El Ministerio de Defensa ha convocado por fin el pleno extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, dedicado a tratar las retribuciones del personal, a solicitud de cuatro de las asociaciones profesionales representadas en el mismo (ASFASPRO, AUME, UMT y APROFAS), para debatir la adecuación de las retribuciones del personal de la Fuerzas Armadas que tendrá lugar el 16 de diciembre.
En abril de 2024 cuatro asociaciones profesionales que representan a personal de las tres categorías de militares, ASFASPRO, AUME, UMT y APROFAS instaron la celebración de un pleno extraordinario para debatir dos puntos: por un lado, una propuesta retributiva que se anexaba, y por otro, la exposición de las líneas del Ministerio de Defensa en materia retributiva.
El art. 20.3 del reglamento del Consejo establece que cuando un pleno extraordinario se convoca a solicitud de las asociaciones, los asuntos a tratar se incluirán en el escrito de solicitud, es decir, un orden del día limitado a lo solicitado.
Pues bien, el Ministerio de Defensa, «haciendo de su capa un sayo e incumpliendo el reglamento del Consejo pretende convocar un pleno extraordinario alterando los asuntos a tratar, añadiendo un nuevo punto con una propuesta de la única asociación que no solicitó dicho pleno, ATME», explica en un comunicado la UMT.
Y añade que «no tiene cabida, y mucho menos por parte ministerial que debe velar por el cumplimiento estricto de la norma, el alterar el procedimiento establecido en el RD 910/2018, de 8 de junio, Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, máxime cuando en la misma fecha está prevista la celebración de un pleno ordinario del mismo órgano en el que la nueva propuesta se puede debatir, como así han apoyado la mayoría de las asociaciones, ASFASPRO, AUME y UMT, lo que permitiría debatir todas las propuestas sin romper con lo establecido por el reglamento que rige el funcionamiento del Consejo de Personal». Hay que recordar que la convocatoria de este pleno llega con más de un año y medio de retraso.
Las tres organizaciones profesionales de militares denunciaron «la vergonzosa asimetría en el trato a los servidores públicos. Mientras el Gobierno se sienta a negociar con los sindicatos de la Función Pública, pactando subidas y mejoras laborales, a los militares se les impone el silencio o decisiones unilaterales que siempre llegan tarde y mal», en un comunicado de prensa.
La propia ministra Robles se ha reunido ya con los sindicatos del personal civil del Ministerio de Defensa para hablar y acordar un incremento retributivo para este personal. Pero, «los militares siempre van a rebufo. La administración utiliza la falta de derechos sindicales plenos en las Fuerzas Armadas para dilatar soluciones que son urgentes. No se piden privilegios, sino justicia que se niega sistemáticamente mientras se aprueban partidas millonarias para la industria de Defensa que no repercuten en el capital humano», añaden desde estas asociaciones.
FALTA DE PRESUPUESTOS PARA DEFENSA
El pleno extraordinario de 2024 se cerró en falso con las declaraciones de la Subsecretaria de Defensa que justificó la congelación salarial por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Precisamente por estos hechos las tres asociaciones mantienen un gran escepticismo. «Sin embargo, ahora no es pretexto porque el vigente Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa asigna 679 millones de euros al aumento de retribuciones y al incremento de efectivos», aseguran.
Es necesaria la modificación estructural del Reglamento de retribuciones de 2005 y abordar una subida lineal que dignifique la profesión militar, acercándonos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde la unidad de acción de las organizaciones ASFASPRO, AUME y UMT acudirán al Pleno extraordinario de diciembre para que el ministerio modifique el actual reglamento y lleve a cabo una subida salarial digna. Si la ministra pretende otro acto de «postureo» institucional, se encontrará con el rechazo frontal de quienes representan a miles de familias militares hartas de promesas vacías. Necesitamos hechos. Necesitamos justicia retributiva. Y la necesitamos ya», concluye el comunicado de las tres asociaciones.
El punto que genera mayor fricción y malestar entre los militares es la persistente brecha salarial. Las asociaciones lamentan que los militares sigan siendo el patito feo en el escalafón retributivo de los funcionarios del Estado. Aunque se han producido «tímidas subidas» en los últimos años, estas son calificadas como insuficientes y no resuelven el problema de fondo.
La principal crítica de ASFASPRO, AUME y UMT se centra en la aparente contradicción en las prioridades gubernamentales: «El Consejo de Ministros aprueba semana tras semana partidas presupuestarias millonarias para la Industria de Defensa mientras los militares… continúan ignorados». Esta desatención se produce, además, en un contexto de intensa actividad, donde los efectivos están «empantanados en todo tipo de misiones incluida la escolta de flotillas políticas», exponiéndose en diversos frentes sin una compensación económica acorde al riesgo y la dedicación.
Las cifras de la desigualdad son un dardo directo a la línea de flotación de las políticas de personal: «Seguimos muy lejos de las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y aún más del resto de ejércitos europeos», añaden. Esta comparación, constante en el debate sobre la dignificación de la vida militar, subraya un trato diferencial dentro de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
EL MISTERIO DE LOS 679 MILLONES
Finalmente, las asociaciones no dudan en plantear una pregunta que lleva tiempo rondando en los cuarteles y que ahora llega al corazón de la soberanía nacional: «¿Dónde está el sobre con los 679 millones de euros para el ‘aumento de las retribuciones del personal y aumento de efectivos de las Fuerzas Armadas’ que establece el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa?»
La mención a este fondo, que figura en documentos oficiales y compromisos estratégicos, implica una exigencia de transparencia y cumplimiento. Los militares demandan que los recursos comprometidos para la mejora de su capacidad económica y el crecimiento de la plantilla se materialicen de forma urgente, y no se queden en una mera promesa presupuestaria.
