El relevo en la presidencia de la Fundación BBK no es un simple cambio de nombres, sino la señal más visible de un movimiento más amplio en el núcleo del poder económico vasco. La llegada de Unai Rementeria al frente de la fundación bancaria coincide con la consolidación de Aitor Esteban como principal referente político del PNV y refleja una transición cuidadosamente medida.
En Euskadi, donde las instituciones financieras han sido históricamente una extensión de la arquitectura foral, estos relevos no responden a impulsos coyunturales, sino a estrategias de largo recorrido siempre bajo la tutela del omnímodo poder del PNV.
Cabe recordar que BBK es mucho más que una fundación. Como principal accionista de Kutxabank, concentra una capacidad de influencia decisiva sobre el primer grupo financiero vasco. Su presidencia implica intervenir, directa o indirectamente, en operaciones industriales, en procesos de inversión y en la protección del tejido empresarial.
El relevo de Xabier Sagredo, tras más de una década de gestión caracterizada por la discreción y la estabilidad, no rompe con ese modelo, sino que lo adapta a un contexto más agresivo.
No es casual que Sagredo fuera tesorero del PNV de Bizkaia durante los años en que Andoni Ortuzar presidía la organización territorial. Aquella etapa consolidó un estilo de relación entre partido, instituciones y economía basado en la confianza y la baja exposición pública.
Ese legado sigue presente. Con Rementeria, el PNV sitúa un perfil político con experiencia institucional directa en un momento en el que el capital vasco necesita ser más activo y menos contemplativo.
Ese giro se entiende mejor al observar el contexto. Euskadi atraviesa una fase de intensa actividad corporativa, con fondos internacionales buscando posiciones en sectores estratégicos.
Frente a la tendencia madrileñocentrista que concentra sedes sociales, centros de decisión y operaciones financieras, el sistema foral ha activado sus propios mecanismos de defensa. El caso de Talgo es, en ese sentido, el ejemplo más claro y más simbólico. La operación para garantizar un control próximo sobre la empresa ferroviaria ha sido una de las batallas económicas más relevantes de los últimos años. Tras el intento de adquisición por parte del holding húngaro Ganz Mavag y el posterior veto del Gobierno español, las instituciones vascas aceleraron un plan alternativo.
El objetivo era inequívoco: evitar que una compañía con fuerte implantación industrial en Álava y más de 2.500 empleos pasara a manos de un grupo extranjero sin arraigo. La solución fue la construcción de un consorcio vasco en el que han participado capital privado local, fondos públicos y fundaciones bancarias.
BBK y Vital han jugado un papel clave, junto al fondo público Finkatuz y la sociedad Clerbil, vinculada a José Antonio Jainaga. La operación, valorada en más de 150 millones de euros, garantiza que una participación significativa de Talgo permanezca bajo control cercano. Más allá de los nombres, el mensaje es claro: cuando una empresa estratégica está en riesgo, el sistema vasco responde de forma coordinada.
Este enfoque no se limita a la industria pesada. En el ámbito de la distribución alimentaria, la operación sobre Uvesco —propietaria de BM y Super Amara— ha seguido una lógica similar.
La entrada de un consorcio liderado por directivos y capital vasco, con el respaldo financiero de Kutxabank, evita la absorción por parte de grandes grupos internacionales y preserva una red de proveedores locales clave para la economía vasca. En este tipo de decisiones se mide la capacidad real de un territorio para influir en su propio destino económico. El músculo financiero que hace posibles estas operaciones se ha reforzado en los últimos meses.
Kutxabank ha lanzado el fondo Indar, dotado con 500 millones de euros, con el objetivo explícito de intervenir en empresas consideradas estratégicas. No se trata de un instrumento defensivo, sino de una herramienta de posicionamiento: ganar peso accionarial, influir en consejos y condicionar decisiones a medio y largo plazo.
Ese fondo, junto a BBK y el Gobierno vasco, ha sido protagonista de otra operación de gran calado: la adquisición de la división de servicios tecnológicos de la consultora Ayesa. La operación, valorada en más de 450 millones de euros, permite reforzar el sector tecnológico vasco y recuperar centros de decisión que en su día se desplazaron fuera del territorio. En paralelo, la venta de la división de ingeniería a otros inversores completa una reordenación que devuelve protagonismo a Euskadi en un sector clave.
También en el ámbito tecnológico destaca la operación entre Indra y la empresa vasca Teknei. La compra de la división de Business Process Outsourcing de Indra por cerca de 100 millones de euros supone un salto cualitativo para una compañía con sede en Bilbao. Teknei gana tamaño, presencia internacional y capacidad de competir en un mercado altamente concentrado.
La operación cuenta con el visto bueno del Gobierno central y confirma que el capital vasco no solo protege, sino que también crece y se expande. La partida más sensible se jugará en ITP Aero.
La posible venta de la compañía por parte de Bain Capital sitúa a Euskadi ante un nuevo reto estratégico. Se trata de uno de los pilares del sector aeronáutico y de defensa, con una relevancia industrial y tecnológica de primer orden.
La capacidad de las instituciones vascas para influir en ese proceso, ya sea mediante fondos propios o negociación política, pondrá a prueba la solidez del modelo construido durante décadas.
