La instrucción de la denominada «Causa Especial 20775/2020» ha dado un paso cualitativo en las últimas horas, evidenciando que el laberinto administrativo de las obras de Alta Velocidad en el Levante aún guarda capítulos por esclarecer. El Magistrado Instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente Segura, ha dictado una providencia con fecha de 18 de diciembre de 2025 en la que eleva la presión sobre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
El motivo de este nuevo requerimiento no es otro que la detección de lagunas documentales críticas en la información remitida previamente por la entidad pública, unas omisiones que impiden a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) finalizar su informe pericial sobre el soterramiento de las vías en la ciudad de Murcia.
Este movimiento judicial se produce tras recibir un oficio de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, integrada por técnicos de la IGAE. Los especialistas, que actúan como el brazo técnico del tribunal para desentrañar posibles irregularidades contables y administrativas, han puesto de manifiesto que la documentación entregada hasta la fecha por Adif Alta Velocidad es incompleta y, en algunos puntos, confusa o errónea. El énfasis del instructor recae ahora en la necesidad de obtener los planos y expedientes reales de las modificaciones contractuales que alteraron sustancialmente el presupuesto y la ejecución de una de las obras civiles más complejas y polémicas de la última década en la Región de Murcia.
PROYECTOS MODIFICADOS
La clave de la actual fase de la investigación reside en la diferencia entre lo que se proyectó inicialmente y lo que finalmente se ejecutó y pagó. El Tribunal Supremo ha detectado que, si bien Adif remitió la documentación relativa a las modificaciones 1 y 2 del proyecto de soterramiento en la zona de Nonduermas, no ha ocurrido lo mismo con los tramos correspondientes a la Estación de Murcia del Carmen y Barriomar. Estos últimos son, precisamente, los que concentran mayor volumen de inversión y complejidad técnica. El requerimiento judicial es taxativo: Adif dispone de un plazo máximo e improrrogable de quince días para entregar los proyectos modificados número 1 y 2 vinculados al expediente principal 3.18/20830.0295.
La importancia de estos documentos no es meramente burocrática. En el ámbito de la obra pública, los «modificados» son a menudo el mecanismo a través del cual se producen desviaciones presupuestarias que pueden encubrir irregularidades. La IGAE necesita cotejar estos proyectos modificados con las certificaciones de obra y las relaciones valoradas a origen para determinar si los pagos efectuados se ajustan a la realidad de los trabajos realizados.
El tribunal busca entender por qué, en la documentación enviada anteriormente, Adif incluyó una carpeta rotulada como «Soterramiento Estación y Barriomar» que, tras ser analizada por los peritos, resultó contener papeles de un contrato totalmente distinto, el relativo a la arquitectura interior e instalaciones no ferroviarias (expediente 3.23/20830.0142). Este «error» en la entrega de la información ha sido el detonante para que el magistrado instructor exija ahora rigor absoluto en la transparencia de la entidad.
LA LUPA SOBRE LA ETAPA DE PARDO DE VERA
Aunque la providencia se centra en la exigencia técnica de documentos, el marco temporal y la naturaleza de los expedientes bajo sospecha apuntan directamente a la gestión de la cúpula de Adif durante los años en los que se fraguaron estas decisiones. En este contexto, la figura de Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de Adif y posteriormente Secretaria de Estado de Infraestructuras, cobra una relevancia implícita en la investigación.
El contrato objeto de escrutinio, identificado con el número de expediente 3.18/20830.0295, representa un «contrato único» que fusionó dos grandes proyectos de soterramiento bajo una misma adjudicación. Esta estructura contractual, que unificó los tramos de Nonduermas con los de la Estación y Barriomar, fue una decisión estratégica adoptada durante su mandato y es ahora el centro de la fiscalización de la IGAE.
La responsabilidad de la administración ferroviaria en la custodia y entrega de estos expedientes es máxima, y la falta de coincidencia entre los títulos de las carpetas y su contenido real ha generado suspicacias en la Fiscalía Anticorrupción. La unidad de apoyo de la IGAE ha recordado al tribunal que ya el 13 de noviembre de 2025 se solicitaron los proyectos primitivos, los modificados y las certificaciones de obra, incluyendo el informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de enero de 2020. El hecho de que se tenga que reiterar el requerimiento evidencia una resistencia o una desorganización interna en Adif que el Tribunal Supremo ya no está dispuesto a tolerar, fijando un cronograma estricto para que la documentación llegue a manos de los peritos antes de que finalice el año.
CERTIFICACIONES DE OBRA Y SOBRECOSTES BAJO SOSPECHA
El interés de los investigadores no se detiene en los planos de ingeniería, sino que avanza hacia el flujo financiero de la obra. La providencia exige específicamente las certificaciones de obras acompañadas de su relación valorada a origen, poniendo especial énfasis en aquellas expedidas para el abono de trabajos ejecutados mediante la figura de la «continuación provisional«. Este procedimiento administrativo permite seguir adelante con las obras antes de que el modificado esté formalmente aprobado, una zona gris legal que en macroproyectos de infraestructuras suele ser el caldo de cultivo para incrementos de coste que la IGAE ahora debe validar o cuestionar.
La pericial encomendada a la unidad de apoyo de la Fiscalía Especial busca determinar si hubo un menoscabo a los fondos públicos o una alteración arbitraria de las condiciones de la adjudicación. Para ello, el informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de 16 de enero de 2020 se antoja fundamental. Este documento debería contener el análisis técnico que validó, o cuestionó, los cambios introducidos en el soterramiento de Murcia.
El Tribunal Supremo, al unir este nuevo oficio a los autos, reafirma su voluntad de llegar hasta el fondo de la gestión de la Alta Velocidad, analizando si las decisiones tomadas desde Madrid por la dirección de Adif se ajustaron a la legalidad vigente o si, por el contrario, existió una planificación dirigida a favorecer intereses ajenos al servicio público.
UN PLAZO PERENTORIO PARA EL ADMINISTRADOR FERROVIARIO
El escenario procesal que se abre tras esta notificación es crítico para las partes implicadas. El magistrado Leopoldo Puente ha ordenado notificar la resolución no solo al Ministerio Fiscal, sino a todas las partes personadas, quienes disponen de apenas tres días para interponer recurso de reforma o cinco para el de apelación. No obstante, el requerimiento a Adif es ejecutivo y corre de forma paralela, obligando a la compañía estatal a realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos para localizar los proyectos modificados del soterramiento de la Estación y Barriomar que, de forma inexplicable, no fueron aportados correctamente en la primera entrega.
La resolución del Tribunal Supremo, firmada también por la Letrada de la Administración de Justicia, M. Dolores De Haro López-Villalta, marca un punto de inflexión en la instrucción de la Causa Especial 20775/2020. La transparencia de Adif está bajo examen y el papel de sus antiguos gestores, con la sombra de las decisiones de Pardo de Vera en el horizonte, será evaluado a través de la frialdad de los datos técnicos y contables que ahora se exigen.
Si la documentación no llega en el plazo de quince días, o si vuelve a presentar inconsistencias, el tribunal podría adoptar medidas más severas para garantizar el auxilio judicial de una entidad pública que, por ley, debería ser la primera interesada en el esclarecimiento de los hechos. El soterramiento de Murcia, más allá de ser un hito de ingeniería, se ha convertido en un complejo puzzle judicial donde cada plano y cada factura modificada cuentan una historia que la IGAE está a punto de terminar de escribir.
