La Generalitat se ha visto obligada a intervenir en la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y convocará una asamblea general extraordinaria, después de que admita el recurso de 442 clubes de fútbol catalanes. El presidente de la FCF Joan Soteras se negó a hacer esta convocatoria tras recibir 442 firmas de otros tantos clubes catalanes que sí le pedían hacerlo. La Ley obliga al gobierno autonómico a poner orden en la Federación después de que los clubes hayan acudido a ella.
Este mismo viernes el parlamento de Cataluña mandaba un mensaje al Govern y le instaba a que «garantice la transparencia, la neutralidad y el buen gobierno en la Federación Catalana de Fútbol», así como a «monitorizar el futuro proceso electoral de la entidad», en un punto que ha contado con el apoyo de todos los partidos de la cámara excepto Vox, que votó en contra.
Además, el Parlament ha emplazado al Govern a que incorpore todos los equipamientos deportivos existentes en Cataluña al plan de choque para su modernización, «para que cualquier instalación que lo necesite pueda ser objeto de una actuación de mejora», un punto en el que el PSC votó ‘no’ y Vox se abstuvo.
Las 442 firmas que se habían presentado un día antes en la FCF tenía como único punto del día la convocatoria de una asamblea extraordinaria y nuevas elecciones, porque las dos últimas elecciones quedaron señaladas por sospechas de corrupción. De hecho, un juzgado de Sabadell investiga la firma de falsas actas a favor de Soteras sin que los clubes firmantes lo supieran.
Ahora, un grupo de clubes quería convocar elecciones y solo se necesitaban 190 firmas para convocar una asamblea general y pedir el adelanto electoral. Pero la FCF pidió el DNI de los firmantes, algo de lo que ya disponen y se les dio 48 horas de plazo para hacerlo.Por este asunto, el vicesecretario de la FCF, Sergi Garrido, explicó que celebrar esta asamblea sería «fraude de ley».
La respuesta le llegó por parte de Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Democracia y Transparencia en el Deporte que explicó en sus redes sociales que «no hay fraude de ley porque los clubes usan un derecho expresamente previsto: pedir Asamblea General Extraordinaria con el 15% de apoyos para tratar, entre otros, elecciones y cargos. Eso es exactamente lo que permiten Estatutos y normativa deportiva catalana, no algo prohibido. El fraude de ley exige, según el artículo 6.4 del Código Civil, que se utilice una norma “al amparo de su texto” para obtener un resultado prohibido por el ordenamiento o contrario a él. Ausencia de «Norma Defraudada» o Resultado Prohibido El elemento clave del fraude de ley (Art. 6.4 CC) es que el resultado obtenido esté prohibido. Renovación de Cargos como Resultado Permitido: La normativa deportiva autonómica regula cómo se desarrollan los procesos electorales una vez convocados, pero no prohíbe quién o cuándo se pueden convocar, siempre que se respeten los cauces estatutarios».
Y añadía Galán que «forzar elecciones y cambios de cargos es un resultado expresamente permitido por los Estatutos y, por extensión, tolerado por el marco legal autonómico que los aprueba. No se Elude un Procedimiento Obligatorio: Los Estatutos contemplan dos vías para las elecciones (la ordinaria al final del mandato y la extraordinaria por petición del 15%), ninguna de ellas puede considerarse fraudulenta. Ambas son vías legales. No se está utilizando una «norma de cobertura» para saltarse un procedimiento imperativo único. Buena Fe en el Ejercicio del Derecho: El ejercicio de un derecho reconocido no es, por definición, contrario a la buena fe (Art. 7 CC) ni un fraude, a menos que se demuestre un abuso. Recoger el 15% de apoyos es un ejercicio legítimo que requiere un esfuerzo organizativo y un respaldo social significativo, lo cual avala la seriedad de la petición. En conclusión, la acción se realiza enteramente dentro del marco legal previsto y aceptado por la entidad y la Administración Pública que supervisa los estatutos, por lo que la figura del fraude de ley no se aplicará».
Para justificar la medida el propio Sergi Garrido mostró una imagen en la rueda de prensa del jueves donde se detallaba sus argumentos. La imagen mostraba un censo de 1237 entidades deportivas. Pero de esas 442 firmas presentadas aseguraban que 58 tienen el mandato caducado o irregular, y que 126 clubs no han aportado el DNI. 10 clubes han sido dados de baja; cuatro clubes parece ser que han votado más de una vez; y 17 presidentes no constan en el registro de entidades deportivas. De esta forma, descontados todos estos casos, Soteras y Garrido aseguran que los clubs que han aportado DNI en tiempo y forma son 186, no 442.
Los estatutos hablan del 15% necesario y aún teniendo en cuenta los números de Soteras y su junta las firmas óptimas serían 186 y el 15 por ciento supondrían 185 clubes. Por tanto, las firmas estarían cumpliendo los requisitos necesarios.
Juan Soteras dijo en esa rueda de prensa que hay 10 clubes que «han vuelto a engañar a los clubs ya la opinión pública intentando convocar una Asamblea Extraordinaria por una cuestión donde la Asamblea no tiene competencias», recordando que la moción de censura es el único camino legal y recogido en los estatutos, ya que allí se necesitan dos tercios de la Asamblea, y «por cualquier otro procedimiento, sólo mayoría absoluta».
Ahora la pelota está en el tejado del consejero de Deportes catalán, Berni Álvarez; la directora del Consejo Catalán del Deporte, Carmen Bastida, y el secretario general de la consejería de Deportes, Abel García, que deberán convocar la asamblea extraordinaria.
