El PSOE ha tratado de afrontar públicamente las conclusiones de su informe interno sobre varias denuncias de acoso, desencadenando una cascada de anuncios que buscan proyectar una imagen de rigor y compromiso, aunque dejando importantes dudas sobre la contundencia de sus acciones legales. Y que desde algunos sectores críticos del partido indican que sirven para tapar a los agresores y minimizar el daño electoral de sus actos, algunos bastante graves y desagradables.
En referencia, a esto la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, compareció ayer viernes en la sede de la formación para detallar la postura oficial tras la investigación llevada a cabo por el Órgano contra el Acoso, un proceso iniciado a raíz de las acusaciones recibidas a través del canal ético.
La comparecencia de Torró comenzó con un acto de reconocimiento y contrición. En nombre del PSOE, la dirigente socialista reiteró las disculpas a las mujeres que presentaron las denuncias, asumiendo que «se ha fallado en la comunicación con ellas». Esta admisión de un error en el manejo humano del proceso contrasta con su defensa de la actuación del Órgano interno. Torró insistió en que el mecanismo de investigación ha estado operativo y en funcionamiento desde el mismo instante en que se recibieron las acusaciones, negando de manera categórica que las denuncias hayan sido eliminadas, ignoradas o escondidas en ningún momento.

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y HERMETISMO
A pesar de la trascendencia del tema, Rebeca Torró se mantuvo firme en su decisión de no desvelar el contenido detallado de las conclusiones del informe, amparándose en el carácter estrictamente confidencial del documento y en las posibles consecuencias que su divulgación pública podría acarrear en el ámbito penal. Sin embargo, sí dio cuenta de las decisiones disciplinarias adoptadas por la cúpula socialista como consecuencia directa de la investigación.
La primera de estas determinaciones es la relativa a Paco Salazar, cuya suspensión de militancia impuesta no podrá ser revocada de forma automática. En el caso de Antonio Hernández, señalado por la investigación como posible conocedor de los hechos denunciados, la secretaria de Organización informó de la apertura de un expediente informativo con el objetivo de esclarecer de manera exhaustiva su presunta implicación o su grado de conocimiento sobre los hechos.
Reconociendo los fallos operativos que pudieron haberse producido en el engranaje del proceso interno, Torró anunció un compromiso de mejora integral y ambicioso. En este sentido, la dirección del PSOE «va a reforzar el Órgano contra el Acoso con más apoyo jurídico especializado», una medida fundamental que busca dotar de un mayor rigor técnico y una superior eficacia al mecanismo de gestión de denuncias.
Además del refuerzo estructural, la número tres de los socialistas anunció la puesta en marcha de campañas formativas y de sensibilización destinadas a toda la estructura orgánica del partido, con el fin de prevenir conductas de acoso y garantizar la correcta aplicación del protocolo. Torró fue categórica al asegurar: «No vamos a escatimar en recursos para realizar las mejoras que este Protocolo precisa». En el ámbito de apoyo a las denunciantes, el partido ofrecerá apoyo jurídico y asistencia psicológica a aquellas mujeres que decidan emprender acciones legales externas a la formación.

FEMINISMO A MEDIAS: LA CONTROVERSIA DE LA FISCALÍA
Rebeca Torró calificó esta situación como «un antes y un después» para el partido y prometió una actuación «implacable» e «incansable para seguir poniendo en pie mecanismos que acaben con esta terrible realidad que algunos se empeñan en negar». La dirigente se mostró convencida de que «este camino que hemos abierto nos fortalece y nos hace mejores».
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos de la rueda de prensa giró en torno a las acciones legales. A pesar de que el informe acredita la «verosimilitud» de las denuncias y que el partido tipifica estas conductas como una «falta muy grave» en base a su normativa interna, el PSOE ha decidido no poner los hechos directamente en conocimiento de la Fiscalía. Simplemente, se ofrece a prestar su «respaldo» y apoyo a aquellas mujeres denunciantes que deseen emprender acciones legales, poniendo a su disposición la ayuda psicológica necesaria. Esta postura, según Torró, también se extenderá a aquellas víctimas que decidan no llevar los hechos ante la Justicia, una decisión que, según la secretaria de Organización, ha sido manifestada por algunas de ellas. La decisión de no denunciar de oficio ante el Ministerio Público, a pesar de la gravedad de los hechos acreditados, plantea una contradicción con la retórica de tolerancia cero que enarbola el partido.
Torró aprovechó la comparecencia para reivindicar el papel histórico del Partido Socialista en la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres, asegurando que el PSOE «ha escrito la historia feminista de este país». Subrayó con convicción que «Hoy España es un país feminista gracias a los Gobiernos del PSOE, y así seguirá siendo».
Finalmente, la secretaria de Organización quiso trazar una línea roja ante las críticas que lleguen desde fuera de sus filas, reiterando que el Partido Socialista «no va a permitir lecciones» de quienes, a su juicio, «niegan la violencia machista y recortan los derechos de las mujeres allí donde gobiernan».
NUEVA DENUNCIA QUE ENFRÍA LA REACCIÓN SOCIALISTA
La contundencia de las medidas anunciadas por Torró corre el riesgo de quedar eclipsada por un nuevo caso destapado en las últimas horas. El diario ABC señalaba que Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), había enviado mensajes de índole sexual y proposiciones repetidas e insistentes, como: «Te tengo muchas ganas», «echas de menos una buena comida de almeja» o «estoy solito en el ayunta», a una subordinada suya en el consistorio. Las proposiciones, según el citado medio, habrían comenzado en marzo de 2023 y continuaron a lo largo de los primeros meses de este año. Este nuevo episodio pone una vez más bajo la lupa la eficacia y la celeridad con la que el PSOE aborda las denuncias de acoso en sus filas, ensombreciendo la respuesta dada por su cúpula en Madrid.






