El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde definitiva a las cuentas que marcarán el rumbo de la capital durante el próximo ejercicio 2026. Con una cifra global de 6.578 millones de euros —que se eleva hasta los 7.724 millones si se incluye el sector público empresarial—, el equipo de Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida saca pecho ante lo que considera un presupuesto de consolidación y equilibrio. Sin embargo, tras la superficie de las cifras macroeconómicas y los titulares sobre la quinta bajada consecutiva del IBI, emerge un complejo entramado de desafíos técnicos y vulnerabilidades financieras que amenazan con tensar las costuras de la administración local.
La aprobación del documento ha sido el resultado de un intenso proceso de negociación que ha culminado con la incorporación de 52 enmiendas de todos los colores políticos: desde las 25 del Partido Popular hasta las 3 de Más Madrid, pasando por las 14 de Vox y las 10 del PSOE. Este «perfil negociador» que defiende la delegada de Economía, Engracia Hidalgo, busca proyectar una imagen de estabilidad institucional en un momento en que la ciudad enfrenta retos demográficos y medioambientales sin precedentes. No obstante, el análisis pormenorizado del presupuesto revela que la sostenibilidad del modelo madrileño descansa sobre un equilibrio precario entre la reducción de impuestos directos y el encarecimiento de las tasas indirectas.
PRESIÓN DEMOGRÁFICA
El pilar más robusto del presupuesto para 2026 es, sin duda, el gasto social. La partida destinada a estas políticas escalará hasta los 1.273 millones de euros, lo que supone un incremento de 143 millones respecto al año anterior. En términos per cápita, Madrid destinará 361 euros por habitante a servicios sociales, una cifra un 43% superior a la de 2019. Este esfuerzo inversor no es caprichoso; responde a un crecimiento demográfico vertiginoso que ha llevado a la capital a superar los 3,5 millones de empadronados, con un incremento de más de un cuarto de millón de personas en apenas seis años.
El área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad se convierte así en la cartera que más crece proporcionalmente, con un repunte del 7,3%. Entre las medidas estrella destacan la ampliación de la Ayuda a Domicilio, que alcanzará los 335 millones de euros, y el mantenimiento de la teleasistencia gratuita para mayores de 87 años. El consistorio busca con ello levantar un escudo frente a la desigualdad en una ciudad donde el coste de la vida no deja de subir, aunque la efectividad de estas partidas será puesta a prueba por una demanda de servicios que crece a un ritmo superior al de la propia inversión.
PROBLEMA DE LA VIVIENDA
En el apartado económico, el equipo de Almeida presume de un récord de inversión pública no visto desde 2008. Con una media de 640 millones de euros anuales en este segundo mandato, el Ayuntamiento ha duplicado con creces la inversión del periodo anterior. El presupuesto de 2026 incluye 666 proyectos destinados a transformar la fisonomía de los barrios, destacando el soterramiento de la A-5, el Parque de Ventas y el cubrimiento de la Castellana. Estas obras, dotadas con 279 millones, pretenden ser el motor de la cohesión territorial, especialmente en los distritos del sur y el este (SURES), que por primera vez verán una inversión superior a los 300 millones de euros.
Sin embargo, el gran talón de Aquiles de la gestión sigue siendo la vivienda. Aunque el presupuesto asigna 225,6 millones de euros para alcanzar un patrimonio de 10.300 viviendas de alquiler asequible, este objetivo es una de las mayores debilidades del plan. El éxito de la política habitacional para 2026 depende exclusivamente de que se cumpla la entrega de 1.000 pisos entre 2025 y 2026. Cualquier retraso en las obras o el encarecimiento de los materiales de construcción —factores externos que el Ayuntamiento no controla— podría convertir esta promesa en papel mojado, manteniendo la crisis de la vivienda como el principal foco de críticas de la oposición y de los colectivos ciudadanos.
MENOS IBI, MÁS TASAS
La política fiscal de Madrid sigue siendo el estandarte electoral del Partido Popular. Para 2026, el tipo de gravamen del IBI caerá del 0,428% al 0,414%, lo que supondrá un ahorro de 31 millones de euros para los contribuyentes. El equipo de Gobierno defiende que, desde 2019, el ahorro acumulado por los madrileños asciende a 1.280 millones de euros. No obstante, esta «alegría fiscal» tiene una contrapartida menos publicitada: la caída de 23 millones de euros en los ingresos directos. Esta merma de ingresos obliga al consistorio a buscar oxígeno financiero en otras partidas para no incurrir en déficit.
