El exdirigente socialista y exalto cargo de La Moncloa, Francisco Salazar, se encuentra en el centro de un grave escándalo por acusaciones de acoso sexual y comportamientos inapropiados que se extienden a su etapa tanto en la Presidencia del Gobierno como en el PSOE. La presión generada por estas denuncias ha forzado a Salazar a renunciar a formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE y a apartarse de su cargo como coordinador Institucional de la Presidencia del Gobierno.
El caso salió a la luz tras las denuncias presentadas por varias trabajadoras y compañeras del partido y de Moncloa. Estas mujeres testificaron sobre un patrón de conducta que incluía «comentarios obscenos sobre su vestimenta y su cuerpo», el uso de «lenguaje hipersexualizado», «baboseo y misoginia», además de invitaciones insistentes para cenar a solas, ofrecimientos para quedarse a dormir en casa y gestos obscenos.
Ante la gravedad de los testimonios, el PSOE activó su Órgano contra el Acoso y abrió una investigación interna para esclarecer los hechos. Sin embargo, la gestión del caso por parte de la cúpula socialista ha sido objeto de fuertes críticas y ha generado un notable malestar interno, con acusaciones de que se intentó frenar el protocolo antiacoso y de que incluso se borraron testimonios internos sin contactar con las denunciantes.
En una reciente actualización, el partido ha intentado calmar las aguas. El 5 de diciembre de 2025, el PSOE distribuyó una nota interna en la que pide disculpas públicamente y reconoce «no haber estado a la altura» en la gestión inicial de la crisis. A pesar de que Salazar ha causado baja como militante, la dirección socialista asegura que el procedimiento interno sigue en curso y que próximamente se elaborará un informe con la propuesta de medidas a adoptar.
Esta decisión de mantener el expediente a nivel interno choca con la presión que ejercen diversas voces dentro del partido para que el caso sea elevado a la Fiscalía. El PSOE, por el momento, se resiste a la vía judicial, prefiriendo concluir su propia investigación, mientras la polémica y las dudas sobre la transparencia en la aplicación de los protocolos antiacoso siguen empañando la imagen del partido. Una resistencia que según El Español es debido supuestamente a la mano del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser un hombre de su entorno sigue protegiéndolo.
UN PATRÓN RECURRENTE DE VEJACIONES HACIA LA MUJER
La alarma social y política se ha disparado una vez más en el PSOE que ve cómo un nuevo caso de acoso, violencia de género o consumo de prostitución salpica a uno de sus cargos. Esta situación, lejos de ser excepcional, se está convirtiendo en un patrón recurrente. Son ya varios los dirigentes de la entidad socialista que han sido acusados y condenados por delitos de violencia machista, agresiones sexuales y otras conductas vejatorias hacia la mujer, incluyendo el uso de dinero público en el consumo de prostitución. Esta realidad choca directamente con el discurso oficial del partido, que en teoría persigue y acusa a otras formaciones políticas de no condenar estas prácticas.
Como el caso de Torrejoncillo (Cáceres), un pequeño pueblo extremeño de apenas 3.000 habitantes. El protagonista es Ricardo Rodrigo, exalcalde que fue acusado de haber golpeado supuestamente a su mujer en 2023.
El caso de Rodrigo es solo la punta de lanza de un largo historial. Quizás el incidente más notorio es el protagonizado por Jesús Eguiguren, expresidente del Partido Socialista de Euskadi-Euskadio Esquerra (PSE-EE), condenado en 1992 por dar una paliza a su exmujer, Assunta Zubiarráin. Este suceso, que dejó al descubierto las «vergüenzas y el cinismo» de parte de la militancia, fue minimizado por el exministro socialista Ramón Jauregui, quien llegó a declarar que «fue un incidente de hace muchísimos años que tiene, probablemente, una explicación distinta de la que ofrece la propia sentencia», en referencia a la condena de 17 días de arresto.
A este precedente se suman casos de extrema gravedad, como el de Gerardo Isidro Vivo, edil del PSPV-PSOE en la valenciana Massalfassar. Vivo fue condenado por la Audiencia de Valencia a cuatro años de prisión y otros cinco de libertad vigilada por abusar sexualmente de una compañera de trabajo en 2018. La sentencia probó que el exconcejal cometió el abuso de manera «oportunista y subrepticia» aprovechando que la joven tenía anulada su voluntad en el trayecto en coche tras una cena de empresa.
