El Tribunal Supremo ha procedido a la unión de piezas documentales clave que vinculan una investigación de la Audiencia Nacional con la causa especial que afecta a aforados en el alto tribunal. Este movimiento administrativo, reflejado en una diligencia de ordenación de diciembre de 2025, no es un mero trámite de oficina, sino la consolidación de una línea de investigación que conecta presuntas irregularidades en el sector de los hidrocarburos con figuras de la alta política nacional. La documentación ahora incorporada arroja luz sobre las ramificaciones de una supuesta organización criminal dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales, situando en el foco un contrato de arrendamiento que vincula directamente a un exministro con la infraestructura de la trama.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desempeñado un papel fundamental en el hallazgo de esta evidencia. En el marco de las Diligencias Previas 147/2024, el Grupo de Delincuencia Económica 1 ha estado rastreando las operaciones de una red que utilizaba autorizaciones de mercado en hidrocarburos para eludir impuestos y lavar dinero. Durante un registro efectuado en diciembre de 2024 en el domicilio de María del Carmen Pano, los agentes incautaron una serie de documentos que resultaron ser la pieza del rompecabezas que faltaba. Entre los más de cien folios intervenidos, se localizó un contrato de arrendamiento con opción a compra, identificado como el documento «M-10-DOC 8«, que detalla la relación contractual sobre una propiedad específica.
Este hallazgo no fue casual, sino fruto de un análisis exhaustivo que incluyó el volcado de dispositivos digitales. La misma documentación se encontraba replicada en el teléfono móvil de Leonor María González Pano, administradora única de la sociedad Have Got Time, S.L.. Al verificar que el contenido digital coincidía con el físico, los investigadores confirmaron la relevancia de este contrato para la Causa Especial 20775/2020 del Tribunal Supremo. El fiscal del caso, Luis Pastor Motta, subrayó la utilidad de estos testimonios para el procedimiento judicial, instando a su remisión oficial para que fueran incorporados como prueba de cargo en las diligencias que afectan a la Sala de lo Penal.
CONTRATO BAJO SOSPECHA
El documento que ha centrado la atención de los peritos judiciales es un contrato de arrendamiento de vivienda con opción de compra fechado el 1 de julio de 2021. En él aparecen como partes firmantes Leonor María González Pano, en representación de la empresa propietaria, y José Luis Ábalos Meco, quien suscribe el acuerdo en su propio nombre. El objeto del contrato es una parcela situada en la urbanización Alcaidesa Playa, en el término municipal de La Línea de la Concepción. Este inmueble, propiedad de Have Got Time, S.L., fue arrendado bajo condiciones que ahora los investigadores analizan con lupa para determinar si responden a la realidad del mercado o si ocultan algún tipo de contraprestación irregular.
Las estipulaciones del acuerdo fijaban una renta mensual de 2.500 euros, con una fianza de 5.000 euros equivalente a dos mensualidades. El plazo de arrendamiento se estableció por cinco años, con una fecha de finalización prevista para el 1 de julio de 2026. Lo que hace especialmente relevante este contrato es la opción de compra incorporada, que permitía al arrendatario adquirir la finca por un precio de 665.000 euros. Según el documento, las cantidades abonadas mensualmente en concepto de alquiler se descontarían del precio final en el momento de ejercer la opción. Esta estructura financiera es la que ha levantado sospechas sobre el origen de los fondos y la verdadera naturaleza de la transacción entre la administradora de la sociedad y el entonces responsable ministerial.
PROCEDIMIENTO Y COORDINACIÓN GENERAL
La integración de estos documentos en la causa del Tribunal Supremo ha requerido una estrecha coordinación entre diferentes órganos judiciales. El magistrado Santiago Pedraz Gómez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, fue quien dio curso a la providencia para remitir la evidencia tras recibir el informe de la Guardia Civil. Mediante un oficio fechado el 11 de diciembre de 2025, se ordenó que la documentación analizada por la UCO pasara a formar parte del expediente digital de la Sala Segunda del alto tribunal. Este flujo de información asegura que los indicios hallados en una causa de corrupción económica general puedan ser utilizados en el proceso específico que investiga las responsabilidades de personas con aforamiento.
La letrada de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo, María Dolores de Haro López-Villalta, certificó la recepción de este material el 15 de diciembre, ordenando su unión inmediata a los autos correspondientes. El proceso se ha digitalizado a través de la plataforma Lexnet, garantizando la trazabilidad y la notificación a todas las partes personadas en el procedimiento. Este paso formal cierra el círculo administrativo de la remisión de pruebas, permitiendo que la instrucción avance con nuevos elementos de juicio que podrían variar el curso de las imputaciones y las declaraciones previstas para los próximos meses.
IMPLICACIONES EN LA CAUSA LEGAL
La unión de estos documentos no solo aporta un papel al sumario, sino que ofrece una estructura narrativa a las sospechas de blanqueo y tráfico de influencias. La vinculación de la sociedad Have Got Time, S.L. con la trama de los hidrocarburos es el eje sobre el que pivota la nueva fase de la investigación. Al demostrarse que esta empresa era la propietaria de la vivienda disfrutada por el exministro, el foco se desplaza ahora hacia cómo se financiaban estas propiedades y si la empresa actuaba como una pantalla para canalizar beneficios obtenidos ilícitamente por la organización criminal descrita por la UCO.
La defensa de los implicados tendrá ahora que justificar la transparencia de estos pagos y la lógica económica de un contrato que sitúa a un cargo público en una relación de arrendamiento con una entidad bajo investigación policial. Mientras tanto, el Tribunal Supremo continúa analizando el atestado 164/2025, que contiene el análisis pormenorizado de estos documentos y de las comunicaciones digitales asociadas. La causa especial 20775/2020 entra así en una etapa de alta densidad probatoria, donde cada folio del contrato M-10-DOC 8 será escrutado para determinar si hubo un favorecimiento personal a cambio de decisiones administrativas en el estratégico mercado del combustible. El caso sigue abierto y la documentación recibida promete ser solo la punta del iceberg de una red de intereses mucho más profunda de lo que se previó inicialmente.
