La conmemoración del 47º aniversario de la Constitución Española se ha transformado este año en un escenario de tensión y contienda política. Lo que antaño fue un acto de consenso y celebración solemne de la Carta Magna, erigida sobre el «abrazo fraternal» de la Transición, se ha convertido en una tribuna de acusaciones cruzadas sobre la salud de la democracia en España. Desde la Real Casa de Correos en Madrid, sede del Gobierno autonómico, la presidenta Isabel Díaz Ayuso llamó a la juventud, mientras que, en A Coruña, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, redoblaba la carga, declarando a su formación como el «único partido constitucionalista» ante un Gobierno al que tacha de ser la «gran amenaza» para el orden fundacional.

El debate de fondo ya no se centra solo en la defensa de la Ley de Leyes, sino en la pugna por su interpretación y por la potestad de blandir el estandarte de la concordia. El acto madrileño y el mitin gallego dibujaron un mapa político polarizado, donde la unidad del 78 se rememora para señalar a un presente percibido como divisivo y peligroso para la estabilidad nacional.

LLAMADA A LOS ‘HIJOS DE LA TRANSICIÓN’

El discurso de la presidenta madrileña estuvo impregnado POR una apelación directa a las generaciones que han vivido exclusivamente bajo el paraguas democrático. La jefa del Ejecutivo regional se dirigió a «todos los que tienen 47 años o menos», instándoles a trascender la complacencia y a tomar conciencia de la inmensa fortuna que supone vivir en la España forjada en 1978.

«A todos los que tienen 47 años o menos, que muchas veces no somos plenamente conscientes de la suerte que tenemos de vivir en un país por el que muchos dejan atrás sus familias para ser parte de él», declaró Ayuso, ligando el valor de la Constitución a la aspiración de quienes buscan la libertad. Su mensaje central fue una exhortación a la responsabilidad intergeneracional: la Carta Magna no es un documento estático, sino un legado dinámico que debe ser «sancionado día a día» para ser entregado «en herencia y en plena forma a las siguientes generaciones». Para ello, es menester que las nuevas cohortes «entiendan su valor, la honren y la defiendan como lo hicieron las anteriores», con la humildad de aprender de quienes lograron la gesta de la reconciliación.

El centro de su advertencia residió en la percepción de que «quienes hemos nacido en democracia damos por sentados muchos derechos que antes fueron conquistas que costaron mucho». La Transición, enfatizó la presidenta, no fue un accidente histórico, sino un acto de voluntad colectiva. Fue «el abrazo fraternal de los españoles«, un «grito de una sociedad que rogaba no volver a los bandos, al agravio y a la sospecha, sin vencedores ni vencidos». En un recordatorio explícito a las amenazas pasadas, como el terrorismo, subrayó la unidad de los demócratas en 1978, un momento donde «todos los españoles, con o sin bando, con o sin ideología, querían vivir en paz, sin miedo, sin ira«.

LA FRAGILIDAD DE LA CONCORDIA

Ayuso profundizó en la tesis de la fragilidad institucional, advirtiendo que la concordia, al igual que la Constitución misma, se ratifica con el cumplimiento diario, pero se puede perder «de un día para otro». La metáfora de la destrucción y la construcción se hizo presente en su análisis: «Lo fácil es derruir, lo difícil es construir».

Esta demolición, a su juicio, se está gestando desde una cultura de la sospecha y el enfrentamiento identitario. La líder madrileña se preguntó de forma retórica cuándo se empezaron a «fabricar las pasiones de invernadero que se cultivan para que quienes no han vivido la España de los bandos sientan una necesidad identitaria y de combate contra el otro». Esta retórica ha calado hasta el punto, según su análisis, de que se ha normalizado la desconfianza hacia los pilares de la sociedad civil y el Estado. «¿Cómo hemos empezado a sospechar de escritores, periodistas, artistas, jueces o fiscales y tienen o no presunción de veracidad o inocencia o son culpables por el hecho de ser de un bando?», inquirió, lamentando que esta lógica binaria de «este es de los míos» o «de los otros» esté siendo asimilada por las nuevas generaciones.

La presidenta identificó esta polarización interna como una patología social que tiene implicaciones internacionales. «Alimentar lo que nos odia y empequeñece es lo que nos enferma», afirmó rotundamente, señalando que esta circunstancia se está dando «desde dentro de España y en colaboración con quien la detesta desde fuera», lo que, en su opinión, «nos aísla ante los ojos del mundo». La conclusión es que la desunión no solo afecta la política doméstica, sino que socava la posición y el respeto de la nación en el panorama global.

