El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado por el Gobierno para auxiliar a compañías en apuros por la pandemia de la COVID-19, se encuentra bajo el escrutinio judicial tras última denuncia interpuesta por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias. El objetivo de la acción penal no es otro que Bartolomé Lora Toro, Vicepresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y quien presidió en funciones el Consejo Gestor del FASEE en el momento más crítico. La denuncia se centra en la primera y más cuantiosa operación del Fondo: el rescate de 475 millones de euros a favor del Grupo Globalia y sus filiales, Air Europa Holding SLU, Air Europa Líneas Aéreas SAU y Aeronova SLU.
Manos Limpias imputa a Lora Toro, y a las personas que resulten responsables, la presunta comisión de graves delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (artículos 306 y 308 del Código Penal), Prevaricación de Funcionarios Públicos (artículo 404), Fraudes y Exacciones Ilegales (artículo 436), y Negociaciones y Actividades Prohibidas a los Funcionarios Públicos (artículo 439). El núcleo de la acusación reside en una presunta cadena de irregularidades, forzamiento de la ley y elusión de controles que habrían permitido a Air Europa acceder a fondos públicos a pesar de incumplir, supuestamente, varios requisitos de elegibilidad definidos por la propia normativa gubernamental y las directrices europeas y parlamentarias.
EL CÚMULO DE IRREGULARIDADES EN EL RESCATE DE 475 MILLONES DE EUROS
El FASEE fue concebido en julio de 2020 para inyectar apoyo público temporal a empresas consideradas «estratégicas» para el tejido productivo nacional, aquellas «relevantes para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o para su contribución al buen funcionamiento de los mercados». Bartolomé Lora Toro, en su calidad de presidente en funciones de SEPI (el cargo estaba vacante tras la dimisión de su anterior titular), asumió la gestión del Consejo Gestor.
Las presuntas ilegalidades que sustentan la denuncia de Manos Limpias se articulan en cinco ejes principales:
Deudas con Hacienda: El requisito de la elegibilidad incumplido
Uno de los criterios esenciales de elegibilidad, establecidos por la Orden PCM/679/2020 del 23 de julio, exigía taxativamente que las empresas beneficiarias estuvieran «al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social».
La denuncia sostiene que el Grupo Globalia habría incumplido este requisito de manera «palmária». Para probarlo, Manos Limpias aporta sentencias de la Audiencia Nacional que confirman que la Agencia Tributaria mantenía una exigencia de casi 59 millones de euros en concepto de cuotas e intereses al grupo de Juan José Hidalgo, una deuda que persistía en marzo de 2020, dentro del periodo en el que se produjo el rescate. Según la organización, Lora Toro, al frente del Consejo Gestor que debía «verificar la concurrencia de los mismos» y la «validez y suficiencia de la información aportada», habría ignorado o permitido pasar por alto esta circunstancia fundamental.
Fraccionamiento sospechoso para eludir a Bruselas
El rescate a Globalia fue autorizado por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020 por un total de 475 millones de euros. El importe se estructuró a través de dos instrumentos financieros: un préstamo participativo de 240 millones de euros y un préstamo ordinario de 235 millones.
Según la denuncia, esta división fue un «artificio» intencionado para evitar la fiscalización de la Comisión Europea. Tanto la Orden PCM/679/2020 como la Decisión de la Comisión de 31 de julio de 2020 SA.57659 establecían que las «intervenciones superiores a 250 millones de euros por beneficiario serán objeto de notificación individualizada» y autorización por parte de Bruselas. Al fraccionar los 475 millones en dos préstamos por debajo del umbral de 250 millones, el Consejo Gestor, presidido por Lora Toro, habría eludido el control europeo sobre la operación.
El incumplimiento ecológico y social de Air Europa
En paralelo a la creación del Fondo, el Congreso de los Diputados emitió el 29 de julio de 2020 un Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica. Una enmienda aprobada obligaba a que «cualquier ayuda o préstamo irá vinculado a condiciones ecológicas, sociales y económicas justas y sostenibles». Específicamente, las empresas que recibieran ayuda pública debían «cumplir o comprometerse a cumplir el Acuerdo climático de París, comprometerse con la protección de la biodiversidad, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como no operar en paraisos fiscales».
El rescate a Air Europa se aprobó sin ninguna «condición de carácter climático o ambiental». El Grupo Más País – Equo protestó formalmente el 6 de noviembre de 2020 ante la Mesa del Congreso, señalando que la operación incumplía «de manera clamorosa» estas conclusiones, dado que el sector aéreo es uno de los mayores contribuyentes al calentamiento global. Para Manos Limpias, la aprobación por parte del Consejo Gestor de Lora Toro sin incorporar estas condiciones supondría otra flagrante irregularidad.
La misteriosa antigüedad de la beneficiaria
Otra de las críticas más severas se dirige a la principal beneficiaria del dinero: Air Europa Holding SLU. La denuncia revela que esta sociedad adquirió su denominación actual el 20 de diciembre de 2019, pero su origen se remonta a una empresa previa, MESYE MANAGEMENT SL, constituida el 13 de noviembre de 2019 con un «exiguo capital de 3.000 euros».
Manos Limpias califica como de «ilegalidad absoluta» que una sociedad con menos de un año de vida y un capital tan insignificante pudiera acogerse a un préstamo de 475 millones de euros en condiciones tan ventajosas. La organización judicial considera que Lora Toro, como presidente en funciones del Consejo Gestor, debe testificar ante el juez para «aclarar esta manifiesta ilegalidad» y confirmar si la ayuda fue o no impuesta desde el Consejo de Ministros.
El contexto político: Reunión en casa del Ministro
La denuncia también arroja luz sobre el contexto político que rodeó la operación. Se menciona que se tuvo conocimiento de una «reunión secreta en casa de Ábalos» (en referencia a José Luis Ábalos, entonces ministro de Fomento) donde se habrían «pactado las condiciones del pago del segundo plazo del rescate al Grupo Globalia». Este encuentro, según el texto, iría ligado al interés de la SEPI en imponer el nombramiento de un nuevo CEO y la posterior fusión de Air Europa con Iberia.
La denuncia de Manos Limpias exige al Juzgado de Instrucción que, además de la admisión a trámite de la denuncia, se cite a Bartolomé Lora Toro para que preste declaración sobre los hechos denunciados y su participación e intervención en los mismos. La sombra del escándalo se cierne así sobre el Fondo, poniendo en entredicho la transparencia y la legalidad de la que fue la primera y más mediática operación de rescate durante la crisis de la COVID-19, y que se convirtió en una de las decisiones más polémicas del Ejecutivo en ese periodo.
