El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofreció una disertación profunda y detallada en el Fórum Europa, transformando esta tribuna madrileña en un auténtico foro de debate sobre los pilares de la justicia social y la cohesión territorial en España. Su alocución fue mucho más que un simple balance de gestión; fue una declaración de principios que sitúa la defensa de los derechos, el combate a la desigualdad y la construcción de un Estado de Bienestar robusto como el núcleo central de cualquier proyecto democrático avanzado. Siendo la vivienda y la defensa de la infancia dos pilares básicos para las políticas del ministro.

En un panorama social marcado por la incertidumbre económica global y los cambios demográficos acelerados, la hoja de ruta del ministro se presenta como un imperativo ético y político para blindar la dignidad de la vida de la inmensa mayoría de la población. Bustinduy sigue siendo la mejor baza electoral para Sumar frente al desgaste institucional de Yolanda Díaz, cada vez más denostada desde la propia izquierda, y por supuesto, desde la propia derecha y oposición, donde se ha convertido en una de las principales pieza de caza para PP y Vox.

LA VIVIENDA: UN DERECHO SECUESTRADO POR LA ESPECULACIÓN

La crisis de acceso a la vivienda se erigió como el primer y más acuciante desafío delineado por el ministro, uno de los temas favoritos de su partido. Bustinduy es categórico al diagnosticarla no solo como un problema económico, sino como el principal factor de inestabilidad y precariedad para las clases trabajadoras, la juventud y las familias con rentas medias y bajas. La vivienda, un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, ha sido, a su juicio, sistemáticamente secuestrada por una lógica estrictamente especulativa que permite a una minoría rentista ejercer una «extracción de rentas» desmedida e injustificada.

Esta situación no solo impide a miles de jóvenes emanciparse o formar un proyecto de vida, sino que lastra el desarrollo económico al desviar una parte inasumible de los salarios hacia el pago de alquileres o hipotecas. El ministro destacó que la lucha por la desmercantilización del mercado de la vivienda es una batalla de civilización que su Departamento está decidido a liderar. No se trata de ir contra la propiedad, sino de asegurar que la función social de la vivienda prevalezca sobre el derecho a lucrarse de forma «obscena» con una necesidad básica.

Las medidas impulsadas por el Gobierno, desde la regulación de los precios en zonas tensionadas hasta el incremento del parque público, son pasos en la dirección correcta, aunque el camino hacia un mercado justo y equilibrado es aún largo y exige una determinación política inquebrantable para no ceder ante aquellos que ven en la vulnerabilidad de la mayoría una oportunidad de negocio.

En este sentido, el análisis del ministro sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda y su implementación es crucial para entender el cambio de paradigma que se busca en España. El problema de la vivienda se ha agravado en la última década debido a una larga inacción política que permitió la hegemonía del capital financiero e inmobiliario sobre el derecho constitucional. La Ley se concibe como un instrumento de reequilibrio en un mercado profundamente descompensado a favor de los propietarios de grandes carteras.

Bustinduy hizo hincapié en que la Ley proporciona a las comunidades autónomas y ayuntamientos una caja de herramientas robusta para intervenir. La medida más debatida es la regulación y limitación de los precios del alquiler en las zonas de mercado residencial tensionado. Esta figura no es un tope indiscriminado, sino un mecanismo diseñado para frenar la espiral inflacionista que expulsa a los vecinos de sus barrios y genera gentrificación. El ministro defendió que el objetivo no es ahuyentar la inversión, sino desincentivar la inversión meramente especulativa que busca rentas rápidas sin aportar valor social.

Otro elemento fundamental es el incremento del parque de vivienda pública asequible. El ministro señaló la carencia estructural de vivienda social en España, en comparación con otros países europeos, y subrayó la necesidad de movilizar no solo suelo nuevo, sino también de utilizar la vivienda vacía o infrautilizada de grandes tenedores. Se prevé que las figuras de incentivos fiscales y recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas vacías comiencen a desplegarse, buscando que la inactividad de un activo social tenga un coste para sus propietarios, forzando su puesta en el mercado.

La Ley también refuerza los mecanismos de protección ante los desahucios de personas vulnerables, estableciendo la necesidad de que las administraciones actúen para ofrecer una alternativa habitacional antes de proceder al desalojo. Este aspecto es vital, ya que sitúa a las administraciones en la vanguardia de la defensa social, obligándolas a tomar responsabilidad activa en la gestión de la emergencia habitacional, en lugar de delegarla únicamente en el sistema judicial.

LA PRESTACIÓN UNIVERSAL POR CRIANZA: LA DEUDA CON LA INFANCIA

En un país que ostenta una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea, el ministro Pablo Bustinduy eleva la lucha contra esta lacra social a la categoría de «urgencia nacional». Recordó que ver a uno de cada tres niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social es un índice de la calidad democrática que no puede ser ignorado ni minimizado. La respuesta del Ministerio es clara y contundente: la implantación de una prestación universal por crianza.

