El colectivo de funcionarios Manos Limpias se quedó sin representación legal en la causa Begoña Gómez el pasado 27 de noviembre cuando el que era hasta entonces su abogado, Carlos Perales, decidió abandonar esta representación mediante un burofax enviado a esta organización tres días antes. La cuestión es que el día 24 de noviembre la asociación no había depositado la fianza necesaria para continuar personado en la causa contra Begoña Gómez hasta que contrató a un nuevo bufete de abogados, en concreto a Antonio Lechuga Carreira e Inmaculada Yáñez Climent del despacho «Soriano i Piqueras».
El abogado Carlos Perales hizo pública su renuncia el día 24 de noviembre y el día 26 el juez Peinado dictaba una providencia apartando a Manos Limpias del proceso por no hacer frente a la fianza requerida. El abogado renunciaba vía burofax a representar al colectivo de funcionarios en la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, alegando que el «encargo jurídico» inicial «de naturaleza estrictamente técnica» ha ido «transformándose» en un asunto «cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática. Sin embargo, desde Manos Limpias aseguran que nunca recibieron ese burofax y por tanto, no tenían conocimiento de esa falta de representación legal.
DENUNCIA A BEGOÑA GÓMEZ
«En el transcurso de los acontecimientos, se ha podido observar cómo las decisiones estratégicas en torno al litigio ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico», explicaba el abogado.
La causa se inició en abril de 2024 a raíz, precisamente, de la denuncia que presentó Manos Limpias, en la que se acusaba a Begoña Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés.
En el escrito de renuncia, el abogado explicaba que su decisión «no ha sido tomada a la ligera», sino que «responde a un análisis sosegado y a la constatación de que concurren circunstancias que hacen inviable mantener una defensa técnica eficaz y plenamente coherente con los estándares de calidad, independencia y rigor jurídico que inspiran el ejercicio profesional de este despacho».
«Lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica, orientado a la correcta interpretación y aplicación del Derecho, con el objetivo de obtener una resolución judicial fundada en la verdad material y en el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática», concluía Perales.
En su renuncia el anterior letrado de Manos Limpias entendía que «mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal, supondría para este despacho quebrantar el mandato profesional asumido y diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso».
El colectivo de funcionarios, tras quedarse sin abogado, decidía personarse con los nuevos nada más conocer que iba a ser expulsado del procedimiento y eligieron este nuevo bufete porque ya habían representado a alguna de las acusaciones populares en el Caso del Fiscal General del Estado.
El 27 de noviembre se cerraba la polémica con una providencia del juez Peinado que recogía que «habiéndose consignado el importe requerido para ser parte, se condiciona su personación a que presente escritura de poder para pleitos o el correspondiente apoderamiento del citado colectivo en favor de la procuradora, toda vez que con el escrito únicamente se aporta escritura de representación. Indicando igualmente que su personación se agrupa en las acusaciones populares unificadas, cuya dirección procesal recae en la representación procesal de la Asociación HazteOir.org».