Otro dirigente condenado fue Norberto Máñez, exsecretario general del PSPV en Chiva (Valencia), castigado a cinco días de localización permanente por un delito leve de vejaciones injustas contra su mujer. Además de estos nombres, la sombra de la corrupción y el uso de dinero público en prácticas vejatorias, como la prostitución, también ha salpicado a la formación en casos como los investigados en el ‘Tito Berni’ o los condenados por los ERE de Andalucía.
LA IRONÍA DE LOS INDULTOS
Sin embargo, el capítulo más controvertido y escabroso de esta crónica podría ser la política de indultos aplicada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Paradójicamente, Zapatero, que en varias ocasiones se posicionó en contra de esta medida de gracia, concedió entre 2008 y 2011 un total de 18 indultos a condenados por violencia contra la mujer.
El Ministerio de Justicia, en una respuesta parlamentaria remitida en 2014, confirmó que se perdonó a 18 condenados por violencia doméstica: dos casos en su primer mandato (2005 y 2007) y 16 en el segundo (entre 2008 y 2011). A pesar de la gravedad de los delitos, los nombres de los indultados se pierden mayoritariamente en el anonimato del Boletín Oficial del Estado (BOE), al figurar simplemente como un Real Decreto.
LA VERGÜENZA SOCIAL: PROSTITUCIÓN Y CORRUPCIÓN EN LA ÓRBITA DE ÁBALOS Y KOLDO
Por otro lado, el extenso sumario que rodea a la trama de corrupción del ‘Caso Koldo’ ha desvelado una capa aún más oscura que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García Izaguirre. Más allá de los presuntos sobrecostes en la compra de mascarillas, la investigación judicial ha sacado a la luz conversaciones y gestiones que apuntan directamente al consumo de prostitución, supuestamente financiado con fondos cuyo origen debe aún determinarse.
Los mensajes intervenidos por la Guardia Civil han generado una profunda indignación, especialmente en las filas feministas del PSOE. Audios y chats desvelan a Koldo García refiriéndose a mujeres con términos denigrantes y haciendo referencias explícitas a «la puta» o a la necesidad de conseguir dinero en efectivo para cubrir los gastos de Ábalos, lo que sugiere una práctica habitual en la cúpula del ministerio.
Este presunto patrón de conducta vejatoria colisiona violentamente con el discurso público del propio Ábalos, quien en el pasado se había declarado «feminista» y expresado su «asco» por la explotación sexual, afirmando que no había «necesitado recurrir» al sexo de pago. La contradicción entre la ética defendida y los hechos investigados erosiona gravemente la credibilidad del exdirigente socialista y aviva el debate sobre la doble moral en la política, especialmente en un partido que ha hecho de la lucha contra la prostitución una de sus banderas.
Otra nueva crisis ha estallado también en las filas socialistas tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por una militante contra el secretario general del partido en Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto delito de acoso sexual. La dirección federal del partido ha reaccionado con rapidez, anunciando la suspensión cautelar de militancia de Navarro y la apertura de un expediente disciplinario.
La denuncia, que se tramita en la Fiscalía de Violencia de Género, recoge presuntos tocamientos no consentidos y el envío de un elevado número de mensajes inapropiados con connotaciones sexuales y proposiciones insistentes a la denunciante. Algunos de estos mensajes, enviados en el último trimestre de 2021 tanto en horario laboral como nocturno, incluirían frases como «te quiero meter ficha» o «iré depilado por si tienes un desliz».
La controversia se ha intensificado debido a la gestión interna del caso. La denunciante asegura que notificó estos hechos a la dirección del partido ya en junio, pero ante la supuesta inacción del Órgano contra el Acoso del PSOE, decidió acudir a la justicia ordinaria. La dirección provincial de Málaga ha solicitado la dimisión «inmediata» de Navarro de todos sus cargos institucionales. Este suceso, sumado a otros escándalos recientes que vinculan a cargos socialistas con conductas vejatorias, intensifica el debate sobre la coherencia ética del partido. Un largo historial que convierte al PSOE en el partido político que no ama a las mujeres.
