La Seguridad Social en España, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), está viviendo los últimos años un fenómeno que va al alza: el aumento de las altas laborales forzosas y la reticencia administrativa a reconocer la incapacidad permanente. Lo que a simple vista parece una gestión de bajas médicas se ha convertido, según el testimonio recogido de un funcionario del INSS, en un auténtico laberinto burocrático que presuntamente estrangula financieramente y emocionalmente a miles de trabajadores con graves problemas de salud.

El relato es demoledor. Muchos medios han informado sobre el aumento de las bajas laborales, pero la otra cara de la moneda es una gestión administrativa que parece diseñada para desgastar al enfermo. Un trabajador que lleva más de un año de baja, y que legalmente podría acceder a la incapacidad permanente, se ve forzado a mantenerse en una «incapacidad temporal» prolongada y sin cotizar, un peligro para su salud y un daño para su economía personal en muchas situaciones.

Según relata este funcionario, supuestamente el INSS le obliga a esperar la consulta del médico inspector, acumulando el tiempo de baja sin cotizar y sin posibilidad de trabajar, quedando en un limbo. Esta parálisis no solo afecta su presuntamente a su capacidad de cotización, sino que lo mantiene en un estado de vulnerabilidad, pues no puede buscar otro empleo al estar, legalmente, incapacitado para el suyo. El trabajador, a la postre, se ve obligado a aguantar, con la esperanza de que el INSS, finalmente, «se digne a actuar y le conceda lo que le corresponde», relata el funcionario consultado.

La visita presencial al médico del INSS, es el punto de inflexión donde se decide el futuro del enfermo, es descrita por el testimonio de este funcionario como una escena desigual. «El médico del INSS ocupa un lugar privilegiado, con la agenda en la mano, mientras que el paciente, si no es citado, debe esperar a que le llegue el turno por vía telefónica». Todo esto bajo un ritmo frenético; «se tramitan expedientes de incapacidad en una sola jornada, en una especie de cadena de montaje de la enfermedad», explica esta misma fuente.

Una situación, en el que el problema de fondo es la asimetría de poder y la falta de transparencia. El trabajador no tiene acceso a la información completa de su expediente y, a menudo, ni siquiera recibe una carta formal que le indique la decisión, enterándose de su suerte por canales informales o por el silencio administrativo, remata el funcionario consultado.

EL TRIBUNAL MÉDICO: UN PROCESO EXPRESS

Cuando el INSS deniega la incapacidad, el caso se eleva a la instancia que se conoce popularmente como el «Tribunal Médico» o  Equipo de Valoración de Incapacidades, el único lugar donde se puede conceder la incapacidad permanente con derecho a pensión. Pero este tribunal es, en sí mismo, otra prueba de fuego para los enfermos, agrega la fuente.

Según el Real Decreto 1300/1995, este Equipo de Valoración (EVI) debería estar compuesto por dos facultativos del INSS, un médico del Servicio Público de Salud y un inspector de Trabajo. Sin embargo, la práctica habitual es que solo se encuentren presentes dos personas, un médico del INSS y el médico de Trabajo, supuestamente indica la fuente consultada por este medio.

Al fina de todo este proceso, por desgracia, «la decisión de la incapacidad es un juego de equilibrios donde el trabajador, que es quien paga las pensiones, se enfrenta a dos empleados del INSS, que son quienes deben denegar las incapacidades que la institución no puede o no quiere pagar», relata. La legislación establece que el dictamen final sobre la incapacidad requiere la firma de los dos médicos y el inspector de trabajo, garantizando un equilibrio que, al parecer, rara vez se cumple. La balanza está inclinada presuntamente desde el inicio.

CIEN EXPEDIENTE EN SIETE HORAS

En referencia a esto, la velocidad con la que se toman decisiones es otro de los puntos más inquietantes del proceso. La capacidad de resolución del Equipo de Valoración de Incapacidades es de cien expedientes por jornada (siete horas), declara la fuente del INSS.

Esto quiere decir que se dedican apenas 4,2 minutos a cada expediente, un tiempo irrisorio para tomar una decisión que puede ser vital para el futuro económico del trabajador. La decisión sobre una incapacidad permanente puede tomarse, literalmente, en cuatro minutos, con el médico del INSS presionando para no conceder pensiones. Tras este proceso express, el director provincial del INSS refrenda la decisión, delegando la responsabilidad de la negativa, explica el funcionario.

TRAS EL RECHAZO: EL CAMINO A LA JUSTICIA

Con todo esto el trabajador que recibe la negativa, a menudo con una carta de alta laboral informándole de que ya no está enfermo (estando, de hecho, gravemente enfermo), se ve abandonado a su suerte, según las pesquisas realizadas por este medio. El sistema parece castigar al que pregunta. Un trabajador que lleva más de un año de baja, a quien el INSS ni siquiera ha citado, recibe la negativa y la alta, viéndose obligado a recurrir a la vía judicial si no está de acuerdo.

Esta decisión obliga al trabajador a enfrentarse al INSS en el juzgado, donde la administración, según las voces críticas, pierde la mayoría de las veces. Esto implica que los propios jueces acaban dando la razón al trabajador, confirmando la mala praxis inicial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en bastantes ocasiones.

La sensación entre los afectados es de profundo malestar. Los trabajadores enfermos se sienten «vendidos» y el ambiente entre los propios funcionarios del INSS es hostil, marcado por prisas y presiones constantes. La necesidad de cumplir con los “concursos de traslados” para huir de estas condiciones laborales está haciendo que todo el engranaje del INSS se desmorone. La gestión de las incapacidades en España es, hoy, un claro ejemplo de cómo la burocracia puede dejar en la cuneta a quienes más necesitan la protección social del Estado.