El PSOE presentó el pasado 28 de noviembre un escrito de aclaración en el juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que investiga las cuentas del partido de Pedro Sánchez. En el mismo, dentro de la pieza separada número 9, se pide una «aclaración» al juez instructor Ismael Moreno, que el 26 de noviembre había dictado una providencia para que el PSOE depositase sus cuentas en el Juzgado tras descubrir la UCO que tanto Ábalos como Koldo García recibieron pagos en metálico del partido. Pide aclarar si la orden es sólo para los investigados o también «se estarían reclamando al Partido los justificantes de todos los gastos adelantados a favor del Partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios».
El abogado del partido pregunta ahora en la Audiencia si la orden se refiere a la «relación de pagos en metálico y documentos en que se soportan durante el periodo 2017-2024 vinculados, directa o indirectamente, a las personas investigadas tanto en la Causa Especial (Supremo) como en el presente procedimiento; esto es, la integridad de los pagos que afectan a las personas investigadas y al equipo de la Secretaría de Organización del PSOE en el periodo referido». Es decir, solo a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García y no a otras personas, como el Secretario General y principal responsable del partido, Pedro Sánchez y otros altos cargos.
El PSOE alega que no quiere que las cuentas del partido acaben en los archivos del Partido Popular (PP), Vox y «nada menos» la asociación Hazte Oír, que ejercen algunas de las acusaciones populares en el Caso Koldo. Además, alega que en caso de tener que hacerlo, se abra una pieza secreta para impedir que la información sea trasladada al resto de las partes personadas en la causa.
El día 26 la Audiencia Nacional daba diez días de plazo para que el PSOE facilitase en diez días hábiles, hasta el 11 de diciembre, la «relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el período de 2017 hasta el 2024».
El juez quiere saber si los famosos 90.000 euros que la empresaria Carmen Pano aseguró haber entregado en la sede nacional del partido en la calle Ferraz tuvieron asiento contable o no. Este dato es de gran interés para la investigación puesto que supondrían la confirmación de que Aldama pagó al PSOE y no solo a Ábalos y Koldo por obtener un trato de favor en los negocios.
El abogado del PSOE, Alberto Cachinero, fundamenta su petición en que «el interés de mi mandante (PSOE) al ejercer la acusación es tanto más evidente en este momento, cuando la Fiscalía advierte indicios de un “posible desfalco cometido contra el Partido” (escrito de 24 de noviembre de 2025). En esta línea, dejando constancia de nuestro compromiso ante la Justicia y continuando con una actuación procesal escrupulosa, aportaremos al Juzgado la documentación objeto de un requerimiento que, al entender de esta parte, precisa de una aclaración».
EL PSOE DICE QUE HA PODIDO SUFRIR DESFALCO
Hay que recordar que PSOE ejerce la acusación popular en una causa en la que puede acabar investigado por delitos fiscales. Por esa contradicción el resto de acusaciones populares pidieron en varias ocasiones la expulsión del partido como acusación, pero de momento la Audiencia y el Tribunal Supremo han descartado esta posibilidad.
La fiscalía de la Audiencia pidió abrir una pieza separada tras el testimonio del ex gerente del partido y una secretaria, ya que «los hechos expuestos en la indicada resolución judicial exigen su investigación a fin de despejar las incógnitas existentes, las cuales tienen especial trascendencia en tanto que tienen relación con personas investigadas tanto en la Causa Especial como en el presente procedimiento».
El PSOE entiende que la petición de las cuentas responde a la apertura de esta pieza separada «incoada a raíz de ciertos indicios de que ‘personas investigadas tanto en la Causa Especial como en el presente procedimiento’ pudieran haber incurrido en un delito de blanqueo de capitales o, en su caso, haber desfalcado al Partido Socialista».
Pero la aclaración pedida se refiere a la «relación de pagos en metálico y documentos en que se soportan durante el periodo 2017-2024 vinculados, directa o indirectamente, a las personas investigadas tanto en la Causa Especial (Supremo) como en el presente procedimiento; esto es, la integridad de los pagos que afectan a las personas investigadas y al equipo de la Secretaría de Organización del PSOE en el periodo referido. Al no incluirse esta concreción en el requerimiento -que, como decimos, se infiere de la razón que motiva la diligencia-, solicitamos respetuosamente que se nos aclare el alcance de lo requerido».
