El último escándalo conocido para la izquierda política ha sido el del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ha sido denunciado por presuntos acoso sexual a varias compañeras del PSOE. Tomé dimitió este mismo martes. No es el único, antes que él, Paco Salazar tuvo que abandonar sus puestos en el Palacio de La Moncloa y en el PSOE y como ellos una larga lista de cargos socialistas que pasarán a la fama no precisamente por sus políticas feministas. De momento, ya hay dos denuncias contra Salazar y la polémica no cesa, como un constante goteo que erosiona al partido.
La información sobre Tomé fue adelantada por el programa de televisión Código 10 este pasado martes, cuando seis denunciantes alertaron de tocamientos y propuestas de trabajo a cambio de favores sexuales a través del canal interno del partido socialista contra prácticas abusivas. Las denunciantes también advirtieron de mensajes subidos de tono y llamadas telefónicas obscenas. El PSOE de Galicia se defendió diciendo que «no hay constancia de ninguna denuncia judicial«. Tomé declaró en La Voz de Galicia que «esto es un montaje muy claro».
Lo de Tomé no es nuevo, en el año 2021 el Partido Popular gallego ya protestó por los comentarios misóginos del presidente de la Diputación después que cuestionara en una intervención el «aspecto de leopardo» de la diputada «popular» Elena Candia.
Pero de momento el que acumula denuncias, una de Manos Limpias y otra de Hazte Oír, es Francisco Paco Salazar, que se encuentra en el centro de un grave escándalo por acusaciones de acoso sexual y comportamientos inapropiados que se extienden a su etapa tanto en la Presidencia del Gobierno como en el PSOE. La presión generada por estas denuncias ha forzado a Salazar a renunciar a formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE y a apartarse de su cargo como coordinador Institucional de la Presidencia del Gobierno.
DENUNCIAS CONTRA LA IZQUIERDA
El caso salió a la luz tras las denuncias presentadas por varias trabajadoras y compañeras del partido y de Moncloa. Estas mujeres testificaron sobre un patrón de conducta que incluía «comentarios obscenos sobre su vestimenta y su cuerpo», el uso de «lenguaje hipersexualizado», «baboseo y misoginia», además de invitaciones insistentes para cenar a solas, ofrecimientos para quedarse a dormir en casa y gestos obscenos.
Ante la gravedad de los testimonios, el PSOE activó su Órgano contra el Acoso y abrió una investigación interna para esclarecer los hechos. Sin embargo, la gestión del caso por parte de la cúpula socialista ha sido objeto de fuertes críticas y ha generado un notable malestar interno, con acusaciones de que se intentó frenar el protocolo anti acoso y de que incluso se borraron testimonios internos sin contactar con las denunciantes.
Sin embargo, el partido ha intentado calmar las aguas. El 5 de diciembre de 2025, el PSOE distribuyó una nota interna en la que pide disculpas públicamente y reconoce «no haber estado a la altura» en la gestión inicial de la crisis. A pesar de que Salazar ha causado baja como militante, la dirección socialista asegura que el procedimiento interno sigue en curso y que próximamente se elaborará un informe con la propuesta de medidas a adoptar. Mientras tanto, las dos denuncias de asociaciones ciudadanas siguen su curso.
Esta decisión de mantener el expediente a nivel interno choca con la presión que ejercen diversas voces dentro del partido para que el caso sea elevado a la Fiscalía. El PSOE, por el momento, se resiste a la vía judicial, prefiriendo concluir su propia investigación, mientras la polémica y las dudas sobre la transparencia en la aplicación de los protocolos anti acoso siguen empañando la imagen del partido y de la izquierda española. Manos Limpias lo llevó a la Fiscalía sin necesidad de que las afectadas denunciasen. Habrá que esperar a ver qué actitud toma la fiscalía madrileña.
La asociación Hazte Oír prefirió acudir al juzgado de guardia y denunciar no solo a Salazar, sino también a Antonio Hernández Espinal, cesado esta misma semana por su presunto encubrimiento, como a Francisco Martín Aguirre, ex Secretario General de la Presidencia del Gobierno y actual Delegado de Gobierno en Madrid.
A ambos los acusa de los presuntos delitos públicos de omisión del deber de perseguir delitos (art. 408 CP), de omisión del deber de impedir delitos y de promover su persecución (art. 450 CP) y de encubrimiento (art. 451 CP). Esto es así al considerar Hazte Oír que existen indicios que certificarían que su actuación podría haber implicado abuso de funciones públicas, siendo determinantes para proteger a Salazar y evitar investigaciones en su contra.
El caso del presidente de la Diputación de Lugo no hace más que añadir gasolina al fuego de una alarma social y política encendida una vez más en el PSOE, que ahora ve cómo un nuevo caso de acoso, violencia de género o consumo de prostitución salpica a otro de sus cargos. Esta situación, lejos de ser excepcional, se está convirtiendo en un patrón recurrente.
Son ya varios los dirigentes de la entidad socialista que han sido acusados y condenados por delitos de violencia machista, agresiones sexuales y otras conductas vejatorias hacia la mujer, incluyendo el uso de dinero público en el consumo de prostitución. Esta realidad choca directamente con el discurso oficial del partido, que en teoría persigue y acusa a otras formaciones políticas de no condenar estas prácticas.
Como el caso de Torrejoncillo (Cáceres), un pequeño pueblo extremeño de apenas 3.000 habitantes. El protagonista es Ricardo Rodrigo, ex alcalde que fue acusado de haber golpeado presuntamente a su mujer en 2023.
