La expectación ha marcado la jornada en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor Antonio Piña la libertad provisional con medidas cautelares para tres figuras clave en la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. La solicitud concierne a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso, conocido por su vinculación con el exdirigente socialista Santos Cerdán.
Los tres detenidos, arrestados el pasado miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, comparecieron esta mañana ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4. La fiscal Elisa Lamelas ha optado por un régimen de libertad con la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados y la retirada del pasaporte, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press. Esta decisión de la acusación pública es determinante, ya que, al no existir otras partes personadas, el magistrado no podrá imponer la medida más gravosa de prisión preventiva a ninguno de los investigados.
El furgón policial trasladó a Díez, Fernández y Alonso a las dependencias judiciales a primera hora de este sábado, con la toma de declaración dando comienzo cerca de las 10:00 horas. El caso, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, se instruye por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal, manteniendo el secreto de sumario sobre las pesquisas en curso.
La investigación se centra en contratos vinculados a la mercantil Servinabar, una empresa que, según la UCO, mantiene lazos con Santos Cerdán. El juez Piña ordenó una serie de registros y requerimientos de información en distintos puntos de la geografía española: Madrid, Sevilla y Zaragoza. Entre las compañías y organismos visitados por los agentes se encuentran las sedes de Forestalia, además de personaciones en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para reclamar documentación sensible.
La sombra de la trama también ha alcanzado a organismos gubernamentales de alto nivel. La Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recabar expedientes. Este último departamento precisó que el requerimiento se saldó con la «total colaboración» de la administración, facilitando dos expedientes administrativos que, según la nota oficial, «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».
Además de los tres arrestados, la lista de investigados en esta compleja causa no se agota. Fuentes del caso consultadas elevan el número de personas bajo la lupa judicial a más de una docena. Entre ellos, el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, cuya investigación fue confirmada este viernes por el PSPV.
LA DOBLE INVESTIGACIÓN A DÍEZ
Leire Díez, antigua militante del PSOE y con experiencia en empresas dependientes de la SEPI, no es ajena a los focos judiciales. Paralelamente a esta causa, figura como investigada en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. En esta otra línea de investigación, el magistrado Artuzo Zamarriego considera que la exconcejal socialista presuntamente «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con el objetivo de obtener información sensible que pudiera «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Díez declaró ante el juez Zamarriego el 17 de noviembre, defendiendo que sus dos reuniones con Cerdán se produjeron en su calidad de periodista y negando cualquier vínculo partidista o la oferta de favores. Su currículum vitae muestra un paso por empresas públicas; en 2018 entró en Enusa, donde permaneció hasta 2021, momento en el que solicitó una excedencia voluntaria para incorporarse a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas sociedades bajo el paraguas de la SEPI.
VÍNCULOS ECONÓMICOS ENTRE FERNÁNDEZ Y ALONSO
El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, cuyo nombramiento se produjo en junio de 2018 y cuya dimisión tuvo lugar en octubre de 2019 tras su imputación – y posterior absolución – en el ‘caso Aznalcóllar‘, también presenta conexiones financieras con la trama. Documentación remitida por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ detalla pagos significativos de Servinabar a Fernández: 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023, además de una retención de 40.800 euros en 2022.
Por su parte, el empresario Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, se enfrenta a su segunda imputación judicial de alto perfil, ya que también está siendo investigado por el Tribunal Supremo en la pieza del ‘caso Koldo’ que examina una supuesta red de amaños en obras públicas. En su declaración del 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, Alonso negó haber efectuado pagos ilícitos a cambio de adjudicaciones. Aunque desvinculó completamente a Cerdán de Servinabar, sí admitió haber pagado comisiones al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación en proyectos de construcción privados anteriores a 2017. Alonso ha mantenido la postura de ser el socio único de Servinabar, restando validez al contrato privado que la Guardia Civil halló, el cual registraba la adquisición por parte de Cerdán de una participación del 45% (1.350 participaciones) de la empresa, una mercantil que logró obras del Gobierno navarro por valor de más de 75 millones de euros.
