La ex militante y ex concejala socialista Leire Díez, imputada por cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, ha sido detenida este miércoles y permanece en los calabozos de la UCO, de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), según adelantó la agencia EFE. El ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, también ha sido detenido en el marco de esta operación desarrollada por los agentes de la UCO de la Guardia Civil.
La investigación, que aún está abierta, se encuentra bajo secreto de sumario y ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.
Las diligencias que instruye el titular del juzgado central de Instrucción 6, Antonio Piña, han sido desarrolladas con gran sigilo y la operación sigue abierta. No se descartan nuevas detenciones con el avance de las pesquisas. Ambos detenidos, Leire Díez y Vicente Fernández, serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.
Según adelantó El Debate hace algunas semanas, Fernández Guerrero pudo ser una de las personas que Cerdán usó como nexo para percibir las comisiones ilegales de la trama que investiga el Tribunal Supremo. El ex número ‘dos’ de María Jesús Montero en Hacienda trabajó entre 2021 y 2023 en la constructora Servinabar, que recibió el contrato de 72 millones de euros para llevar a cabo la reforma del túnel de Belate, en Navarra. De ese dinero, al menos seis millones acabaron en la constructora, de la que Cerdán llegó a tener el 45 % de las participaciones.
Los agentes de la Guardia Civil manejan la tesis de que el expresidente de la SEPI actuó como «persona interpuesta» para que Cerdán pudiera, al mismo tiempo, percibir fondos económicos de la nómina que Fernández Guerrero tenía en la constructora, unos 6.000 euros al mes.
Bajo el mandato de Vicente Fernández el Gobierno autorizó rescates como el de Air Europa o Plus Ultra y se gestó la participación estatal en Talgo. Fue nombrado por María Jesús Montero, que lo conocía por haber ocupado varios altos cargos en la Junta de Andalucía socialista, y fue presidente de la SEPI durante prácticamente un año y medio.
La periodista Leire Díez, de 52 años, es el epicentro de una investigación judicial en la que ministerio público le atribuye el “liderazgo” de un “plan delictivo” para “desacreditar” a la cúpula de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. En esta ocasión al parecer la Guardia Civil quiere interrogarla por unos contratos públicos bajo sospecha de la SEPI sobre los que habría hecho declaraciones.
Ella se presentaba como una reportera de investigación que lleva años indagando en las llamadas cloacas del Estado, niega irregularidades y se defiende: “Parece que el activismo periodístico lo inventé yo”, exclamó el miércoles en una entrevista de televisión.
El pasado mes de noviembre Leire Díez declaró ante el juez Zamarriego y su abogada pidió que declarase la nulidad de dos grabaciones que obran como prueba en la causa en la que se la investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho.
Se trata de los audios de dos reuniones que mantuvieron Leire Díez y otras personas con un empresario y un fiscal, ambas con un objetivo común. En los encuentros, solicitaron a sus interlocutores información sensible de la UCO o la Fiscalía Anticorrupción, que dirigen actualmente las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Además, Leire Díez se presentó en las citas como enviada del Partido Socialista.
Durante la vista el instructor Zamarriego ordenó reproducir allí una de las grabaciones, la que hizo el fiscal Ignacio Stampa, según confirman fuentes jurídicas.
La solicitud de la supuesta fontanera del PSOE se refiere a dos encuentros concretos. El primero se produjo en febrero de 2025 y fue telemático. A un lado de la pantalla estaban Díez, Dolset y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, en cuyo despacho se encontraban todos ellos. Al otro lado estaba Alejandro Hamlyn, empresario investigado por un presunto fraude de los hidrocarburos, fugado de la justicia en Dubai.
La negociación entre ambos bandos era sencilla, aunque resultó infructuosa: Leire Díez ofreció a Hamlyn un trato favorable de la Fiscalía y pedía a cambio información sensible sobre el teniente coronel Antonio Balas, que dirige la investigación del caso Koldo desde la UCO. En su escrito, la presunta fontanera considera que esa grabación filtrada a los medios en mayo supone una «intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, a la protección de datos y al secreto profesional» que ampara al abogado Teijelo.
El segundo encuentro tuvo lugar entre Díez, Dolset, el empresario Luis del Rivero y el fiscal Ignacio Stampa, que investigaba el caso Villarejo hasta que fue apartado de Anticorrupción. En su escrito, la presunta fontanera pide anular los audios que grabó Stampa durante aquella reunión y durante una llamada telefónica que mantuvo con Leire Díez más adelante. Las mencionadas grabaciones «son nulas de pleno derecho, por cuanto las mismas fueron realizadas por un funcionario público miembro del Ministerio Fiscal como parte de una supuesta investigación extraprocesal y prospectiva», defiende la abogada de Díez, Eva María Bejarano.
Aquel día el juez Zamarriego acordaba, precisamente, reproducir la grabación entregada por el fiscal Stampa, de algo más de tres horas de duración. En ella se escucha a Leire Díez presentarse como la persona que «ha puesto el PSOE» para «limpiar» las instituciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. También se puede oír a Javier Pérez Dolset asegurar que el presidente del Gobierno ordenó llevar a cabo esta tarea tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
El empresario investigado Javier Pérez Dolset enviaba otro escrito al juzgado en el que se dice víctima de una «investigación prospectiva», y pide anular el audio de la conversación con Alejandro Hamlyn. Asimismo, dice que los hechos que se le imputan deben ceñirse a su encuentro con Stampa y motiva que el fiscal «no ha concretado ningún hecho susceptible de relevancia penal» con respecto a él. «Consideramos que la investigación que se está desplegando respecto de mi defendido es de carácter prospectivo», apunta la letrada de Dolset, Sabina Sánchez Sánchez.
