El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, utilizó el marco del XXIII Congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Toledo para desgranar un ambicioso y firme plan en materia de seguridad y justicia, destacando como medida central la extensión de la prisión permanente revisable a depredadores sexuales y violadores reincidentes.
Su discurso no solo abordó el incremento de la criminalidad, sino que también incluyó una severa crítica a la gestión gubernamental de la violencia machista, advirtiendo con contundencia: «No puede defender a las mujeres quien las abandona.» En clara referencia al tema del fallo de las pulseras antimaltrato del Ministerio de igualdad que dirige Ana Redondo, y sobre todo, en alusión al fallo que tuvo Irene Montero y su fallos en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del «solo sí es sí», que supusieron rebajas de penas para algunos agresores sexuales.
La propuesta de endurecimiento penal surge como respuesta directa al «incremento histórico» de las agresiones sexuales, con las violaciones creciendo un alarmante 217%, y con el dato de que uno de cada cuatro agresores sexuales es reincidente. Feijóo argumentó que la sociedad debe plantearse este debate ante la evidencia de que las penas actuales no están siendo suficientemente disuasorias. Por ello, instó al agravamiento y cumplimiento efectivo de las penas, considerando que la extensión de la prisión permanente revisable para los casos más graves de reincidencia sexual es una necesidad imperiosa para proteger a la sociedad. Enfatizó que la situación actual demuestra la necesidad de «nuevas normas que reviertan el fracaso de la ley del Solo sí es sí» y que establezcan mecanismos para evitar «errores tan graves como las de estos meses,» en clara alusión a las polémicas liberaciones y la gestión de las pulseras antimaltrato.
SEGURIDAD PARA LAS MUJERES
El líder de la oposición vinculó la seguridad de las mujeres con una absoluta coherencia política. Criticó duramente al Partido Socialista por, supuestamente, archivar denuncias internas de acoso, enviando un «mensaje devastador» a la ciudadanía. «Cuando una organización decide archivar denuncias internas de acoso, no actúa con la diligencia debida ante comportamientos inaceptables o cuando pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía un mensaje devastador. No puede proclamarse defensor de las mujeres quien las ha abandonado en su propia casa,” sentenció, elevando el tono de su discurso.
Además, Feijóo reclamó que la protección de las víctimas de violencia machista se centralice bajo la competencia del Ministerio del Interior. Calificó como una «auténtica vergüenza» las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, que mencionó a la Policía y la Guardia Civil como la «primera barrera» que se encuentran las víctimas. El presidente del PP rebatió este concepto, afirmando que «las barreras y la desconfianza las han puesto las políticas de este Gobierno por su declaraciones y legislaciones irresponsables.» En contraste, reivindicó que «la Policía es la primera garantía de la seguridad de las víctimas,» y en muchos casos, «el primer abrazo o el primer hombro en el que pueden llorar muchas de ellas.»
AUMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
La inseguridad ciudadana fue abordada como un problema de índole nacional que requiere una «estrategia integral mucho más ambiciosa,» especialmente cuando la mitad de los españoles y el 60% de los jóvenes perciben que la seguridad está empeorando. En este marco, el presidente del PP adquirió diez compromisos prioritarios, siendo la lucha contra la multirreincidencia uno de los pilares.
Feijóo calificó la multirreincidencia como uno de los puntos «más vulnerables» del sistema y consideró «incomprensible» que la Ley de Multirreincidencia propuesta por el PP siga bloqueada en el Congreso a pesar de contar con los votos necesarios. Para combatirla eficazmente, su plan contempla que el valor de lo hurtado no sea excluyente cuando existan antecedentes, el endurecimiento de penas por acumulación de delitos leves, la aplicación de prisión provisional ante el riesgo evidente de reincidencia, la celebración de juicios rápidos con acumulación de causas para estos supuestos y la expulsión inmediata de extranjeros reincidentes.
En el ámbito de la criminalidad organizada, el líder popular hizo hincapié en que «los jóvenes no pueden ser tratados como mercancía» para que los adultos eviten las consecuencias de sus actos. Propuso la creación de un protocolo específico para evitar el uso instrumental de menores, actuando con mayor intensidad contra la captación de estos para actividades delictivas. Además, sostuvo la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, asfixiándolo económicamente, blindando al Estado frente a la infiltración y dotando de mayor protección a quienes colaboran desde dentro para desarticular estas organizaciones criminales.
