El Hospital Universitario de Torrejón ha cruzado las fronteras hasta llegar a situarse dentro del debate de la Comisión Europea. Allí, el PSOE, a través de sus eurodiputados, ha elevado una pregunta prioritaria al Ejecutivo comunitario sobre presuntas prácticas de rechazo de pacientes y tratamientos considerados “no rentables” en el hospital madrileño, instando a Bruselas a pronunciarse sobre si esta priorización económica vulnera las obligaciones europeas en materia de protección de la salud y el derecho de los ciudadanos a una asistencia sanitaria equitativa.
El eurodiputado madrileño José Cepeda ha liderado la iniciativa, en una misiva que también ha sido suscrita por la eurodiputada Hana Jalloul, y por los miembros de la comisión de Salud Pública de la Eurocámara, Nicolás González Casares y Leire Pajín. Los socialistas se hacen eco de diversas informaciones que señalan que la empresa concesionaria del hospital habría impartido instrucciones internas para aumentar deliberadamente las listas de espera, reducir el número de intervenciones quirúrgicas y, de forma más grave, rechazar pacientes o tratamientos cuya rentabilidad económica fuera baja. Estas directrices, supuestamente priorizando el beneficio financiero en un servicio público financiado por la Comunidad de Madrid, han encendido todas las alarmas sobre la seguridad asistencial.
La preocupación de los eurodiputados se extiende también a la situación de quienes alertaron sobre estas presuntas prácticas. La denuncia señala que cuatro directivos habrían sido despedidos de sus cargos después de haber utilizado el canal ético interno del hospital para advertir sobre las graves consecuencias que estas órdenes tenían para la seguridad de los pacientes y la posible vulneración de sus derechos. Este extremo añade al caso la dimensión de la protección a los denunciantes, un asunto regulado por el Derecho de la Unión Europea.
VULNERACIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Ante este panorama, la pregunta elevada a la Comisión se centra en tres puntos legales fundamentales del acervo comunitario. Los eurodiputados invocan el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que garantiza el derecho a la protección de la salud, el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y los principios de acceso equitativo y no discriminatorio recogidos en la Directiva 2011/24/UE sobre la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. La Comisión debe, por tanto, determinar si el rechazo de pacientes o el retraso de intervenciones por motivos de rentabilidad económica es compatible con estas obligaciones europeas.
En el ámbito de la protección de quienes dan la alerta, los socialistas piden a Bruselas un posicionamiento claro sobre si los despidos de los directivos que alertaron de los riesgos asistenciales pueden constituir represalias contrarias al Derecho de la Unión, en particular a la luz de la Directiva 2019/1937 y su transposición a la legislación española mediante la Ley 2/2023, que ampara a los denunciantes. Finalmente, el grupo europarlamentario exige que la Comisión aclare si tiene intención de solicitar información detallada al ejecutivo regional responsable de la gestión del hospital para esclarecer los hechos denunciados y asegurar la plena protección de los derechos de los pacientes y de los alertadores. El caso Torrejón traslada así un conflicto de gestión sanitaria autonómica a la esfera de la vigilancia europea sobre los derechos fundamentales.
La polémica generada por la presunta priorización del beneficio económico sobre la salud de los pacientes en el Hospital Universitario de Torrejón ha desatado una ola de reacciones en la esfera política, con la oposición reclamando una investigación judicial y la empresa gestora tomando medidas internas, mientras la Comunidad de Madrid insiste en que no ha detectado incumplimiento alguno. El escándalo se originó por la difusión de audios en los que el CEO del grupo sanitario Ribera Salud, la empresa que gestiona el centro de forma privada bajo financiación pública, supuestamente daba instrucciones para aumentar las listas de espera y rechazar procedimientos o pacientes considerados «no rentables». Esta situación ha provocado la exigencia de explicaciones en todos los niveles institucionales.
RESPUESTA DE RIBERA SALUD Y DEL GOBIERNO DE AYUSO
La revelación de los audios y las denuncias sobre la gestión en el Hospital de Torrejón forzaron una rápida reacción por parte del grupo Ribera Salud. Pocas horas después de que se hiciera público el contenido de las grabaciones, la empresa anunció que su CEO, Pablo Gallart, se apartaba voluntariamente de la gestión del hospital. Ribera Salud comunicó que iniciaría una auditoría en profundidad para garantizar que no se hubiera producido «ningún incumplimiento de los estándares de calidad» ni de la ética profesional.
Sin embargo, esta reacción vino acompañada de otra decisión muy controvertida: el despido de al menos cuatro directivos que habían utilizado el canal ético interno para denunciar las instrucciones de su superior. Entre los despedidos se encontraba la gerente del hospital, Pilar Navarro, y tres miembros de la dirección asistencial. Al ser cuestionada sobre estas salidas, la compañía defendió que el cese de la relación laboral se debió a una «pérdida de confianza en su gestión» y a su «falta de liderazgo», negando que los despidos tuvieran relación con las denuncias presentadas a través del canal interno. Esta justificación ha sido fuertemente criticada, ya que los despidos se produjeron poco después de que los directivos alertaran sobre el riesgo asistencial.
Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mantenido una postura de defensa y, hasta el momento, de contención ante el escándalo. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Consejería de Sanidad madrileña ha afirmado que, hasta la fecha, «no detecta ningún incumplimiento» por parte de la gestora privada en el Hospital de Torrejón. Esta postura se produce a pesar de las denuncias sindicales previas, que ya en 2021 habían alertado a la Comunidad sobre la «precarización» en hospitales concesionados y la búsqueda de maximización de beneficios por parte de las empresas. El Ejecutivo regional ha optado por convocar de urgencia a la empresa para que rinda cuentas, pero sin anunciar de forma inmediata una investigación profunda que pudiera derivar en la rescisión del contrato.
En referencia a esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que «advierte que el Gobierno regional erradicará “con contundencia y responsabilidad” cualquier mala práctica del sistema sanitario para defender a los madrileños. «Quiero dejar claro que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Que, con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños», agregó.
«Tenemos unos grandes profesionales como sucede en el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por ningún otro interés. Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad. Porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida», enfatizó Ayuso.
UNIÓN DE LA OPOSICIÓN
La oposición en la Comunidad de Madrid, incluyendo al PSOE y Más Madrid, ha reaccionado con indignación y ha dado un paso firme hacia la vía judicial. Ambas formaciones han anunciado que estudian emprender acciones legales y presentar una denuncia ante la Fiscalía, acusando al modelo sanitario madrileño de priorizar los beneficios empresariales sobre la salud de los ciudadanos. La portavoz de Más Madrid ha calificado el contenido de los audios como «delictivo», exigiendo una comisión de investigación en la Asamblea para «dirimir responsabilidades políticas» por el diseño de un modelo de gestión privada que, a su juicio, permite que las empresas se enriquezcan a costa de la sanidad pública.
El Gobierno central, a través de la Ministra de Sanidad, Mónica García, también ha exigido una investigación sobre el asunto, llegando a plantear la opción de rescindir los contratos con Ribera Salud y otros grupos de gestión privada si se confirman las irregularidades. El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid de «nefasta» y ha exigido disculpas públicas. La presión política y social se intensifica, buscando no solo sancionar las prácticas de Torrejón, sino cuestionar la sostenibilidad ética y asistencial del modelo de gestión privada de hospitales en la región.
