El Caso PCR Canarias por la compra de 48.000 unidades de test para hacer pruebas de PCR por parte de la consejería de Sanidad canaria ha quedado perdido en algún cajón entre la fiscalía europea (FE) y canaria o en algún juzgado. No se sabe muy bien qué ocurrió. La Fiscalía Europea recibió una denuncia de un particular, Fernando Vizcaíno, contra el entonces presidente canario y ahora ministro Ángel Víctor Torres, en septiembre de 2021, que apreciaba irregularidades en la concesión de un contrato de emergencia a una empresa para traer pruebas PCR desde Polonia a un precio 3 veces superior al de mercado.
El 24 de septiembre de 2021 Vizcaíno interpuso una denuncia ante la Fiscalía Europea al entender que el pedido de 48 mil pruebas de Covid a un precio de 15 euros por unidad, suponiendo un gasto de 720.000 euros. El problema era que esos mismos kits comprados directamente a la empresa rondaban los 5 euros por unidad y además acusaban a la empresa intermediaria de «no haber pasado las licitaciones que marcan la Ley de Transparencia». De haber sido comprados directamente a la empresa fabricante hubiera supuesto un desembolso de 240.000 euros, casi medio millón menos de euros.
El 25 de marzo de 2021 el Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, aprobaba la contratación, mediante procedimiento de emergencia, «del suministro de Kits PCR Biomaxima con destino al hospital universitario Nuestra Señora de Candelaria (Consejería de Sanidad)».
El contrato se justificaba en que «el consejero de Sanidad da cuenta al Gobierno de la contratación, mediante procedimiento de emergencia, «ante la situación de bajada en las reservas del laboratorio por la gran demanda sufrida en los últimos meses y visto que solo tienen ahora mismo garantizado determinaciones (kits de prueba) para un solo mes, se solicita de manera muy urgente y excepcional tener garantizada la adquisición de una cantidad de 50.000 determinaciones para los dos próximos meses, para hacer frente a la rutina del laboratorio que más determinaciones realiza de Canarias, y el único capaz de realizar 15.000 determinaciones en un solo día, si fuera preciso como ya ha ocurrido en un pasado cercano, en caso contrario se corre con un grave peligro para garantizar la realización de las PCR diarias».
EL PRESUPUESTO DE 2021 DE TORRES
Ese contrato se incluyó en los presupuestos canarios de 2021. Los kits PCR fueron comprados a la empresa polaca Biomaxima, por 15 euros la unidad. En total, 720.000 euros. Pero no fueron comprados directamente a la empresa polaca, sino a una empresa española, que actuó de intermediaria, llamada Tout Espagnol Import Export SL, cuyo objeto social es la «importación, exportación, comercialización, distribución al por mayor y al por menor, marketing, y servicios de consultoría e intermediación de los siguientes productos: alimenticios y todo tipo de bebidas, incluyendo alcohol» y además la «importación, exportación, comercialización y distribución al por mayor».
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Europea, porque la compra había sido financiada con fondos de esa procedencia, contra Ángel Víctor Torres, presidente canario, Conrado Domínguez, consejero canario de Sanidad y Óscar Díez, entonces director gerente del hospital La Candelaria, centro sanitario destinatario de los kits. Se les acusaba de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y tráfico de influencias.
La Fiscalía europea hizo acuse de recibo el 1 de octubre de 2021 y entendió que «los hechos pueden ser constitutivos de delito».
Pero los fiscales europeos enviaron la denuncia a la fiscalía canaria y «por decreto del teniente fiscal, con registro (…), registrado el 14 de enero de 2022, comunica que con fecha 30 de diciembre de 2021 se ha remitido por la fiscalía europea la denuncia interpuesta por (…); por decreto de 4 de febrero de 2022 se acuerda por la fiscalía la remisión del expediente a la Fiscalía de Canarias (registro de salida 21 de febrero de 2022). El 24 de febrero de 2022 el teniente fiscal acusa recibo de la denuncia registrada el 25 de enero de 2022 (…) donde constan los datos sobre la referida denuncia, comunicando que tiene conocimiento de la misma por la remisión desde la Fiscalía Europea Anticorrupción, y por decreto de 4 de febrero se acuerda la remisión de la denuncia a la fiscalía de la comunidad autónoma de Canarias».
El 3 de marzo de 2022 la abogada del demandante presentó un escrito ante la fiscalía canaria donde se solicitaba «el impulso e investigación por la posible comisión de delitos, y por ello se requiere para que investigue en aras de verificar los beneficios obtenidos con la compra de PCR fueron destinados a pagar comisiones a una sociedad instrumental constituida en Las Palmas de Gran Canaria».
También pedía el demandante la factura original de Tour Espagnol Import Export y los «extractos bancarios de los movimientos donde consten los pagos por parte del gobierno canario a la empresa Tour Espagnol, el número de pagos y la cantidad transferida y los pagos efectuados por la empresa Tour Espagnol a persona física o jurídica en Canarias».
Hay que recordar que el ministro Ángel Víctor Torres se encuentra en el centro de la polémica después que algunos mensajes suyos cruzados por Koldo García, ex asesor de Ábalos, fueran encontrados por la UCO durante la investigación del conocido como Caso Koldo. Los mensajes del año 2020 probarían que el entonces presidente de la comunidad y ahora ministro habría agilizado el pago de los dos lotes de mascarillas comprados, el primero de 526.000 mascarillas por 1.316.000 euros y el segundo de 1,262.750 mascarillas por 3.157.500 euros por la comunidad canaria a la trama Koldo.