EL PP ‘ÚNICO CUSTODIO’

En paralelo a la celebración madrileña, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, utilizaba su plataforma en un acto del PPdeG en A Coruña para lanzar un ataque frontal contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Tellado no se limitó a la crítica, sino que avanzó una declaración de principios con consecuencias dramáticas para el actual escenario político: el PP es ya «el único partido constitucionalista» que queda en el tablero español.

El dirigente popular asumió con «orgullo» la defensa del «pacto de reconciliación, reformismo y modernización nacional» que dio luz a la Constitución del 78. Para Tellado, la responsabilidad de defender y reivindicar este pacto recae ahora en exclusiva sobre los hombros de su partido, frente a «quienes quieren liquidarlo».

La gravedad de la situación, según su narrativa, se debe a que el Gobierno de coalición es «una gran amenaza para la España constitucional. Tellado enumeró las vulneraciones que, a su juicio, se producen «a diario»: la omisión en la presentación de Presupuestos, el irrespeto a la separación de poderes, el ataque al principio de igualdad y, de manera crucial, la alianza con «los peores enemigos de la Constitución». El Partido Popular, por contraste, defiende la Carta Magna «en su totalidad y no por fascículos, cosa que no hace ningún otro partido».

INSTRUMENTALIZACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

La defensa de las instituciones y el Estado de Derecho fue un hilo conductor que conectó ambos discursos, aunque con destinatarios distintos. Díaz Ayuso había defendido la «obligación» ineludible de respetar las sentencias judiciales, los artículos de opinión y la labor de los artistas, advirtiendo que los «premios y las ayudas no pueden tasarse ideológicamente. Este mismo respeto lo extendió a la propiedad, a la empresa y, de manera muy específica, a los poderes del Estado y sus funcionarios, cuya labor, advirtió, no debe ser instrumentalizada.

Tellado, por su parte, concretó el peligro institucional en la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El secretario general popular auguró «el fracaso del pulso» que Sánchez ha decidido echar al Estado de derecho «en busca de impunidad ante los escándalos que asfixian a este Gobierno y el PSOE». La referencia fue explícita a las «novedades más vergonzosas» que rodean acusaciones graves sobre hombres de confianza, como el caso de Paco Salazar.

Tellado cargó la máxima responsabilidad sobre el propio Sánchez, a quien señaló como el «número Uno», responsable de introducir en La Moncloa a familiares investigados y a miembros del Gobierno y la dirección del PSOE que ahora «están encarcelados». La crítica se hizo escarnio aludiendo al intento del presidente de distanciarse de los protagonistas de los escándalos, calificando a antiguos colaboradores como «un gran desconocido». La conclusión del político gallego fue lapidaria: la «gran desconocida para Sánchez es la vergüenza», considerándolo una «rémora» que inflige un «castigo constante» al conjunto de España mediante la «corrupción masiva y sus ataques a la igualdad».

ALTERNANCIA Y REGLAS DEL JUEGO

El broche de ambos análisis converge en la necesidad de preservar las normas democráticas para garantizar el futuro. Díaz Ayuso concluyó su intervención subrayando la necesidad de que la alternancia política, un pilar de la democracia moderna, se dé «bajo unas mismas reglas del juego», que deben ser inamovibles. Además, puso el foco en la gestión económica, defendiendo el cuidado de los servicios públicos y del gasto. En un tono de alerta financiera, la presidenta advirtió que «los que están por venir van a ver hipotecado su futuro a manos de decisiones que nunca tomaron» si la gestión del gasto público se antepone a la seriedad.

Tellado, en cambio, elevó a categoría de modelo la estabilidad que, a su juicio, ofrecen los gobiernos autonómicos del PP, como el de Galicia con Alfonso Rueda, que encadena diecisiete años seguidos aprobando presupuestos. La gestión, la normalidad presupuestaria y la estabilidad se convierten así en el contrapunto virtuoso a la supuesta inestabilidad y corrupción del Ejecutivo central.

En este 47º aniversario, la Carta Magna se celebra, paradójicamente, como un objeto de disputa, no de unión. La batalla por su legado se libra en dos frentes: la advertencia existencial de la presidenta madrileña a la juventud de que «nada nos rompa de nuevo», y la denuncia de parte del liderazgo popular de que el pacto que trajo la paz está siendo deliberadamente socavado por aquellos que deberían ser sus principales guardianes. España llega a su quinta década de Constitución con la seguridad jurídica y la concordia política convertidas en el centro de una de las crisis institucionales y de confianza más profundas desde 1978.