La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado formalmente el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra Íñigo Errejón por presunto abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá. En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 47, el Ministerio Público impugna el recurso del exdirigente de Sumar, pero aclara que no formulará escrito de acusación al considerar que los indicios recabados hasta la fecha son insuficientes.
Este proceso judicial comenzó tras la denuncia de Mouliaá, quien acusó a Errejón de agresión sexual por unos hechos ocurridos en 2021, lo que provocó la dimisión fulminante del político y una crisis institucional en su formación. Aunque el magistrado Adolfo Carretero había dictado el auto de continuación para el procedimiento abreviado, la Fiscalía sostiene ahora que, tras practicar las diligencias necesarias, no ha quedado acreditada la perpetración del delito. Con este movimiento, el Ministerio Público se alinea con el cierre de las actuaciones, trasladando la decisión final a la Audiencia Provincial de Madrid. El caso queda así en un impase jurídico, pendiente de si la acusación particular logra aportar pruebas que reviertan esta solicitud de archivo.
ESTRATEGIA DE LA DEFENSA DE ERREJÓN
La estrategia de defensa de Íñigo Errejón para recurrir el auto de procesamiento se ha centrado en denunciar una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, alegando que la instrucción ha sido precipitada y carente de rigor probatorio. En su recurso, la representación legal del exdirigente de Sumar sostiene que el magistrado Adolfo Carretero incurrió en una «falta de motivación» al dictar el paso a procedimiento abreviado, argumentando que no se han valorado adecuadamente las contradicciones en el testimonio de Elisa Mouliaá.
La defensa insiste en que las diligencias practicadas no permiten sostener una acusación de agresión sexual, subrayando que los hechos denunciados carecen de apoyo en pruebas periféricas o testigos directos que corroboren la versión de la actriz. Asimismo, han cuestionado la celeridad con la que se cerró la fase de instrucción, sugiriendo que la presión mediática en torno al caso ha condicionado los tiempos judiciales. Al impugnar el auto, buscan que la Audiencia Provincial de Madrid declare la nulidad de las actuaciones o, en su defecto, dicte el archivo definitivo, una postura que ahora se ve reforzada por la reciente decisión de la Fiscalía de no presentar escrito de acusación.