Hay que recordar que el pasado mes de octubre el tribunal catalán del Deporte (TCE) abría un expediente por las elecciones de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y señalaba a su actual presidente, Joan Soteras y otros 18 directivos tras las denuncias presentadas por Oriol Camacho, todavía secretario general de la FCCF, que pasaba de ser denunciante a estar también investigado.
DENUNCIA CONTRA SOTERAS
El pasado 3 de abril de 2025 Oriol Camacho presentaba una denuncia por las presuntas irregularidades de Soteras y toda su junta directiva cometidas en las elecciones de 2022 y 2023 la Secretaría General del Deporte. Ese mismo tribunal admitió a trámite la misma denuncia remitida por la Secretaría General del Deporte el 18 de abril y abrió expedientes disciplinarios a Joan Soteras, José M. Calle, Oriol Camacho y otros 17 miembros de la junta.
La investigación incluye también a personal directivo y trabajadores federativos, por presuntas infracciones muy graves, como son abuso de autoridad y usurpación de atribuciones y actas para alterar o predeterminar los resultados electorales.
El TCE detalla hechos graves como la sustitución de juristas imparciales por personas de confianza y la desconexión de cámaras de seguridad . También, por el uso de actas notariales falsificadas y la utilización de los recursos humanos y materiales de la Federación para favorecer la candidatura de Soteras.
La denuncia recogía «actos cometidos y dirigidos a predeterminar o alterar los resultados de las elecciones de los cargos de representación o dirección de los clubes y de las federaciones deportivas catalanas (…)». Asimismo, también fue denunciado «el uso incorrecto de los fondos privados de las asociaciones y clubes deportivos y de las federaciones deportivas catalanas (…)».
Sin embargo, todo este procedimiento disciplinario quedó suspendido en tanto no se dirima la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell por una denuncia similar de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte.
La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte de Miguel Ángel Galán denunciaba a Juan Soteras Vigo, presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La denuncia alega violaciones graves de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, específicamente en relación con las elecciones de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) de 2022 y 2023 y las sanciones pueden alcanzar los 20 millones de euros, según el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679, que establece que las infracciones de las disposiciones sobre protección de datos pueden ser sancionadas con multas administrativas de hasta 20 millones de euros.
La denuncia fue presentada el 19 de noviembre de 2024 y se centra en el presunto uso indebido de datos personales durante las elecciones de la FCF. En concreto el escrito se refiere a una presunta recopilación de datos no autorizada.
Los denunciantes alegan que se recopilaron datos personales (números de DNI, direcciones, etc.) de directivos de clubes sin su consentimiento por parte de miembros de la comisión electoral de la FCF. Estos datos se habrían usado posteriormente para crear actas notariales falsas, permitiendo que individuos votaran fraudulentamente en las elecciones, según explica la denuncia.
FALSIFICACIÓN DE ACTAS
El escrito también advierte de una presunta falsificación de actas notariales, porque se emitieron 174 votos utilizando actas notariales supuestamente creadas con los datos obtenidos presuntamente de manera ilegal. Estas actas fueron presentadas ante la junta electoral como prueba de la representación legítima de los clubes votantes.
La Asociación de Galán alegaba también falta de consentimiento de «los presidentes de los clubes y otros directivos cuyos datos fueron utilizados. Declaraciones de varios presidentes de clubes niegan explícitamente haber dado su consentimiento», explican.
Soteras no es el único acusado por este tema, ya que la denuncia nombra a varios presuntos responsables como los miembros de la comisión electoral de la FCF, además de miembros de la Junta Gestora de esta misma federación durante el periodo de las elecciones.
Los denunciantes piden a la AEPD que se investigue la denuncia «e imponga sanciones a los responsables de las vulneraciones de datos». Además, el denunciante pide que la AEPD considere la gravedad de las violaciones y los beneficios económicos obtenidos por los infractores. También solicita que la agencia coordine con el juzgado pertinente, en este caso el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sabadell, para investigar más a fondo el caso.
La denuncia recoge los antecedentes de los problemas en la FCF: «El 22 de mayo de 2022 se celebraron las elecciones a la FCF cuyo resultado fue anulado por el Tribunal Catalá de l´Esport (TCE) mediante resolución del 10 de enero de 2023, obligando a la repetición del acta de votaciones». El proceso se repitió en febrero del mismo año y ganó de nuevo Juan Soteras, esta vez con una diferencias de 168 votos respecto al segundo más votado.
Pero los denunciantes explican que «determinados presidentes de clubes de fútbol advirtieron irregularidades en estas actas notariales que les fueron suministradas por miembros de la candidatura de Joan Soteras, in situ, el día de las votaciones. Como consecuencia de las denuncias por falsificación de las firmas obrantes en el certificado elevado a público, se ha iniciado procedimiento penal que, en la actualidad, se sustancia ante el juzgado de instrucción nº 2 de Sabadell». Por este procedimiento están investigadas nueve personas.
Además, la asociación denunciante recuerda las actas notariales donde se recogen las declaraciones del presidente y vicepresidente del Club de Fútbol Grama que negaron haber dado consentimiento a la candidatura de Soteras para que usaran sus votos. Algo similar le ocurrió al presidente del Club Sant Esteve de Palautordera AEF. Los denunciantes aseguraban que existen hasta 232 actas notariales «otorgadas sin conocimiento y sin consentimiento de los clubes».
