La clase media española, considerada históricamente como el ancla de la estabilidad social y el principal motor de consumo y ahorro del país, atraviesa un periodo de intensa fragilidad. Esta erosión, sentida en los bolsillos y la capacidad de ascenso social de millones de hogares, se ha transformado en el principal campo de batalla político entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ambos partidos reconocen la importancia de este segmento, pero ofrecen soluciones diametralmente opuestas para su rescate, en un pulso que determinará el futuro político de la nación y quien pueda lograr unos resultados electorales que le permitan realizar un gobierno estable del país.
El Partido Popular ha identificado esta debilidad como la herida abierta de la economía española. Su diagnóstico es claro: la clase media sufre un «empobrecimiento silencioso» causado principalmente por la inflación persistente y una presión fiscal que consideran excesiva. Para el PP, el actual Gobierno ha fracasado en proteger a este núcleo, optando por políticas que, según su visión, han beneficiado a los extremos de la distribución de la renta a costa del centro. Citan la pérdida de poder adquisitivo, donde los salarios reales no logran compensar el aumento del coste de la vida, y señalan directamente a la política fiscal, que penaliza a las rentas medias al no deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), obligándoles a tributar más sin un aumento real de su riqueza. Devolver la confianza y la capacidad de ahorro a este segmento es, para el PP, un imperativo político para asegurar su regreso al Gobierno.
Frente a esta visión, el PSOE sitúa la erosión de la clase media no tanto en la presión fiscal como en la falta de poder adquisitivo base y la carestía de servicios esenciales. Para los socialistas, la solución pasa por reforzar el estado del bienestar y la intervención protectora en el mercado. El PSOE argumenta que la mejor forma de aliviar a las rentas medias y bajas es garantizando un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fuerte y limitando los precios de bienes básicos. Su enfoque es la progresividad fiscal, exigiendo un mayor esfuerzo a las grandes fortunas y a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas a través de impuestos temporales, para así obtener los recursos necesarios y financiar los servicios públicos que alivian la economía familiar.
DOS PROPUESTAS DE RESCATE
Las propuestas de ambos partidos para revitalizar a la clase media se articulan en torno a ejes similares —fiscalidad, empleo y vivienda— pero desde enfoques ideológicos muy distintos.
El PP propone una Reforma Fiscal Dirigida cuyo pilar central es la deflactación del IRPF. Esta medida técnica busca evitar que la inflación obligue a los contribuyentes a saltar a tramos impositivos más altos sin haber mejorado su renta real, un fenómeno al que llaman «progresividad en frío«. Complementan esta acción con una rebaja en los tramos intermedios del IRPF, especialmente para las rentas inferiores a 40.000 euros, y con incentivos fiscales al ahorro. En materia de vivienda, su foco está en la oferta y en la seguridad jurídica, proponiendo una deducción fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que decidan sacar sus viviendas al mercado de alquiler, buscando reducir la presión sobre los precios.
El PSOE, en cambio, centra su plan en la Protección Social y la Garantía de Rentas. En fiscalidad, si bien se compromete a no subir impuestos a la clase media, su esfuerzo se dirige a mejorar los incentivos por hijo y por dependencia en el IRPF, y a consolidar la subida del SMI como mecanismo protector. En vivienda, la clave es la ampliación del parque público de alquiler con la construcción de un gran número de viviendas, y la creación de una cuenta de ahorro bonificada para ayudar a los jóvenes a acceder a la primera vivienda. En esencia, donde el PP propone bajar la carga impositiva, el PSOE propone aumentar el apoyo y los salarios, manteniendo una fiscalidad más exigente para las rentas altas como fuente de financiación.
VOTO ESTRATÉGICO
La batalla por la clase media trasciende la mera gestión económica. Este segmento social representa el centro sociológico y el voto bisagra que históricamente ha decidido las elecciones en España. Es un grupo pragmático, propenso a castigar la inestabilidad y que vota en función de su percepción de la gestión económica y la promesa de un futuro predecible para sus familias. Todo esto en una sociedad cada vez más polarizada que hace difícil una gobernabilidad estable y a veces común.
Para el PP, reconquistar este electorado es fundamental para recuperar el «centro perdido» y frenar la polarización, erigiéndose como el partido de la gestión responsable. Al vincular el bienestar familiar con su proyecto de rebajas fiscales y estabilidad, buscan unificar un gran bloque de centro-derecha.
Para el PSOE, mantener la confianza de esta clase pasa por demostrar que el Estado del Bienestar es el escudo más eficaz contra la precariedad global. Su éxito reside en convencer a la clase media de que sus políticas de subida salarial y garantía de servicios públicos son el camino más seguro para mantener el nivel de vida, contrarrestando la promesa de alivio fiscal directo del PP con la promesa de una red de seguridad más robusta.
La clase media no es solo un indicador económico, sino parte importante de la estrategia electoral de los dos grandes partidos. La diferencia radica en si se les alivia desde la reducción del gasto público y los impuestos (PP), o desde la mejora de las rentas y la expansión de los servicios públicos (PSOE). El partido que logre ofrecer una solución creíble y duradera a la erosión de este segmento, asegurando la vuelta al ascenso social, será el que, con toda probabilidad, defina el próximo ciclo político en España, ya sea con un Ejecutivo central o desde las Comunidades y municipios.
