La Policía Nacional detenía este martes a ocho personas relacionadas con la empresa de Hidrocarburos Biomar Oil, por orden del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. La empresa está acusada de un presunto fraude a la Hacienda pública por valor de 280 millones de euros, además de organización criminal y blanqueo de capitales. Lo curioso de la situación es que los responsables de la empresa se querellaron por prevaricación administrativa en junio de 2024 contra José Luis Cabo, subdirector General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, cargo que depende de la Secretaria de Estado de Energía, a su vez dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco). Además, Biomar está administrada concursalmente desde el 27 de junio de 2024.
El juez instructor, Antonio Piña, acordaba este mismo martes, además de las 8 detenciones, un total nueve entradas y registros en empresas y domicilios. Cinco de los detenidos fueron puestos en libertad y otros tres pasaron a disposición judicial quedando luego en libertad con la imposición de medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de acudir a firmar al juzgado cada cierto tiempo, pero sin fianza económica.
La empresa fue inhabilitada el 31 de mayo de 2024 por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para ejercer de operador de productos petrolíferos por presuntamente haber incumplido las obligaciones para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. Hasta esta inhabilitación en España operaban un total de 77 empresas de hidrocarburos, cuyo negocio consiste en comprar carburantes al por mayor y venderlos a gasolineras.
Antes de presentar la querella, el 7 de junio de 2024, Biomar presentó alegaciones detallando múltiples errores en la resolución firmada por Cabo, como «falta de rigor en el cálculo de certificados», «no contabilización de los combustibles gestionados por Exolum», «fallos técnicos en el sistema de gestión de certificados», «falta de seguridad jurídica» y «errores y omisiones en el proceso administrativo».
La cuestión es que, según explicaba la empresa en su querella, «dicha resolución, firmada por D. José Luis Cabo Sánchez, establece que Biomar Oil SL debe abonar la cantidad de 218.283.762 euros en concepto de pago compensatorio antes del 1 de julio de 2024, mediante el impreso 069″. Sin embargo, la empresa sostenía que había presentado toda la documentación en día y forma pero que el ministerio pero que un fallo informático en la Sistema de Certificación de Biocarburantes (Sicbios) había provocado el borrado de esos datos. En concreto, los datos borrados correspondían a las certificaciones bio, necesarias para continuar operando en el mercado de hidrocarburos con el necesario permiso ministerial.
Todas las empresas operadoras de hidrocarburos están obligadas a sumar una parte de combustibles de origen renovable a su producto final. El peso de estos combustibles bio debe alcanzar, al menos, un 10,5% de las ventas totales. Con esto se pretende cumplir los objetivos europeos de consumo de energía verde en el transporte y, por tanto, de mejora de la atmósfera.
El último año que Biomar presentó cuentas, en 2022, reflejaba ventas por valor de 1.069 millones de euros. Sólo había llegado el año antes, en 2021, pero se especializó en la venta a minoristas, en concreto unas 2.500 gasolineras low cost eran clientas suyas. Biomar Oil compraba combustible refinado fuera de España y lo traía por barco para después venderlo.
ERROR EN LA PLATAFORMA DE HIDROCARBUROS
El Miteco admitió que efectivamente había existido un error en esa plataforma durante un breve espacio de tiempo y dio 72 horas más a Biomar para que cumpliese lo pedido. «Efectivamente nos vimos obligados a realizar una posterior subida de información que se realizó fuera de plazo pero con el beneplácito del Ministerio, ya que ellos fueron los responsables de la eliminación de la información. Para acreditar que fue el propio ministerio quien eliminó la información (damos por hecho que de forma involuntaria) adjuntamos correos electrónicos como documento número 2 y 2 bis», según recogía la querella.
Esa querella se dirigía contra el subdirector del Miteco por ser el firmante de esa inhabilitación. La denuncia cayó en el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid, que tras tomar declaración al querellante y al querellado decidió archivar la causa. El archivo fue recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid sin que hasta el momento se haya pronunciado al respecto.
Según la lista de morosos difundida por la Agencia Tributaria en junio de este año 2025, Biomar Oil acumulaba una deuda de 119,1 millones de euros con Hacienda. La pérdida de la licencia provocó la ruina económica de Biomar, que fue intervenida por el juzgado de lo mercantil número 10 de Barcelona por un auto de 27 de junio de 2024 que declaraba el «concurso necesario de la sociedad».
Es decir, que lleva año y medio intervenida judicialmente, con lo cual durante este periodo ninguno de los anteriores dueños, detenidos ahora, tendría responsabilidad alguna si los hechos de los que se les acusa se hubieran producido durante ese periodo.
Además, extrañamente la operación fue ejecutada por la UDEF de Policía Nacional, cuando todas las operaciones anteriores relacionadas con hidrocarburos más conocidas o importantes fueron realizadas por la UCO de la Guardia Civil, como el Caso Hidrocarburos, Gaslow, Drake o Quione.
La pelea de Biomar no se quedó en el ámbito penal, sino que acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que éste preguntase al Miteco el origen de la sanción de 218 millones que les imponían en la resolución. El TSJM solicitó esta información en cinco ocasiones al Miteco, amenazando incluso con multar a los funcionarios que no atendían los requerimientos. Pero fue un fracaso, nunca hubo respuesta y el TSJM sobreseyó la causa de Biomar.
