Las últimas entrevistas concedidas por el ex ministro Ábalos antes de su ingreso en prisión tienen como denominador común el señalamiento a Globalia, el grupo de la familia Hidalgo, y al rescate por parte del Gobierno por 475 millones de euros en plena pandemia de Covid. Pero en mayo de 2024 un informe elaborado por el primer denunciante del Caso Begoña Gómez, el colectivo Manos Limpias, presentado ante el juzgado, ya señalaba, a su juicio, las irregularidades en el rescate de la compañía de los Hidalgo pero fue ignorado.
PETICIÓN DE AYUDA A BEGOÑA GÓMEZ
Unos días antes de entrar en prisión Ábalos confirmaba al diario El Mundo que Javier Hidalgo pidió ayuda a Begoña Gómez «porque estaba desesperado». Era septiembre de 2020 y el comisionista Víctor de Aldama intentaba conseguir que el ministerio de Ábalos pusiera sobre la mesa del consejo de ministros el rescate de Air Europa y el resto de Globalia. Aldama advertía entonces a Koldo García que «éste (Hidalgo) se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña».
Los informes de la UCO confirmaron que tanto Begoña Gómez como Javier Hidalgo se conocían al menos un año antes, cuando coincidieron en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), celebrada en Rusia.
En enero de 2020 Globalia patrocinó el África Center de Begoña Gómez a través de Wakalua con 40.000 euros al año. Incluso Begoña Gómez, según desveló el diario El Confidencial, visitó la sede de Globalia en junio y julio de 2020. El patrocinio de Wakalua apenas se hizo efectivo porque entraron en vigor las restricciones por la pandemia.
Uno de los motivos argumentado por el Tribunal Supremo para decretar la prisión de Ábalos fue precisamente el cobro por parte de Ábalos en especie por la gestión, en concreto unas vacaciones con su familia en un chalé en Marbella. Koldo García se encargó de buscar el emplazamiento y de pagar la reserva. En total, la estancia salió por 9.800 euros. Sin embargo, los mensajes intervenidos entre los investigados revelan que Ábalos no pagó nada. Es más, Koldo le llegó a mandar a Ábalos: «Esto sale gratis por las molestias generadas».
En uno de sus informes la UCO sostenía que Ábalos percibió una «contraprestación económica a su favor» a cambio de la «publicación de la nota de prensa» por parte del MITMA en la que se anunciaba la ayuda millonaria a la aerolínea. Este hecho lo recuerda el juez instructor del Tribunal Supremo en el auto de prisión dictado para Ábalos.
INFORME SOBRE GLOBALIA
En mayo de 2024 el sindicato Manos Limpias destapaba la existencia de un «informe jurídico legal» sobre las ayudas recibidas por el Holding Globalia de la familia Hidalgo y fue presentado ante el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que todavía investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por su presunta influencia en la adjudicación de contratos del Estado y ayudas al empresario Juan Carlos Barrabés y por la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Los documentos aportados al Juzgado entonces no fueron una denuncia directa contra Sánchez. Los denunciantes sostenían que el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó una ayuda inicial de 475 millones de euros al Grupo Globalia de la familia Hidalgo sin el visto bueno de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) encargada de velar por el destino de los 3.300 millones de euros distribuidos en ayudas económicas a empresas durante la pandemia del Covid.
Según Manos Limpias las ayudas a las empresas de los Hidalgo, de las 30 concedidas, fueron las únicas en no pasar el control de la SEPI, que incluso contrató una UTE por 70.000 euros para vigilar esas ayudas. También refieren en la denuncia una segunda ayuda al Grupo Ávoris, de la misma familia, por 320 millones de euros y en ambas ocasiones, para Manos Limpias, Pedro Sánchez debió abstenerse por incompatibilidad al estar su esposa relacionada con los beneficiados de las ayudas.
Sin embargo, ni el Juzgado ni la Fiscalía Anticorrupción encontraron indicios delictivos. De hecho, en realidad la Audiencia Provincial de Madrid impidió y advirtió en varias ocasiones al juez Peinado de que se abstuviera de investigar esa línea de presunta corrupción que planteaba Manos Limpias, cuyo informe de entonces adquiere ahora relevancia tras las declaraciones periodísticas de Ábalos.
