El líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la próxima cita electoral en Extremadura como el punto de partida de un cambio de ciclo político a nivel nacional. Durante su intervención, el dirigente popular ha vaticinado que el resultado en esta comunidad autónoma iniciará un «efecto dominó» que se extenderá por otros territorios como Aragón, Castilla y León y Andalucía. Para Feijóo, la victoria de su formación en suelo extremeño representaría el primer paso para que España logre salir de lo que ha definido como un «pantano de corrupción, extorsión y machismo«. En este sentido, ha subrayado que la convocatoria de elecciones generales antes de que finalice el año sería la mejor noticia para los españoles, permitiéndoles juzgar la gestión de un Gobierno que considera agotado.

Feijóo ha sido especialmente duro al analizar la situación del Ejecutivo central, señalando que el verdadero balance de la gestión de Pedro Sánchez no lo hace el propio Gobierno, sino instituciones como la UCO, la UDEF y los tribunales. El presidente del PP ha remarcado el deterioro institucional aludiendo también a las denuncias de mujeres dentro del propio Partido Socialista sobre presuntos casos de acoso sexual. Respecto a la posibilidad de presentar una moción de censura inmediata, el líder popular ha mantenido una postura de prudencia estratégica. Aunque reconoce un interés creciente en activar este mecanismo, se niega a formalizarlo si solo sirve para que una votación parlamentaria valide comportamientos que considera delictivos, a menos que algún grupo socio del Gobierno actúe con coherencia y garantice su éxito.

En clave autonómica, Feijóo ha presentado a la candidata María Guardiola como la única opción para garantizar una «oportunidad histórica» de avance y estabilidad. El dirigente ha advertido a los votantes sobre el riesgo de caer en pinzas políticas que generen bloqueo, criticando tanto al PSOE por presentar candidatos bajo sospecha judicial como a Vox por intentar trasladar la inestabilidad nacional a la región. El programa popular para Extremadura, según ha adelantado, se centrará en la bajada de impuestos, la defensa del sector primario y la protección de la industria energética, incluyendo la continuidad de su central nuclear. Feijóo ha concluido insistiendo en que la prioridad de su partido es ofrecer cuatro años de prosperidad.

CUCA GAMARRA Y SU ARREÓN DE CADA DÍA

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha lanzado un durísimo ataque contra el bloque de investidura, acusando directamente a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez de actuar como «cómplices» necesarios de una situación que califica de «corrupción sistemática y sistémica». Para Gamarra, la supervivencia de un Gobierno que considera «absolutamente acabado» solo se explica por el silencio interesado de formaciones como Sumar, Junts, PNV, ERC, Bildu y Podemos.

La dirigente popular ha denunciado que el goteo de informaciones sobre presuntas irregularidades afecta ya a múltiples ministerios y empresas públicas, donde, según sus palabras, se habrían producido mordidas de forma reiterada. Gamarra lamenta que, ante la gravedad de estos hechos, los aliados del PSOE opten por no actuar, permitiendo que la gestión pública se vea empañada por el escándalo. En su análisis, esta actitud no solo degrada las instituciones, sino que supone un amparo explícito a las sombras de corrupción y a los recientes casos de acoso sexual que han sacudido el entorno de la Moncloa. Según la portavoz, el verdadero balance de este año para Sánchez no lo dictan los indicadores económicos, sino los informes de la UCO y los testimonios de las mujeres que han alzado la voz dentro de las filas socialistas.

PARÁLIS INSTITUCIONAL Y SOCIAL

Este blindaje parlamentario tiene, a juicio de Gamarra, consecuencias directas en la vida de los españoles. La dirigente ha vinculado la agonía política del Ejecutivo con el deterioro de los servicios públicos y los problemas sociales, citando específicamente la crisis de la vivienda, el aumento de la criminalidad, la pérdida de poder adquisitivo y el deficiente funcionamiento del sistema ferroviario. Bajo esta premisa, el Partido Popular mantiene abierta la puerta a una moción de censura, condicionándola a que alguna fuerza política decida «dar un paso al frente». Para Gamarra, la perversión de los protocolos internos del PSOE ante casos de acoso demuestra que las estructuras del Estado se están utilizando para proteger al entorno del presidente, dejando a los ciudadanos y a las víctimas en una situación de absoluta vulnerabilidad.

Para profundizar en la tesis de Cuca Gamarra sobre el papel de los aliados parlamentarios del Ejecutivo, es necesario analizar lo que el Partido Popular define como una «omertá política» motivada por intereses estratégicos. Desde la óptica de la dirección popular, el apoyo de Sumar, Junts, PNV, ERC, Bildu y Podemos no responde a una coincidencia programática, sino a un cálculo de supervivencia que les convierte en cooperadores necesarios de las presuntas irregularidades.

DESGASTE DE LAS SIGLAS

Gamarra sostiene que este abanico de partidos ha decidido priorizar sus agendas particulares —ya sean de corte independentista, territorial o ideológico— por encima de la regeneración institucional. Al mantener su respaldo a un gabinete cercado por investigaciones judiciales, la vicesecretaria popular sugiere que estas formaciones están validando indirectamente la «corrupción sistémica» que denuncia su partido. En el caso específico de Sumar, el PP pone el foco en la contradicción que supone enarbolar la bandera del feminismo mientras, a su juicio, se amparan comportamientos de acoso sexual dentro del organigrama gubernamental. Para el PP, el silencio de Yolanda Díaz y el resto de socios ante los informes de la UCO no es una omisión inocente, sino una transacción política: estabilidad en Madrid a cambio de concesiones en sus respectivos feudos o cuotas de poder.

La estrategia de Génova busca erosionar la base electoral de estos socios advirtiendo que «sus votantes toman nota». El argumento de Gamarra apunta a que el coste de sostener a un Gobierno que define como «pervertido» terminará contagiando a las siglas que lo sustentan. Al señalar a Junts o al PNV, el PP intenta evidenciar una supuesta pérdida de coherencia ética en formaciones que tradicionalmente se han presentado como gestores responsables. Esta presión busca forzar una ruptura en el bloque de investidura, sugiriendo que el amparo a Sánchez no solo es moralmente cuestionable ante los casos de corrupción, sino que es una apuesta de alto riesgo que les hace cómplices del deterioro de servicios públicos críticos como los trenes o la seguridad ciudadana.