La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó este miércoles una contundente operación anticorrupción que ha sacudido los círculos políticos y empresariales. La acción policial se saldó con la detención de tres figuras clave, entre ellas Antxon Alonso, conocido socio de Santos Cerdán, quien hasta hace poco ocupaba la estratégica posición de secretario de Organización del PSOE. Y que era la identidad que ayer no transcendió a la luz pública. Caber recordar que supuestamente Alonso se encuadra supuestamente dentro del entorno de Arnaldo Otegui, histórico líder de la izquierda abertzale y ex miembro de la banda terrorista ETA.
La investigación, promovida por la Fiscalía Anticorrupción y que se mantiene bajo secreto de sumario, se centra en desmantelar una compleja red de presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Además de Alonso, fueron arrestados Leire Díez, una exmilitante socialista, y Vicente Fernández, quien fue en su momento presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un holding público con gran peso en la economía nacional.
Fuentes cercanas al caso indican que las imputaciones que pesan sobre los detenidos son de extrema gravedad, abarcando delitos como prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La variedad de cargos sugiere una trama organizada y planificada para el desvío de fondos y la manipulación de licitaciones.
La intervención de la UCO no se limitó a los arrestos. El operativo se extendió durante la jornada del jueves con la práctica de un total de diecinueve registros en distintas provincias. Las inspecciones se concentraron especialmente en Madrid, Sevilla y Zaragoza, donde los agentes buscaron incansablemente pruebas documentales y digitales cruciales.
El foco central de las pesquisas policiales apunta hacia la mercantil Servinabar. La UCO investiga a fondo las empresas vinculadas a esta compañía, que, según la información recabada, mantiene una conexión directa con Santos Cerdán. Los registros en las sedes asociadas a Servinabar buscan esclarecer su papel exacto en las irregularidades y rastrear el origen de la presunta malversación de fondos públicos y el mecanismo empleado para el tráfico de influencias en la adjudicación de contratos.
Los tres detenidos se enfrentan ahora a la justicia. Deberán comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, el próximo sábado a partir de las diez de la mañana. Tras la toma de declaración, el magistrado tendrá la responsabilidad de decidir sobre su situación personal, determinando si quedan en libertad con medidas cautelares o si la gravedad de los indicios obliga a su ingreso en prisión provisional. La operación, dirigida desde la instancia judicial, se mantiene viva y se espera que las próximas diligencias arrojen más luz sobre el alcance de esta presunta trama de corrupción.
