La atmósfera en las Fuerzas Armadas españolas esta crispada y el enfado gobierna dentro de ellas por lo que ha podido pulsar este medio entre los militares españoles. El blanco de ese enfado no es otro que la responsable de la cartera de Defensa, Margarita Robles. Y es que lo que comenzó como un malestar latente por la pérdida de poder adquisitivo se ha transformado, tras el último Pleno Extraordinario sobre retribuciones, en una ruptura total entre el Ministerio de Defensa y los representantes de los militares.
Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME y UMT, que integran la voz legítima del personal en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, han elevado el tono de sus quejas hasta un punto sin retorno al exigir formalmente la dimisión de la ministra Margarita Robles. Esta petición no surge del vacío, sino de lo que los representantes califican como un desprecio sistemático y una falta de voluntad de diálogo que ha quedado patente durante las negociaciones celebradas este mes de diciembre de 2025.
BRECHA ENTRE EL PRESUPUESTO EN ARMAMENTO Y EL CAPITAL HUMANO
El centro de esta grave problemática entre el Ministerio y los militares reside en una paradoja económica difícil de explicar para quienes visten el uniforme. Mientras el Gobierno central presume de un compromiso sin precedentes con la Alianza Atlántica y moviliza miles de millones de euros para la modernización tecnológica y la industria armamentística, los hombres y mujeres que deben operar esos sistemas se sienten abandonados en la escala salarial de la función pública. Las asociaciones denuncian que existe una flagrante contradicción entre los grandes anuncios de inversión en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa y la realidad cotidiana de las familias militares.
En concreto, los representantes apuntan a la existencia de una partida teórica de aproximadamente seiscientos setenta y nueve millones de euros que debía haberse destinado a la adecuación de las nóminas del personal militar. Sin embargo, tras el último encuentro oficial, la respuesta del Ministerio ha sido el silencio o la evasiva, alegando que cualquier incremento retributivo escapa a su competencia exclusiva.
Esta situación ha generado un profundo sentimiento de injusticia profesional. Los militares observan con asombro cómo el flujo de capital hacia la industria de defensa es incesante, mientras que las reivindicaciones para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la última década caen en saco roto. Para las asociaciones profesionales, este inmovilismo no solo es una falta de sensibilidad social, sino un incumplimiento directo del espíritu democrático que debería regir el funcionamiento del Consejo de Personal. Sienten que el órgano se ha convertido en una herramienta cosmética donde se escucha pero no se atiende, ninguneando propuestas que han sido planteadas de forma legal y legítima. La indignación es tal que ya no se habla simplemente de una negociación fallida, sino de una irresponsabilidad institucional que pone en riesgo la propia estructura de la defensa nacional.
El impacto de esta política de personal ya se percibe en la operatividad diaria de las unidades. La falta de atractivo de la profesión militar es una realidad que el Ministerio de Defensa parece no querer afrontar con la urgencia necesaria. La dificultad para captar nuevos efectivos y la creciente tasa de abandono de aquellos que ya están en las filas dibujan un panorama sombrío. Según los representantes de ASFASPRO, AUME y UMT, el sistema está generando una estructura militar descompensada, dotada de tecnología de vanguardia pero carente de personal motivado y justamente retribuido para operarla. La precariedad no solo afecta a la moral de la tropa y la oficialidad, sino que supone un lastre para la retención del talento técnico que el Ejército necesita en un entorno global cada vez más complejo y tecnificado.
Al analizar las cifras reales que manejan los colectivos militares en este año 2025, el agravio comparativo se vuelve insostenible. Un soldado o marinero percibe actualmente un salario neto mensual que apenas ronda los mil trescientos euros, una cantidad que lo sitúa en la base de la pirámide salarial de la administración del Estado. La comparación con otros cuerpos de seguridad es inevitable y dolorosa para el estamento militar. Tras los procesos de equiparación salarial y las últimas actualizaciones anuales, un agente de la escala básica de la Policía Nacional o la Guardia Civil percibe una media que oscila entre los dos mil cien y los dos mil doscientos euros netos. Esta brecha de casi ochocientos euros mensuales se ensancha todavía más si se compara con las policías autonómicas, donde un agente puede llegar a cobrar mil euros más que un militar de su misma categoría. Las asociaciones subrayan que, mientras otros cuerpos han visto reconocidos complementos por riesgo o peligrosidad, el militar sigue anclado en un modelo retributivo obsoleto que no reconoce la singularidad de su misión ni la disponibilidad permanente que se le exige.
MARGARITA ROBLES EN EL OJO DEL HURACÁN
La figura de Margarita Robles se encuentra ahora en el centro de todas las críticas. Los representantes de los militares la señalan como la máxima responsable de una gestión que, a su juicio, margina sus derechos fundamentales y los condena a una precariedad crónica. La petición de su cese es la consecuencia de lo que califican como un ninguneo constante en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. El hecho de que el Ministerio no haya dado explicaciones claras sobre el destino de los millones de euros presupuestados para personal en el marco del desarrollo industrial ha sido el detonante final. Las asociaciones ven en esta opacidad una excusa para priorizar la compra de materiales y el fortalecimiento de la industria de defensa en detrimento del bienestar de los profesionales que conforman la columna vertebral de la institución.
El escenario que se abre a partir de ahora es de máxima confrontación. Tras levantarse de la mesa de negociación el pasado diecisiete de diciembre, las entidades firmantes han anunciado que no van a cesar en su empeño de lograr una justicia salarial real. El calendario de movilizaciones ya está en marcha e incluirá una ambiciosa hoja de ruta que combina la presión institucional con la protesta social. En el ámbito legal y parlamentario, se prevé la presentación de quejas formales ante el Defensor del Pueblo y una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. El objetivo es forzar una comparecencia urgente de la ministra para que rinda cuentas sobre la gestión de los fondos y la situación de precariedad de las plantillas.
Más allá de los despachos, la batalla se librará en la opinión pública. Se esperan nuevas manifestaciones en las calles de Madrid, similares a las históricas marchas de años anteriores, pero con un tono mucho más crítico y combativo. Los militares quieren que la sociedad española sea consciente que, detrás de los desfiles y las misiones internacionales de paz, existen miles de familias que luchan por llegar a fin de mes. La estrategia de visibilización también denunciará la fuga de profesionales hacia la seguridad privada o hacia otros cuerpos policiales, un fenómeno que está descapitalizando de experiencia al Ejército español. En definitiva, las asociaciones militares han lanzado un órdago al Ejecutivo: o se produce un cambio de rumbo radical en la política de personal que incluya el respeto, el diálogo real y la adecuación salarial, o el conflicto social dentro de las Fuerzas Armadas seguirá escalando hasta que se logre una respuesta política a la altura del sacrificio que realizan diariamente por España.