El caso de Rodrigo es solo la punta de lanza de un largo historial. Quizás el incidente más notorio es el protagonizado por Jesús Eguiguren, expresidente del Partido Socialista de Euskadi-Euskadio Esquerra (PSE-EE), condenado en 1992 por agredir a su exmujer, Asunta Zubiarráin. Este suceso, que dejó al descubierto las «vergüenzas y el cinismo» de parte de la militancia, fue minimizado por el ex ministro socialista Ramón Jauregui, quien llegó a declarar que «fue un incidente de hace muchísimos años que tiene, probablemente, una explicación distinta de la que ofrece la propia sentencia», en referencia a la condena de 17 días de arresto.
A este precedente se suman casos de extrema gravedad, como el de Gerardo Isidro Vivo, edil del PSPV-PSOE en la valenciana Massalfassar. Vivo fue condenado por la Audiencia de Valencia a cuatro años de prisión y otros cinco de libertad vigilada por abusar sexualmente de una compañera de trabajo en 2018. La sentencia probó que el ex concejal cometió el abuso de manera «oportunista y subrepticia» aprovechando que la joven tenía anulada su voluntad en el trayecto en coche tras una cena de empresa.
Otro dirigente condenado fue Norberto Máñez, exsecretario general del PSPV en Chiva (Valencia), castigado a cinco días de localización permanente por un delito leve de vejaciones injustas contra su mujer. Además de estos nombres, la sombra de la corrupción y el uso de dinero público en prácticas vejatorias, como la prostitución, también ha salpicado a la formación en casos como los investigados en el ‘Tito Berni’ o en el mediático Caso Koldo.
LA IRONÍA DE LOS INDULTOS
Otro de los capítulos más controvertidos fue en su momento la política de indultos aplicada por el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Paradójicamente, Zapatero, que en varias ocasiones se posicionó en contra de esta medida de gracia, concedió entre 2008 y 2011 un total de 18 indultos a condenados por violencia contra la mujer.
El Ministerio de Justicia, en una respuesta parlamentaria remitida en 2014, confirmó que se perdonó a 18 condenados por violencia doméstica: dos casos en su primer mandato (2005 y 2007) y 16 en el segundo (entre 2008 y 2011). A pesar de la gravedad de los delitos, los nombres de los indultados se pierden mayoritariamente en el anonimato del Boletín Oficial del Estado (BOE), al figurar simplemente como un Real Decreto.
Por otro lado, el extenso sumario que rodea a la trama de corrupción del ‘Caso Koldo’ ha desvelado una capa aún más oscura que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su ex asesor, Koldo García Izaguirre. Más allá de los presuntos sobrecostes en la compra de mascarillas, la investigación judicial ha sacado a la luz conversaciones y gestiones que apuntan directamente al consumo de prostitución, supuestamente financiado con fondos cuyo origen debe aún determinarse.
Los mensajes intervenidos por la Guardia Civil han generado una profunda indignación, especialmente en las filas feministas del PSOE. Audios y chats desvelan a Koldo García refiriéndose a mujeres con términos denigrantes y haciendo referencias explícitas a «la puta» o a la necesidad de conseguir dinero en efectivo para cubrir los gastos de Ábalos, lo que sugiere una práctica habitual en la cúpula del ministerio.
Este presunto patrón de conducta vejatoria colisiona violentamente con el discurso público del propio Ábalos, quien en el pasado se había declarado «feminista» y expresado su «asco» por la explotación sexual, afirmando que no había «necesitado recurrir» al sexo de pago. La contradicción entre la ética defendida y los hechos investigados erosiona gravemente la credibilidad del ex dirigente socialista y aviva el debate sobre la doble moral en la política, especialmente en un partido que ha hecho de la lucha contra la prostitución una de sus banderas.
Otra nueva crisis estallaba también en las filas socialistas tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por una militante contra el secretario general del partido en Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto delito de acoso sexual. La dirección federal del partido ha reaccionado con rapidez, anunciando la suspensión cautelar de militancia de Navarro y la apertura de un expediente disciplinario.
La denuncia, que se tramita en la Fiscalía de Violencia de Género, recoge presuntos tocamientos no consentidos y el envío de un elevado número de mensajes inapropiados con connotaciones sexuales y proposiciones insistentes a la denunciante. Algunos de estos mensajes, enviados en el último trimestre de 2021 tanto en horario laboral como nocturno, incluirían frases como «te quiero meter ficha» o «iré depilado por si tienes un desliz».
La controversia se ha intensificado debido a la gestión interna del caso. La denunciante asegura que notificó estos hechos a la dirección del partido ya en junio, pero ante la supuesta inacción del Órgano contra el Acoso del PSOE, decidió acudir a la justicia ordinaria. La dirección provincial de Málaga solicitaba la dimisión «inmediata» de Navarro de todos sus cargos institucionales. Este suceso, sumado a otros escándalos recientes que vinculan a cargos socialistas con conductas vejatorias, intensifica el debate sobre la coherencia ética del partido.
El caso de Íñigo Errejón, ex portavoz de Más País y apartado de la política, a la espera de juicio por 3 presuntas agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá desató todos los «fantasmas» de la izquierda, que había defendido el «sólo sí es sí» a pesar de las consecuencias que acarreó. La semana pasada también era detenido en Cuba el profesor Martiño Ramos, que había sido fundador junto a Yolanda Díaz de la formación En Marea en 2015 y buscado por delitos de pederastia. Un caso similar al de Ramiro Santalices, asesor de Yolanda Díaz, que fue encubierto durante 7 años por la formación.