Es decir, que el PSOE pregunta si las cuentas que pide el juez Ismael Moreno son todas o solo unas pocas. Eso sí, reiteran para que no haya dudas que «esta parte cumplirá con la Justicia y aportará en todo caso la documentación requerida, máxime en el interés añadido de ser la entidad supuestamente perjudicada con los hechos investigados, se nos permitirá dejar constancia de las graves derivaciones –jurídicas, procesales, personales y de protección de datos- que tendría la aportación a la causa de todos los pagos realizados en metálico a todas las personas durante todo el período cuestionado; adviértase que, con ello, se estarían reclamando al Partido los justificantes de todos los gastos adelantados a favor del Partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios».
El PSOE alega que la contención de la causa no se mantendría porque se iniciaría una investigación «prospectiva y carente de justificación», que también afectaría al deber de protección de datos, ya que «en los ocho años a que se extiende el requerimiento judicial, han sido innumerables los cargos, los/las trabajadores/as, afiliados/as, simpatizantes o simplemente voluntarios que han colaborado adelantando al Partido gastos que luego les fueron compensados. Entregando toda esta información, de forma acrítica y sin motivación material, mi mandante estaría vulnerando su deber de confidencialidad y custodia de datos».
La protesta se extiende a que «no hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del Partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de VOX y de Hazte Oir, nada menos».
La tercera alegación es que «un requerimiento semejante infringiría el derecho de la libertad ideológica, que incluye el derecho a no declarar sobre la ideología, religión o creencias (art 16.2 C.E.) y el derecho, derivado del anterior, a no declarar la pertenencia a una asociación legalmente constituida».
PREGUNTAN SI LOS DATOS SON DE TODOS LOS CARGOS O SOLO DE UNOS POCOS
Por todo ello, el PSOE solicita al Juzgado que «acuerde, por las razones expuestas, aclarar si el requerimiento a mi mandante se dirige a facilitar relación de pagos en metálico y documento en que los que se soportan durante el periodo 2017-2024 vinculados, directa o indirectamente, a las personas investigadas tanto en la Causa Especial como en el presente procedimiento, como se deduciría de lo actuado o, por el contrario, se extiende a la presentación de la relación de pagos en metálico durante el periodo 2017-2024 a todas las personas -cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios- que realizaron pagos en nombre del PSOE, junto con la aportación de toda la documentación justificativa de tales gastos».
Además, si la Audiencia decidiera que su petición es extensiva a todos los gastos y no solo a los de Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, pide el PSOE que se «acuerde la formación de una Pieza Separada Secreta para el tratamiento de la documentación que será aportada».
«HONDA PREOCUPACIÓN» EN EL PSOE
Finalmente el abogado del partido reitera el interés del PSOE en colaborar pero también la «honda preocupación» de que «información sensible de su funcionamiento interno y los datos de las personas afectadas llegue a trascender a terceros. Esta legítima preocupación alcanza, en primer lugar, a la entrega de la documentación al resto de partes personadas: no se escapa a nadie la gravísima afectación que resultaría de la entrega a otros partidos políticos -incluyendo entidades de extrema derecha- de datos legítimamente reservados que afectan irremisiblemente a la gestión, organización y estrategia política de mi mandante».
El PSOE cree que «entregar a partidos de la oposición los justificantes de gastos de viajes, traslados, alojamientos y actividades en general de los dirigentes y afiliados del Partido durante ocho años no tiene justificación alguna; no ayudará al esclarecimiento de los hechos y sí, por el contrario, convertirá este procedimiento en un instrumento en manos de estos partidos para obtener documentación interna del oponente, información reservada y, con ello, hacer una posible utilización política de tal información».
Por todo ello, «en la hipótesis de que mi mandante (PSOE) se vea compelido a aportar la documentación íntegra de todos los gastos que hayan sido compensados en metálico desde 2017 a 2024, solicitamos al amparo del art. 302 L.E.Cr., en relación con los art. 16 y 18 C.E., que se acuerde la apertura de una Pieza Separada Secreta en la cual se uniría la documentación reservada que esta parte presentaría y donde habría de gestionarse su tratamiento procesal, incluyendo su debido escrutinio por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil».
