A menos de un mes para las elecciones del 21 de diciembre, María Guardiola se enfrenta al momento más vulnerable y decisivo de su carrera política. La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección llega al final de noviembre con un frente judicial abierto, con la oposición intensificando el desgaste político y con un escenario electoral en el que, según reconocen tanto en su partido como en la oposición, «no le basta con ganar», ya que necesita hacerlo de manera contundente para conservar su fuerza.
El detonante de esta recta final turbulenta ha sido la resolución de la Junta Electoral Central (JEC), que estima el recurso presentado por el PSOE y declara que Guardiola y su consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, vulneraron la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
La JEC concluye que ambas utilizaron recursos institucionales para exponer logros de gestión durante una visita oficial a la obra de la balsa de abastecimiento del Jerte, realizada el 10 de noviembre, en pleno periodo preelectoral. En su fallo, la JEC considera probado que aquella visita —difundida en las redes oficiales de la Junta de Extremadura mediante textos, imágenes, amplia cobertura institucional y convocatoria a los medios— incurrió en la prohibición de propaganda encubierta recogida en los artículos 50.2 y 50.3 de la LOREG.
Por ello, obliga al Ejecutivo regional a retirar la información y, además, insta a la Junta Electoral Provincial de Cáceres a incoar un expediente sancionador contra Guardiola y Morán por posible vulneración del deber de neutralidad institucional. Se trata de un paso que, aunque no implica aún una sanción definitiva, coloca a la presidenta en una situación incómoda en pleno calendario electoral y da al PSOE un argumento político potente en una campaña donde la ética pública y el uso de recursos institucionales serán ejes recurrentes.
EL PRIMO CHÓFER
La tensión dialéctica entre PP y PSOE ha escalado durante las últimas semanas, y Guardiola ha cargado con firmeza contra el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, recordando su condición de investigado por prevaricación y tráfico de influencias.
Sin embargo, la ofensiva política se ha visto inmediatamente respondida con un contraataque de la oposición, que la acusa de hipocresía por el contrato de su primo, Daniel Ollero Quintero, como chófer de la Presidencia de la Junta. Según la documentación de transparencia, Ollero fue contratado el 23 de julio de 2023, apenas una semana después de que Guardiola tomara posesión. Su salario asciende a 34.735,40 euros anuales.
Antes de ese puesto, según su propio currículum oficial, regentaba la Churrería Olqui en Cáceres. El dato ha ofrecido al PSOE una réplica directa a los ataques de Guardiola y alimenta el debate sobre el nepotismo, justo cuando la presidenta intenta proyectar una imagen de rigor y regeneración. El entorno de Guardiola matiza que se trata del sobrino del padre no biológico de la presidenta —quien la crió desde pequeña—, pero el daño político ya está hecho y la polémica ha entrado de lleno en campaña.
SOMBRA DE VOX
Otro de los puntos débiles de Guardiola en estas elecciones procede de una herida interna que nunca se cerró del todo: su pacto con Vox. Durante la campaña de 2023, la dirigente popular aseguró tajantemente que nunca gobernaría con la ultraderecha… pero apenas semanas después de resultar investida, incorporó a Vox a su gobierno autonómico.
La convivencia fue breve. Vox abandonó el Ejecutivo por decisión de su dirección nacional, en el marco de una estrategia para desmarcarse del PP en distintas comunidades, una estrategia que, según coinciden diversos análisis, está reforzando a la formación de Abascal en las encuestas. Guardiola quedó así sola políticamente, sin socios estables, y con un recuerdo reciente de incoherencia que la oposición no deja de explotar.
De cara al 21D, esa contradicción pesa tanto entre electores moderados como entre los más conservadores. Los primeros le reprochan haber roto una promesa central; los segundos, haber perdido el apoyo de Vox y haber gestionado mal la alianza. El cúmulo de frentes abiertos convierte las elecciones del 21 de diciembre en una cita de alto riesgo para María Guardiola.
En solo un año y medio de mandato, la presidenta ha encadenado decisiones controvertidas, fricciones con Vox, acusaciones cruzadas con el PSOE, un expediente impulsado por la JEC y un desgaste notable en la opinión pública. En el PP saben que una victoria ajustada podría no ser suficiente para asegurar la gobernabilidad y, sobre todo, para mantener a Guardiola como referente del partido en Extremadura. En cambio, una derrota o un retroceso significativo podría marcar su final político inmediato.
MALESTAR
A las polémicas institucionales y al desgaste interno se suma en las últimas semanas el enfado generado por algunos de los fichajes mediáticos que María Guardiola ha incorporado a su lista electoral.
La incorporación de la influencer Zulema Romero, conocida por su contenido en redes y por un estilo ajeno al perfil político tradicional, ha provocado recelos dentro del PP extremeño, especialmente entre cuadros territoriales que consideran que la presidenta prioriza el impacto mediático frente a la experiencia de partido.
También ha generado ruido el fichaje del deportista Kini Carrasco, figura muy reconocida en el ámbito del deporte adaptado y con importante presencia pública, pero cuya incorporación, según fuentes internas, se interpretó como un intento de Guardiola de “tapar” el resto de polémicas con nombres de tirón popular.
Estos movimientos han provocado malestar en sectores del PP que se sienten desplazados y que interpretan la estrategia como un viraje improvisado para reforzar la campaña tras las decisiones controvertidas de los últimos meses.