Aquí es donde aparece la debilidad del modelo. Para compensar la bajada de impuestos directos, las tasas municipales experimentarán un incremento de 47 millones de euros en 2026, situándose por encima de los 1.055 millones totales. Esto supone que, en la práctica, la carga fiscal no desaparece, sino que se desplaza: lo que el ciudadano ahorra en su recibo del IBI, podría terminar pagándolo de forma indirecta a través de otros servicios municipales. Esta estructura fiscal genera una dependencia peligrosa de las tasas y las transferencias corrientes, restando flexibilidad al presupuesto ante posibles crisis económicas futuras.
Uno de los puntos más controvertidos del presupuesto es la implantación de la nueva Tasa de Gestión de Residuos (TGR). El Ayuntamiento ha introducido una variable basada en el número de empadronados para calcular la tarifa, estableciendo diez tramos diferentes. Si bien se presenta como una medida de equidad basada en el principio de «quien más contamina, más paga», el propio equipo de Gobierno reconoce que se trata de un proceso de «gran complejidad técnica» que muy pocos municipios han sido capaces de gestionar con éxito.
Esta complejidad no es solo administrativa, sino que representa una debilidad política evidente. La tasa ya generó una oleada de reclamaciones en su puesta en marcha en 2025, obligando al consistorio a introducir exenciones para garajes residenciales en el presupuesto de 2026 para calmar los ánimos. El riesgo de errores en el cálculo basado en el padrón a fecha de 1 de enero de 2026 podría derivar en un nuevo aluvión de recursos administrativos, poniendo en duda la seguridad jurídica de uno de los pilares de la recaudación municipal para el próximo año.
SOSTENIBILIDAD
El cuarto eje del presupuesto, la sostenibilidad medioambiental, recibirá 1.988 millones de euros, con especial atención a la limpieza viaria y la conservación de zonas verdes. La gran novedad es la modificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que abandonará el criterio del motor para basarse en las etiquetas de la DGT. Esta medida busca penalizar a los coches más contaminantes, pero también revela una debilidad estructural del sistema: la deslocalización de las grandes flotas de vehículos.
El Ayuntamiento ha tenido que crear una bonificación específica del 50% para que las empresas de transporte y flotas matriculen sus vehículos en Madrid en lugar de en municipios periféricos con impuestos más bajos. Es un reconocimiento implícito de que la presión fiscal de la capital, pese a las bajadas anunciadas, sigue expulsando a ciertos sectores económicos hacia localidades vecinas. Esta medida es un intento de «combatir la deslocalización» a cambio de renunciar a una parte de la recaudación, en una apuesta por mejorar la calidad del aire que, de momento, es más una esperanza que una realidad estadística.
SOMBRA DE DEUDA
Finalmente, las cuentas de 2026 muestran señales de agotamiento en la capacidad del Ayuntamiento para generar recursos propios. Los ingresos patrimoniales caerán en 3,8 millones de euros y la enajenación de inversiones reales —la venta de activos y suelo público— sufrirá un recorte de 9,1 millones. Esta tendencia indica que el consistorio tiene cada vez menos margen para financiarse mediante la venta de patrimonio, lo que aumenta la dependencia de las transferencias de otras administraciones y de la recaudación tributaria diaria.
Pese a que la deuda se situará en 1.518 millones, su nivel más bajo en dos décadas, el presupuesto de 2026 camina sobre una cuerda floja. La estabilidad del modelo descansa sobre la capacidad de atraer a nuevos empadronados y flotas de vehículos, al tiempo que se intenta gestionar una tasa de basuras que amenaza con ser un polvorín técnico. Si el motor de la inversión pública sufre algún frenazo o si la entrega de vivienda se retrasa, las cuentas récord de Almeida podrían verse empañadas por una realidad urbana que no siempre se ajusta a las proyecciones de Excel. El Madrid de 2026 será una ciudad más cara de gestionar, con menos ingresos directos y una dependencia absoluta de que los engranajes de la nueva fiscalidad «verde» y la descentralización de los distritos funcionen sin fricciones.