Ese presunto delito se habría cometido sólo en caso de quedar probada la relación profesional entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo, CEO de Globalia. Un hecho que parece probado por los informes policiales.
Ese informe pericial recoge que primer lugar la ayuda se troceó en dos ocasiones, primero en dos ayudas de 240 y 235 millones, respectivamente, hasta los 475 iniciales. El sindicato accedió a las actas de aquel Consejo de Ministros, presidido por Sánchez, celebrado el 3 de noviembre de 2020, pero no ha encontrado las actas donde supuestamente se debería reflejar otro rescate por 320 millones de Ávoris, propietaria de marcas como BTravel, agencia de viajes de Air Europa o de Hoteles Barceló, entre otras que habría ejecutado la SEPI en pleno proceso de fusión entre Globalia y Avoris.
Esos rescates no fueron presuntamente sometidos al control de la Comisión Europea, que lo solicitaba a los países miembros que gastaran más de 250 millones en una sola empresa, a pesar de que los fondos dedicados al rescate eran solo nacionales y no europeos. Esto se hacía así para controlar que una misma empresa multinacional no recibiese ayudas en diferentes países.
Sobre los primeros 475 millones de Globalia el denunciante afirmaba que «desconocemos con exactitud el destino de ese dinero porque aunque los recibió la empresa Air Europa Holding iba destinado a tres empresas del mismo grupo en realidad, que son Air Europa, Air Europa Holding y Aeronova» y destacaban que la receptora de los fondos «es una empresa creada el 13 de noviembre de 2019 y constituida con 3.000 euros, lo que hace sospechoso que una empresa con tan poco tiempo (el rescate se produjo el 3 de noviembre de 2020) resulta beneficiada de un rescate tan importante», dijeron.
El 29 de julio de 2020 el Congreso de los Diputados aprobaba destinar hasta 650.000 millones de euros para rescatar a empresas con problemas financieros derivados de la pandemia. El plan se denominó «Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas». Hasta 74 empresas optaron a estas ayudas o pidieron ser rescatadas por el Estado, pero sólo 30 de ellas lo lograron porque cumplían los requisitos necesarios. En ellas se gastaron 3.300 millones de euros. Hay que recordar que uno de los rescates más polémicos fue el de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros, que por cierto ya han sido devueltos íntegramente a la SEPI.
Sin embargo, para Manos Limpias, Air Europa no cumplía algunos de los requisitos exigibles, aprobados por Decisión de la Comisión de 31 de julio de 2020 SA.57659 (2020/N) España COVID 19, Fondo de recapitalización y una posterior Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el ACM de 21 de julio de 2020.
«GLOBALIA DEBÍA 55 MILLONES A LA AGENCIA TRIBUTARIA Y POR TANTO ESE REQUISITO NO LO CUMPLÍAN, ni PASÓ EL FILTRO DE LA SEPI»
Entre estos requisitos constaban no mantener deudas con Hacienda y «Globalia debía 55 millones de euros al Estado, por tanto ese requisito no lo cumplían, tampoco había refrendado el acuerdo climático de París, ni pasó el filtro de la SEPI, ya que esta sociedad estatal publica en datos abiertos todas las inspecciones que realiza antes de dar sus ayudas», añaden desde el sindicato denunciante, además de no pasar el mencionado control de la Comisión Europea.
Según el sindicato los responsables de haber otorgado esas ayudas fueron los ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Energía y por elevación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presidió los Consejos de Ministros donde se decidieron otorgar.
Desde Manos Limpias sostenían entonces que «lo primero que nos choca es que cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Air Europa, la SEPI no tenía presidente. Hubo una UTE que seleccionó y eliminó empresas que pidieron esos fondos. Sorprendentemente, Globalia recibió una ayuda de 475 millones y otra de 320 millones y no pasó el filtro de esta UTE independiente, que es la que decidía que empresas tenían acceso. Al resto se le dieron una media de 40 y 50 millones de euros» y añadió que «de 74 empresas que pidieron, solo 30 lo consiguieron y, por supuesto, quien lidera el ranking es Globalia. Es decir, Globalia tuvo acceso a unas ayudas sin pasar por el control que pasaron el resto de las empresas».
