Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han logrado desarticular una compleja organización criminal presuntamente responsable de uno de los mayores fraudes de IVA detectados hasta la fecha en el comercio de hidrocarburos. Según los datos oficiales facilitados por los investigadores, el volumen del desfalco a las arcas públicas se aproxima a los 300.000.000 de euros, una cifra que pone de manifiesto la magnitud de una red que operaba con una impunidad técnica sorprendente y una estructura empresarial diseñada específicamente para eludir el control estatal.
La operación, que ha culminado con la detención de ocho personas y la investigación de otras diez, ha permitido aflorar un patrimonio oculto de dimensiones colosales. Durante los registros, los agentes no solo se toparon con ingentes cantidades de dinero en efectivo, sino también con activos que reflejan el altísimo nivel de vida de los cabecillas. Se han incautado 167 relojes de lujo, valorados en aproximadamente dos millones de euros, y se han bloqueado activos financieros que superan los 14 millones. Además, las autoridades han inmovilizado cuentas bancarias con más de 12,5 millones de euros, han intervenido 3,6 millones de litros de carburante y han embargado 60 vehículos de alta gama y 46 inmuebles de lujo.
VENTA A PERDIDAS
El origen de esta investigación se remonta a los primeros meses de 2023. En aquel momento, los agentes de la UDEF Central de la Policía Nacional detectaron movimientos económicos inusuales en varias empresas del sector de los hidrocarburos. Estas transacciones, que inicialmente despertaron sospechas de blanqueo de capitales, ocultaban una realidad mucho más compleja: un incumplimiento sistemático de las obligaciones fiscales por parte de dos operadoras petrolíferas. La trama había perfeccionado una técnica ilícita que le permitía ofrecer el carburante a precios imbatibles, distorsionando gravemente el mercado nacional y generando una profunda preocupación entre los empresarios legítimos del sector.
La red criminal utilizaba una estrategia de precios agresiva que incluía la venta a pérdidas. Al no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria el IVA repercutido que cobraban a sus clientes, podían permitirse vender la gasolina y el gasóleo a un precio inferior incluso al de su propia adquisición. Esta práctica no solo les garantizaba una clientela masiva, formada principalmente por estaciones de servicio y empresas intermediarias atraídas por los bajos costes, sino que también asfixiaba a la competencia que sí cumplía con el fisco.
Además del fraude del IVA, la organización ignoraba la normativa relativa a los biocarburantes, eludiendo el pago compensatorio obligatorio por no utilizar estos combustibles sostenibles, lo que añadía otros 40 millones de euros al montante total de la deuda generada.
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y CONTROL DE DEPÓSITOS FISCALES
Uno de los aspectos que más ha sorprendido a los investigadores de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria es la infraestructura propia con la que contaba la organización. A diferencia de lo que ocurre habitualmente en el sector, donde las operadoras contratan servicios de almacenamiento de terceros, este entramado disponía de su propio depósito fiscal para el carburante. Esta independencia logística les permitía una mayor opacidad en sus movimientos y facilitaba la manipulación de las cantidades extraídas y vendidas. La vocación de continuidad de la red era tal que, una vez que el primer operador petrolífero generó beneficios suficientes, utilizaron ese capital ilícito para dar de alta un segundo operador y continuar con la actividad delictiva bajo una nueva fachada.
La ambición del grupo les llevó incluso a intentar poner en marcha una tercera operadora petrolífera. Sin embargo, en esta ocasión, la rápida intervención de los mecanismos de control del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF) permitió dar de baja a la entidad antes de que sus operaciones fraudulentas alcanzaran la cuota necesaria para ser consideradas delito. Esta estructura empresarial estaba perfectamente jerarquizada y dirigida por dos socios principales que ocupaban la cúspide de la pirámide. Bajo su mando directo se encontraba un equipo de directivos financieros encargados de gestionar la contabilidad y supervisar las numerosas cuentas bancarias por donde circulaba el dinero defraudado, asegurando que el flujo de capital no se detuviera.
PAPEL DE LOS TESTAFERROS
Para blindarse ante posibles inspecciones y mantener a los verdaderos líderes fuera del radar de las autoridades, la organización recurría de forma sistemática a la figura de los testaferros. Estos hombres de paja, seleccionados cuidadosamente, prestaban su identidad para figurar como los responsables legales y tributarios de las operadoras petrolíferas. A cambio de asumir este enorme riesgo legal, recibían retribuciones económicas desorbitadas. En el curso de la investigación se ha descubierto que uno de estos testaferros llegó a percibir cerca de dos millones de euros por sus servicios. En un escalón inferior se encontraban los trabajadores de las empresas, muchos de los cuales desempeñaban sus tareas diarias desconociendo por completo que formaban parte de un engranaje criminal a gran escala.
El operativo final se desencadenó el pasado 2 de diciembre con un despliegue de gran envergadura. Se realizaron nueve entradas y registros simultáneos en siete domicilios situados en Madrid y Ávila, además de dos oficinas en la capital madrileña. Los resultados de estas intervenciones confirmaron las sospechas de los investigadores sobre la opulencia de la que disfrutaban los implicados. Los inmuebles intervenidos, valorados en más de cinco millones de euros, y los vehículos blindados de alta gama eran solo la punta del iceberg de un entramado que había hecho de la evasión fiscal su principal motor económico.
TALLER CLANDESTINO Y ALMACÉN DE GUERRA
Sin embargo, el hallazgo más inquietante se produjo en una de las viviendas registradas en la provincia de Ávila, propiedad de uno de los líderes de la organización. Lo que parecía ser una investigación puramente económica tomó un cariz mucho más peligroso cuando los agentes descubrieron un taller clandestino dedicado a la manipulación de armas de fuego. En el interior de la vivienda se intervinieron 44 armas, muchas de ellas con el número de serie borrado y equipadas con silenciadores. Lo más alarmante fue la localización de munición de guerra y un vehículo blindado de carácter bélico que incorporaba una ametralladora de gran calibre instalada en su parte superior, un arsenal que sugiere una peligrosidad que va mucho más allá del fraude financiero.
A los detenidos se les imputan ahora cargos por blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal. Al cabecilla que custodiaba el arsenal se le suma además el delito de tenencia ilícita de armas. Con un fraude estimado de 300 millones de euros acumulado entre los años 2023 y 2024, esta operación se consolida como una de las intervenciones más exitosas de la historia reciente contra el crimen organizado en España. La colaboración entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido no solo recuperar parte del dinero sustraído, sino también desmantelar una infraestructura que amenazaba la estabilidad de un sector estratégico como es el de la energía.
