El caso mascarillas de la Diputación de Almería nació de una investigación por narcotráfico en Países Bajos. Así se deduce de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado en el juzgado que instruye la causa de momento contra el ex presidente de la Diputación y del PP provincial, Javier Aureliano García, dos ex vicepresidentes de la misma institución, Óscar Liria y Francisco Giménez, un técnico y el ex alcalde de la localidad de Fines, Rodrigo Sánchez, y su hijo por el supuesto amaño de contratos públicos a cambio de mordidas.
Una instrucción que por cierto ha quedado en suspenso después de que la juez que llevaba el asunto, la titular del Juzgado 1 de Almería, María Belén López, haya solicitado formalmente a la Audiencia Provincial ser apartada del caso por sus vínculos familiares con el ex presidente de la Diputación.
Hay que recordar que varios cargos públicos almerienses están acusados de haber cobrado entre 200 y 400 mil euros por amañar un contrato de 2 millones de euros para la compra de mascarillas FFP2, durante la pandemia de Covid para la Diputación.
Uno de los primeros oficios de la UCO fecha en julio de 2020, al inicio de la investigación, explicaba que «a través de los cauces de cooperación policial internacional se ha recibido inteligencia criminal sobre una supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico, al tráfico de armas, la extorsión y el blanqueo de capitales que quería introducir droga en España a través de la mercantil Andgar».
Pero lo que interesó la apertura de una nueva investigación fue que «uno de los miembros de esta organización (que residiría en la provincia de Barcelona) habría resultado adjudicatario de un contrato de suministro de mascarillas de 2.000.000 euros relacionado con la Diputación de Almería a cambio del cual parece ser que próximamente debería pagar una comisión a un político de esa administración que oscilaría entre 200.000 y 400.000 euros. La comisión se iría a pagar en efectivo y se podría generar mediante una operativa de compraventa de coches de lujo», añadían.
Lo que hizo la UCO en el Caso de las mascarillas de Almería fue comprobar si la información tenía visos de realidad y comprobó si entre todas las adjudicaciones realizadas y se encontró una por 2.036.186,24 euros recibida por Azor Corporate Iberica S.L. Los investigadores también descubrieron que ese contrato, adjudicado el 8 de abril de 2020 llevaba la aprobación de Presidencia de la Diputación.
«Una vez identificado el supuesto contrato al que se haría referencia en la inteligencia criminal, se analizará en los dos siguientes epígrafes el marco normativo aplicable a la adjudicación de este contrato, así como a los elementos básicos del mismo», escribieron los investigadores.
También especificaba la UCO que «el contrato que se está analizando fue tramitado por emergencia y el procedimiento utilizado para la selección del adjudicatario fue el negociado sin publicidad, cauce que, como se ha explicado, agilizaba la contratación del suministro de este material y acortaba los plazos. Sin embargo, la ausencia de obligación de tramitar el expediente de contratación y la posibilidad de contratar libremente el objeto del contrato sin sujetarse a los requisitos formales de la Ley podría haber favorecido la selección discrecional de los adjudicatarios de los contratos. El incremento del riesgo del mal uso de la tramitación de emergencia no es solo un juicio policial (…)».
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
La conclusión fue que «el contrato analizado fue adjudicado por el Presidente de la Diputación –Javier Aureliano Molina– mediante Decreto de 08.04.2020. De acuerdo al Decreto del Presidente de la Diputación, la propuesta de contratación del suministro del material sanitario partiría del Diputado Delegado del Área de Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo, Fernando Giménez Giménez».
El desglose de los dos millones de euros adjudicados fue de 1.999.886,24 euros, correspondiente al material sanitario y el transporte de la mercancía en un vuelo chárter privado, más 36.300 euros, correspondientes a gastos financieros y de gestión. En total eran 500.000 mascarillas FFP-2, 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo.
A los guardias civiles les llamó la atención que «la actividad de la empresa seleccionada nada tenga que ver con el sector sanitario o farmacéutico, sino que aparentemente se dedicaría a la comercialización de mármol (…) circunstancias que generan dudas sobre que la solvencia técnica de esta empresa fuese la más adecuada para materializar este contrato (…). Azor Corporate Ibérica tampoco parece contar con una solvencia económica adecuada a la magnitud del contrato».
