Leopoldo Puente, instructor del Caso Koldo, en el Tribunal Supremo, ha dictado auto de prisión para el ex ministro Ábalos y su ex asesor Koldo García. Ambos ingresarán en la prisión madrileña de Soto del Real de manera provisional.
El juez ha tomado la decisión después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares, representadas por el PP, pidiesen el ingreso en prisión de ambos debido al elevado riesgo de fuga por la petición de penas de cárcel de 30 años para cada uno de ellos.
La Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo pedía esta misma mañana al magistrado Leopoldo Puente que investiga el caso Koldo la prisión incondicional para el ex ministro José Luis Ábalos. Tras la comparecencia de Koldo García también pidió cárcel para él en el mismo sentido. Las acusaciones populares se adhirieron a ambas peticiones.
El fiscal Alejandro Luzón considera que existe un alto riesgo de fuga que justifica la más dura de las medidas cautelares contra el ex secretario de Organización del PSOE, ex ministro y todavía diputado del Grupo Mixto y su ex asesor Koldo García. Las acusaciones populares también han pedido al magistrado Leopoldo Puente que envíe a prisión a Ábalos y Koldo sin posibilidad de fianza.
ÁBALOS A LAS 10 DE LA MAÑANA
El ex ministro llegaba al Tribunal Supremo poco antes de las 10 de la mañana con una mochila de cuero donde guardaba algunos enseres personales en previsión de que hoy ingresara en la cárcel de Soto del Real. A las 12.25 lo hacía Koldo García en compañía de su abogada y una pequeña maleta con ropa dentro.
La petición de modificación de medidas cautelares responde al avance de la investigación y a la presentación de los escritos de acusación contra los tres encausados por el caso Koldo en el Supremo, Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía y las acusaciones populares consideran que la entidad de las penas reclamadas y la proximidad del juicio justifican la prisión preventiva.
Hay que recordar que Alejandro Luzón, fiscal Anticorrupción que ejerce la acusación en el Tribunal Supremo en la parte que le corresponde al Alto Tribunal del Caso Koldo ya presentó un escrito de calificación donde pide 24 años de cárcel para Ábalos por la presunta comisión de 6 delitos, 19 años y medio a su ex asesor Koldo García por otros 6 delitos y 7 años de cárcel a Víctor de Aldama por 3 delitos, aunque presenta el atenuante de confesión. Las acusaciones populares, con el PSOE entre ellas, piden 30 años para cada uno.
El fiscal acusa a Ábalos y Koldo García de los mismos delitos de organización criminal, otro de cohecho pasivo, otro de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y otro de malversación. En el caso de Aldama las acusaciones son de organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información, aunque por este último solo pide una multa de 3,7 millones de euros para el empresario.
La petición de prisión de Anticorrupción para el ex ministro Ábalos abarca, además de la compra de las mascarillas en la pandemia, la contratación de Jésica en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler del piso en la plaza de España de Madrid su amiga íntima, la contratación de la otra amiga del ex ministro Claudia Montes en la empresa Logirail o la operación de arrendamiento del chalet de la Alcaidesa (La Línea de la Concepción, en Cádiz). El fiscal también ve indicios de delito en la estancia de Ábalos en un chalet vacacional en Marbella, su papel en el rescate de Air Europa, las gestiones para la trama de los hidrocarburos o el contrato de arrendamiento de un piso con opción a compra en el Paseo de la Castellana de Madrid.
En su escrito de acusación, Luzón explica que la trama criminal comenzó a operar tan «pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico». Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres [el ex ministro, su ex asesor y Aldama] convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas.
Luzón subrayaba que «la organización nació, además, con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García del Ministerio de Transportes».
El pasado 3 de noviembre, el instructor Leopoldo Puente acordaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y enviar al banquillo de los acusados a Ábalos, Koldo García y Aldama por la compra de material sanitario en pandemia, en concreto por el gasto de 53 millones de euros en mascarillas.
Ábalos tiene el dudoso honor de convertirse es el primer diputado en ejercicio que entra en prisión, algo que provoca un nuevo escenario en las Cortes españolas.