Esta medida no se presenta como un gasto, sino como la inversión social más rentable y necesaria que puede acometer un Estado moderno. El ministro desmintió el mito de que «no hay dinero» para ello, señalando que la prestación «se paga sola» con los beneficios a largo plazo que implica asegurar que la infancia tenga acceso a una nutrición adecuada, un entorno seguro y las mismas oportunidades de desarrollo. Se trata de poner fin a la «lotería del nacimiento», donde el destino de un menor queda determinado por el código postal o la renta de sus padres.

Además, esta prestación supone un apoyo directo a la mujer trabajadora y a las familias monoparentales, que son, en más del 50% de los casos, hogares liderados por mujeres que enfrentan la vulnerabilidad con escasos recursos. La prestación por crianza es vista como una de esas iniciativas transformadoras que sitúan a España a la altura de las democracias avanzadas del norte de Europa, y su impulso será una de las banderas más visibles de la acción gubernamental. Complementariamente, se insistirá en la universalización y gratuidad del comedor escolar, un derecho básico incomprensiblemente aún no garantizado en todo el territorio nacional, y para cuya consecución se ejercerá toda la presión política, institucional y ciudadana necesaria.

El ministro de Derechos Sociales articuló la prestación universal por crianza no como una simple ayuda, sino como una política de Estado con triple impacto: lucha contra la pobreza, apoyo a la demografía y estímulo económico. El diseño de la prestación se basa en la universalidad, un principio esencial para eliminar el estigma asociado a las ayudas focalizadas y garantizar su eficiencia.

La defensa de la universalidad de la prestación, es decir, que llegue a todos los hogares con menores a cargo independientemente de su nivel de renta (aunque con montos variables o sujeta a tributación en rentas más altas), se justifica por su eficacia demostrada. Los sistemas focalizados (que solo llegan a los más pobres) suelen ser burocráticamente complejos, lentos en su tramitación y, paradójicamente, tienen un alto índice de no-acceso por parte de las familias que sí cumplen los requisitos. La universalidad asegura la llegada de la ayuda y simplifica drásticamente la gestión.

Aunque el ministro no especificó la cuantía final, hizo referencia a los modelos exitosos de otros países europeos, donde las prestaciones por crianza alcanzan cifras que tienen un impacto real y medible en el presupuesto familiar. Se trata de cubrir una parte sustancial de los costes que implica la crianza, que son, según diversos estudios, la principal barrera económica para tener hijos en España. La prestación está diseñada para ser un complemento directo y regular a los ingresos familiares, asegurando un mínimo de bienestar para cada niño o niña.

Más allá de la lucha contra la pobreza infantil, la prestación tiene un claro componente de género. Al asegurar un ingreso regular ligado al hijo, se contribuye a mejorar la autonomía económica de las mujeres, especialmente en los hogares monoparentales. El ministro destacó que esta medida es un reconocimiento implícito del trabajo de cuidados y una forma de mitigar el riesgo de pobreza que asumen las madres al decidir tener hijos, facilitando su conciliación real con la vida laboral.

La combinación de estas dos políticas —el control de precios en la vivienda para liberar renta disponible de los salarios, y la prestación universal para cubrir los costes de la crianza— conforma la espina dorsal del proyecto de regeneración social del Ministerio, con el objetivo inequívoco de reducir drásticamente la desigualdad y la precariedad en España.

GEOPOLÍTICA DE LA JUSTICIA SOCIAL

El análisis de Bustinduy no se limitó a las fronteras nacionales. Hizo una clara referencia a la geopolítica de la justicia social, situando la expansión de derechos en España en un contexto de ascenso de fuerzas reaccionarias que buscan desmantelar el Estado de Bienestar y erosionar los derechos. Ante este escenario, el ministro sentencia que la defensa de la justicia social, la igualdad y los derechos humanos es el «perímetro» innegociable en torno al cual todas las fuerzas progresistas tienen el deber ético de unirse, aparcar diferencias y trabajar sin descanso. No se puede ceder «ni un paso atrás ni un milímetro» ante los ataques que buscan presentar como falsas las conquistas de la igualdad.

De cara al futuro de la legislatura y la continuidad de la coalición, el ministro se mostró convencido de que la izquierda estará «a la altura» cuando el momento electoral llegue. Sin embargo, el principal desafío no es meramente político, sino de gestión y resultados. Es fundamental que el positivo desempeño de la economía española —el crecimiento del PIB, el récord de empleo— se traduzca de manera real y tangible en el bolsillo y en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Para ello, es indispensable profundizar la agenda de redistribución de la riqueza y, con un sentido autocrítico, solucionar los cuellos de botella burocráticos y administrativos que ralentizan la llegada de las ayudas a las familias y personas que más las necesitan, a menudo creando situaciones de profunda injusticia.