A primera hora de la mañana de este martes en la prisión algecireña de Botafuegos se activaba un código rojo, todos los trabajadores del establecimiento sabían que un funcionario de prisiones había sido agredido. Otro más en la lista de este año 2025 que promete superar a la del pasado año cuando en las prisiones dependiendo de Instituciones Penitenciarias, hay que sacar a las catalanas que dependen de la Generalitat, se produjeron algo más de 500 agresiones a trabajadores de los centros penitenciarios.
El agresor de Algeciras es un interno de 40 años de edad, que entró por primera vez en prisión en el año 2004, con amplia trayectoria penal por comisión de múltiples delitos: lesiones, atentado a la autoridad, salud pública, robo con violencia, quebrantamiento de condena, falso testimonio, amenazas, … condenado a penas privativas de libertad que suman más de 29 años de prisión.
A todo este historial hay que añadir una amplia trayectoria penitenciaria por su inadaptación al régimen ordinario de vida, con un historial de más de 170 expedientes disciplinarios por insultos, amenazas, coacciones, autolesiones, intervención de material prohibido, resistencia a cumplir órdenes, … debido a su inadaptación al régimen penitenciario ha transitado por diversas prisiones del país como León, Teixeiro, Puerto 3, A Lama, Murcia y finalmente Algeciras.
Este mismo martes hubo que sumarle un nuevo incidente carcelario, cuando los funcionarios de prisiones procedían al reparto de economato, observaron como el interno tenía una sábana manchada de sangre y Betadine, amenazaba con cortarse el cuello si llegaban más funcionarios, finalmente parecía estar tranquilo y colaborador, pero rápidamente y sin mediar palabra lanzó patadas y golpea con el puño impactando en la boca a uno de los funcionarios, teniendo que ser atendido en la enfermería de la prisión y posteriormente en el hospital, además de amenazar de muerte a otros dos funcionarios.
Ese mismo martes se pedía a la dirección del establecimiento el traslado del preso a otro centro penitenciario, debido a la inadaptación que presenta a esta prisión y más acorde a su actual conducta penitenciaria, así como la puesta en conocimiento de los hechos al juzgado de guardia por si fuere constitutivo de delito.
Desde el sindicato de prisiones ACAIP, «volvemos a dirigirnos al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Sr. Ángel Luis Ortiz, para que finalmente muestre buena fe y atienda las reivindicaciones ininterrumpidas que les vienen señalando sus propios trabajadores, invitándole a terminar de elaborar un nuevo protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA) puesto que el actual está desfasado, caduco, arcaico y obsoleto. Cada 15 horas un trabajador penitenciario es objeto de una agresión, entre otros motivos porque el recluso no tiene miedo debido a que los hechos se tramitan judicialmente como falta y no como delito, por ello las condenas son irrisorias; una de las soluciones pasa por el reconocimiento de agente de la autoridad para todos los empleados penitenciarios, es una reivindicación histórica, pero parece que tampoco se aprobará con el Sr. Ortiz en el cargo».
Desde ACAIP, recordar que «el actual mandamás de las prisiones españolas asumió el cargo hace más de 7 años, cada día que transcurre muestra su incapacidad para dirigir las prisiones españolas, los problemas crecen, las cifras de incidentes aumentan, las agresiones también aumentan, los funcionarios de prisiones ostentamos el título de ser el colectivo de empleados públicos que más agresiones sufren en el desempeño de su trabajo, como también se incrementa año tras año el sueldo bruto anual del responsable de instituciones penitenciarias que ascendió en el año 2024 a un total de 144.763,59 €. Por último, felicitar a los funcionarios intervinientes en el altercado además de una rápida recuperación al agredido».
Hay que recordar que en la prisiones españolas, según un reciente estudio, se produce un funcionario de prisiones es agredido. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto se producía un fin de semana negro para los funcionarios de prisiones, cuando un funcionario del módulo 14 (PAIEM, Enfermedades mentales) del Centro Penitenciario de Sevilla II fue brutalmente atacado por un interno con un amplio historial de violencia. El agresor abordó al funcionario por la espalda, rodeándole el cuello con ambas manos estrangulándolo, mientras lo amenazaba con matarlo. El funcionario, que logró zafarse gracias a su formación personal en defensa fuera del ámbito penitenciario, sufrió lesiones en cuello, espalda y garganta, y requirió atención hospitalaria.
EL CASO EXTREMO DE ALGECIRAS
El interno, sobre el que pesaban múltiples informes de peligrosidad, permanecía, a pesar de su peligrosidad, en un módulo de baja conflictividad atendido por un solo funcionario, «lo que evidencia una grave negligencia institucional», señalaban desde el sindicato ACAIP-UGT.
Apenas 24 horas después, el sábado 2 de agosto, una funcionaria en prácticas del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla fue golpeada en la cara por un interno violento durante la subida controlada del módulo de agudos. La intervención inmediata de sus compañeros evitó consecuencias más graves, pero la trabajadora sufrió un fuerte impacto emocional y físico que obligó a su traslado a urgencias hospitalarias.
El agresor, reincidente, cuenta con más de 40 antecedentes por agresiones a personal penitenciario, y recientemente había atacado también a un trabajador del centro de Alicante. Esta situación «se produce en un contexto de alarmante déficit estructural, con cerca del 30% de vacantes sin cubrir en el área de vigilancia y más del 70% de plazas médicas desiertas en este centro», añaden desde ACAIP.
El domingo se produjo otra agresión en el Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), lo que eleva a tres los ataques, al menos, a tres registrados en menos de 72 horas en distintos centros penitenciarios. En este caso, el ataque se produjo mientras el trabajador intentaba mediar y separar en una pelea entre internos.
Las cifras no mienten: desde 2016, las agresiones a funcionarios penitenciarios se han incrementado un 53,49%, y seguimos sin protocolos adecuados ni apoyo real a los trabajadores víctimas.
