El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, alzó la voz desde Don Benito, Extremadura, para lanzar una durísima ofensiva contra el PSOE, al que no dudó en calificar de «partido peligroso para las mujeres» a raíz del llamado «caso Salazar». El líder popular censuró con contundencia la supuesta «doble moral y la hipocresía» del feminismo socialista que, a su juicio, lejos de frenar, «se sigue manifestando en todo su esplendor» ante las denuncias de militantes sobre presunto acoso sexual por parte del exlíder de Juventudes Socialistas de Extremadura, Paco Salazar.

Feijóo confesó sentir «vergüenza» ante el intento del PSOE de «dar carpetazo y mirar para otro lado» a estas denuncias internas, sosteniendo que «toda la política feminista del PSOE se ha desmoronado». Para el presidente del PP, afirmar que «uno es feminista porque es socialista es un sarcasmo». Asimismo, cuestionó severamente la postura de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, instándoles a responder si están «mirando para otro lado o aceptando ese tipo de agresores sexuales». «De verdad que me avergüenzo de esta situación», lamentó.

En referencia a esto, el PSOE afronta una seria crisis de credibilidad y un profundo malestar interno derivado de su manejo de las denuncias de acoso sexual contra el ex alto cargo Francisco Salazar. A pesar de las acciones iniciales, la gestión posterior del caso ha provocado una «rebelión» de las responsables de Igualdad del partido, quienes exigen mayor transparencia y diligencia.

Cuando las denuncias surgieron en julio de 2025, el PSOE actuó con celeridad en la esfera política: Salazar renunció a su puesto en la Ejecutiva Federal, dimitió de sus cargos en la Moncloa y el Gobierno procedió a su cese oficial. Simultáneamente, el partido activó su protocolo antiacoso y abrió un expediente interno de investigación que, según Ferraz, se mantiene formalmente en marcha a pesar de que Salazar solicitó la baja como militante del partido tras su salida de los cargos.

Sin embargo, el proceso se estancó y la presión aumentó tras la publicación de nuevos y detallados testimonios de las denunciantes. Ante la reactivación del caso, la dirección socialista se ha visto forzada a una autocrítica. La secretaria federal de Igualdad, Pilar Bernabé, admitió públicamente que la gestión no fue tan «diligente» como debería y que el partido «no actuó con la diligencia debida». Este reconocimiento se ha producido meses después de los hechos, alimentando el enfado de las bases.

La tensión se disparó aún más con un controvertido incidente informático, cuando la información de las denuncias desapareció temporalmente de la plataforma digital interna. Aunque Ferraz achacó el suceso a un «error subsanable» en el sistema de anonimización, las voces críticas lo interpretaron como un grave síntoma de falta de transparencia. Fue solo tras meses de silencio que las denunciantes recibieron una primera comunicación formal informándoles de la admisión a trámite de su expediente.

RESPONSABLES DE IGUALDAD EXIGEN QUE EL CASO VAYA A LA FISCALÍA

El mayor foco de conflicto reside en el malestar interno de las secretarias y portavoces de Igualdad, tanto a nivel federal como territorial. Este sector critica abiertamente la «pobre reacción» y la «falta de transparencia» de la cúpula, llegando a cuestionar la eficacia del propio protocolo antiacoso del partido.

Ante la creciente indignación, Ferraz convocó una reunión de urgencia para intentar dar explicaciones, donde el enfado por la falta de comunicación con las víctimas se expresó de forma contundente. La demanda más significativa, planteada por varias responsables regionales, es que los datos de la investigación sean remitidos directamente a la Fiscalía. Las críticas argumentan que, dado el contenido de las denuncias (que incluyen lenguaje hipersexualizado y gestos obscenos), el caso podría requerir la intervención de la Justicia, una medida que, de momento, la dirección del PSOE no ha confirmado.

En resumen, la investigación contra Salazar sigue formalmente abierta, pero está marcada por la admisión de errores en la gestión y el fuerte cuestionamiento interno de sus propias responsables de Igualdad, quienes exigen mayor celeridad y que el asunto se traslade a la jurisdicción ordinaria. Por el momento, la documentación a la Fiscalía, a pesar de las exigencias de sus propias responsables de Igualdad y de figuras destacadas del partido como Adriana Lastra. La postura oficial del PSOE pasa por agotar la vía interna antes de considerar la vía judicial, una decisión que choca frontalmente con la presión y la «indignación» de un sector significativo de sus cuadros de Igualdad, quienes consideran que el partido ha de mostrar mayor contundencia y asegurar la reparación de las víctimas.