La XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, celebrada, este pasado 4 de diciembre, en Madrid, se cerró con la firma de catorce acuerdos de cooperación y una declaración conjunta que consolida la nueva etapa de la relación bilateral, según el PSOE. Sin embargo, lo que se diseñó como un ejercicio de normalización diplomática se ha convertido en un foco de tensión geopolítica y una evidente fuente de fractura dentro del propio Gobierno español. La opacidad de la cumbre, la reiteración del polémico giro sobre el Sáhara Occidental y la persistente amenaza del gas argelino han dominado el análisis posterior.
La cumbre reafirmó la solidez de la asociación económica. España se mantiene como el principal socio comercial de Marruecos desde 2012, con intercambios que superaron los 22.600 millones de euros en 2024. Los catorce acuerdos firmados buscan expandir esta relación más allá de la seguridad y la migración, abarcando áreas tan estratégicas como la gestión del agua, la digitalización tributaria, la seguridad alimentaria y la cooperación sísmica en el Estrecho de Gibraltar.
Destaca el Acuerdo de Cooperación en el Ámbito del Deporte, que sienta las bases para la coordinación en la organización conjunta del Mundial de Fútbol de 2030, junto con Portugal. Este pacto no solo es simbólico, sino que implica una profunda coordinación de infraestructuras y logística, entrelazando aún más los intereses de ambos países. Además, el Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación Tributaria Digital busca modernizar la administración fiscal marroquí, facilitando el intercambio de información y robusteciendo la legalidad del creciente comercio bilateral, un pilar esencial para la inversión a largo plazo.
El eje de estos acuerdos subraya el intento de Madrid de construir una relación «más moderna, global y transversal» con Rabat. Sin embargo, la aparente fluidez en lo técnico y económico contrasta fuertemente con la rigidez y el secretismo en la gestión política de los temas más espinosos.
EL SÁHARA OCCIDENTAL: LA PIEDRA ANGULAR DE LA DISCORDIA
El punto de inflexión y la razón principal de la controversia recae, una vez más, en la cuestión del Sáhara Occidental. España reiteró formalmente su posición adoptada en 2022, calificando la iniciativa de autonomía marroquí de 2007 como “la base más seria, creíble y realista para resolver este diferendo”. Este lenguaje, que se evita mencionar el referéndum de autodeterminación históricamente defendido por la ONU, es la victoria diplomática que Marruecos ha buscado y conseguido en esta RAN.
Lo más trascendental es el compromiso de coordinación de posiciones que España y Marruecos han acordado mantener “en el marco del proceso dirigido por Naciones Unidas, en particular en el seno del Consejo de Seguridad”. Dado que España es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU hasta 2027, este compromiso es interpretado por muchos analistas como un alineamiento efectivo con la tesis marroquí en el máximo órgano de decisión internacional. Este paso, que para Rabat representa un gran avance, se produce a pesar de los reportes, no confirmados oficialmente por la Moncloa, de un intento de Marruecos por presionar para un canje de reconocimiento (soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio del reconocimiento de la españolidad de Canarias), una maniobra rechazada por el Gobierno español que se limitó al marco de las resoluciones de la ONU. La Moncloa, consciente de la sensibilidad interna y externa, optó por la máxima discreción, cerrando la reunión sin la tradicional comparecencia de prensa conjunta para preguntas, lo que ha alimentado las críticas por la opacidad en un asunto de tanta trascendencia geoestratégica.
SUMAR: FRACTURA INTERNA POR LA POLÍTICA EXTERIOR
La incomodidad política generada por esta cumbre fue palpable a nivel interno, poniendo en evidencia una profunda fisura en el seno de la coalición de Gobierno. La respuesta del socio minoritario, Sumar, fue inusual y contundente: sus ministros se ausentaron de la foto de familia y de los actos principales de la RAN. Esta decisión no fue una mera excusa protocolaria, sino una manifestación política de su rechazo absoluto a la reiteración del apoyo a la postura marroquí sobre el Sáhara.