Con la cibercriminalidad representando ya el 19% de los delitos, Feijóo planteó mejorar la legislación, la concienciación social y la cooperación con las empresas tecnológicas, dado que son delitos con especial incidencia en los jóvenes (a través de coacciones y amenazas) y en los mayores (mediante estafas y fraudes).
DIEZ PROPUESTAS PARA BLINDAR LA SEGURIDAD NACIONAL
El plan del PP incluye compromisos directos con las fuerzas del orden y la seguridad territorial. El presidente se comprometió a desbloquear la ley antiokupas con desalojo en 48 horas, considerando esta una «prioridad para los ciudadanos.» Para controlar el uso creciente de armas blancas, propuso agravar las penas con un sistema de sanciones progresivas, poner freno a la acumulación desproporcionada de estos utensilios y perseguir a las plataformas que permitan compras sin verificación de edad, identidad o trazabilidad. En cuanto a los agentes policiales, asumió el compromiso de velar por su seguridad y sus condiciones laborales, prometiendo el desbloqueo del reconocimiento de profesión de riesgo y jubilación anticipada, la actualización de dietas y el avance hacia la equiparación salarial, reforzando a su vez el principio de autoridad.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, concretó su visión en materia de seguridad y justicia durante el XXIII Congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Toledo, condensando su estrategia en diez compromisos que buscan un giro punitivo para revertir la creciente sensación de inseguridad entre los ciudadanos y reformar el sistema judicial.
La propuesta más significativa y que marca el tono de esta agenda es la extensión de la prisión permanente revisable. Feijóo aboga por agravar las penas y aplicar esta medida de máximo rigor a los depredadores sexuales y violadores reincidentes, una respuesta directa al alarmante incremento de agresiones sexuales que registra el país. En línea con este endurecimiento penal, el presidente popular impulsa la Ley contra la Multirreincidencia, reclamando su desbloqueo y aprobación inmediata para castigar con mayor contundencia la acumulación de delitos leves y asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas.
En el ámbito territorial, la lucha contra la ocupación ilegal se prioriza con la Ley Antiokupas Inmediata. El compromiso es claro: desbloquear y sacar adelante la propuesta del PP que permita el desalojo de inmuebles en un plazo de 48 horas, atendiendo a una demanda social calificada como urgente. De forma paralela, la seguridad en la calle exige el agravamiento de las penas y la imposición de un sistema de sanciones progresivas para la persecución del uso de armas blancas, incluyendo la limitación estricta de su adquisición y la persecución de las plataformas online que facilitan su venta sin las debidas verificaciones de edad o identidad.
La estrategia de Feijóo no solo se enfoca en el castigo, sino también en la prevención y la especialización. En este sentido, el líder popular plantea la necesidad de una Estrategia Integral Ambiciosa de seguridad nacional que vaya más allá de las medidas puntuales, abordando de forma estructural la percepción de inseguridad ciudadana. Además, se pondrá el foco en la Lucha Reforzada contra el Crimen Organizado, proponiendo el asfixio económico de las redes criminales, el blindaje del Estado contra su infiltración y la protección específica de los colaboradores internos que faciliten su desarticulación.
Ante las nuevas amenazas, se propone una Mejora en la Lucha contra la Cibercriminalidad, impulsando una legislación actualizada, mayor concienciación social y una cooperación más estrecha con las empresas tecnológicas para combatir los delitos informáticos, que afectan de manera particular a los más jóvenes y a las personas mayores. En el delicado ámbito de la infancia, se establece un Protocolo de Protección de Menores específico para combatir la captación de niños y adolescentes en actividades delictivas, evitando su instrumentalización por parte de adultos.
Finalmente, y reconociendo el papel esencial de las fuerzas del orden, el plan de Feijóo incluye compromisos directos con los agentes. El décimo punto se centra en el Reconocimiento y la Mejora para los Agentes, prometiendo avanzar en la equiparación salarial, conseguir el reconocimiento de la profesión de riesgo y facilitar la jubilación anticipada para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, buscando dignificar su labor. Esta batería de diez medidas configura una hoja de ruta con un marcado carácter punitivo y de protección, diseñada para ofrecer a los españoles un sistema de seguridad y justicia percibido como más duro y efectivo.
