversia radica en la supuesta ausencia total de documentación justificativa que acredite el uso y destino final de los fondos públicos. El Tribunal de Cuentas, actuando con una firmeza notable, según ACOM, ha constatado que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid fue incapaz de aportar prueba alguna sobre cómo se invirtieron los 357.445 euros entregados a tres organizaciones específicas mediante un total de 17 convenios de colaboración suscritos desde el año 2018.
Las entidades bajo escrutinio y las cuantías de las subvenciones son las siguientes:
- Pallasos en Rebeldía de Madrid: 244.500 euros.
- Kanbahiota: 91.192 euros.
- Guanaminos sin Fronteras: 21.753,09 euros.
La Sala de Justicia ha sido taxativa al rechazar las afirmaciones previas del gobierno municipal, que aseguró haber presentado «informes técnicos de cumplimiento o justificación de las subvenciones». La resolución judicial desmiente este argumento, señalando sin ambages que «ninguno de los documentos aportados acredita cuál fue el concreto destino dado a los fondos públicos» y que los supuestos informes técnicos «no constan entre la documentación aportada».
ALCANCE CONTABLE Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Para la entidad pro israelí el Tribunal de Cuentas aplicó su consolidada jurisprudencia para enfatizar la gravedad de la situación. La falta de justificación de subvenciones y ayudas económicas públicas no constituye una «mera irregularidad administrativa», como argumentaba la defensa del ayuntamiento. Por el contrario, la percepción indebida o la imposibilidad de demostrar que los fondos se destinaron a la finalidad prevista es un supuesto de «alcance en los fondos públicos», un término que implica la posible generación de responsabilidad contable directa para los responsables políticos y funcionarios involucrados.
Como resultado directo de la estimación del recurso de ACOM, se ha propuesto el nombramiento de un delegado instructor. Este instructor será el encargado de llevar a cabo las actuaciones previas de investigación necesarias para trazar el recorrido de los 357.445 euros y determinar «si los hechos pueden ser o no generadores de responsabilidad contable».
Para ACOM, la organización que ha impulsado la denuncia, esta resolución judicial marca un hito. Un portavoz de la entidad celebró la victoria, destacando que seguirán ejerciendo acciones legales contra cualquier institución que «promueva la discriminación y la animadversión al pueblo judío y al Estado de Israel, y que utilice fraudulentamente fondos públicos para tales fines». La organización subraya que esta es una batalla crucial en su lucha por la transparencia, la legalidad y contra lo que denominan el «antisemitismo institucional».
La resolución es un revés significativo para el tripartito de Rivas Vaciamadrid. El consistorio deberá ahora responder ante la justicia por la opacidad y el presunto uso indebido de cientos de miles de euros de los contribuyentes. El caso entra en una fase decisiva que podría concluir con la exigencia de responsabilidades contables, marcando un precedente importante en la fiscalización de la gestión municipal de subvenciones. El escrutinio público sobre la coalición de Más Madrid, PSOE e Izquierda Unida se intensifica con el inicio formal de esta investigación.
Aunque en realidad el citado Tribunal de Cuentas no está prejuzgando la existencia de responsabilidad del Ayuntamiento de Rivas o una irregularidad contable o de alcance, solo nombra un instructor para que esclarezca los hechos denunciados, en unas diligencias previas.