Desde el espacio de Sumar, se calificó la posición del Ejecutivo de «error histórico» y de una «violación del derecho internacional«. Figuras destacadas de la formación insistieron en la necesidad de que España revierta el giro de 2022, alegando que la postura actual supone un alineamiento de facto que sacrifica la legalidad internacional y la histórica responsabilidad española con el pueblo saharaui. Para Sumar, esta diplomacia está dañando la imagen del país y creando innecesarios focos de conflicto, instando al Gobierno a retomar una «neutralidad activa» que promueva una solución justa basada en el derecho a la autodeterminación.
La ausencia de los ministros fue el gesto político más claro de que la política exterior del Gobierno, especialmente en este punto, no cuenta con el respaldo unánime de sus socios de coalición. En este sentido, fue la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, la más crítica con este asunto, en un video en el que aparece leyendo unos versos saharauis, señala que desde su formación no están dispuestos a apoyar la perdida de un solo centímetro de tierra saharaui a favor de Marruecos.
EL PP CRÍTICA LA OPACIDAD DE LA REUNIÓN
Por su parte, el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), midió sus críticas con cautela, buscando señalar la gestión del Gobierno sin dinamitar la necesidad de una «política de Estado» en la relación con Marruecos. El PP centró su ofensiva en la falta de transparencia que rodeó la cumbre. Exigieron al Ejecutivo que detallara las contrapartidas obtenidas por España a cambio de su decisivo apoyo al plan de autonomía marroquí, lamentando la ausencia de una comparecencia de prensa que permitiera a los periodistas preguntar sobre las implicaciones reales de los acuerdos y la Declaración Conjunta.
Los populares criticaron la unilateralidad con la que el Gobierno manejó el giro de 2022 y esta nueva ratificación, acusando al Ejecutivo de haber dañado innecesariamente las relaciones históricas con Argelia y de ceder ante las presiones de Rabat sin obtener suficientes garantías para los intereses nacionales. La oposición ha insistido reiteradamente en la existencia de una «bilateralidad asimétrica», donde las concesiones parecen inclinarse de forma sistemática a favor de Marruecos. El PP exigió al Gobierno mayor firmeza en la defensa de la soberanía e integridad territorial española, incluyendo la claridad sobre Ceuta y Melilla, y una gestión más equilibrada que no hipoteque las relaciones con socios clave por una postura tan divisiva.
EL GAS ARGELINO: EL TELÓN DE FONDO DE LA CRISIS GEOPOLÍTICA
La ratificación del apoyo al plan marroquí en la RAN ha vuelto a tensar al máximo la cuerda con Argelia, el principal defensor del Frente Polisario y un proveedor de gas natural fundamental para la seguridad energética española. La fricción diplomática persistente desde 2022 no se ha traducido en un corte total e inmediato del suministro, lo que sería una violación de contratos que dañaría la reputación de Sonatrach, pero sí en una reconfiguración estratégica del mapa energético en detrimento de España.
Desde el giro político, Argelia castigó a España con el cierre del Gasoducto Magreb-Europa (GME), obligando a Madrid a depender exclusivamente del Gasoducto Medgaz (Argelia-Almería) y a buscar alternativas. Esta situación ha forzado a España a incrementar notablemente su dependencia del Gas Natural Licuado (GNL), principalmente procedente de Estados Unidos. Si bien la dependencia del GNL diversifica las fuentes, también encarece el suministro y lo hace más vulnerable a las fluctuaciones del mercado global.
Más allá del GME, la estrategia argelina se ha centrado en priorizar a otros socios europeos, notablemente Italia, expandiendo el gasoducto Transmed y enviando una clara señal sobre la disponibilidad y el precio del gas que llega a España. La tensión diplomática, aunque no rompe los contratos, implica un riesgo constante de interrupción o, más probablemente, de una presión a través de revisiones contractuales que eleven el precio y el costo político del gas, debilitando la posición competitiva de España como puerta de entrada del gas argelino a Europa.
