El gigante Airbus ha elevado una petición formal y urgente a Moncloa para solicitar una moratoria o excepción puntual al embargo de armas y tecnología militar con Israel, una medida que quedó blindada jurídicamente tras la aprobación del Real Decreto-ley 10/2025. Esta normativa, nacida con el objetivo de presionar políticamente ante la escalada del conflicto en Gaza, ha terminado impactando de lleno en el corazón de la producción industrial nacional.
La dirección de Airbus advierte de que, de mantenerse el veto absoluto a la importación de componentes tecnológicos israelíes, el sector se enfrenta a una parálisis técnica con consecuencias imprevisibles en costes, plazos y, en última instancia, estabilidad laboral. Los aliados del Gobierno, especialmente Sumar, no ven con buenos ojos esta petición
La problemática reside en la profunda integración de sistemas de origen israelí en plataformas de defensa europeas y españolas. Israel se ha consolidado en las últimas décadas como un suministrador de referencia mundial en electrónica de vanguardia, radares y sistemas de guerra electrónica. Actualmente, Airbus utiliza estos elementos críticos en sus plantas de ensamblaje en suelo español, donde se fabrican aeronaves destinadas tanto a las Fuerzas Armadas nacionales como a la exportación. El bloqueo total de estos suministros impide que las piezas lleguen a las líneas de montaje, lo que genera un cuello de botella logístico que amenaza con detener programas enteros de aviación y defensa terrestre.
LABERINTO TÉCNICO CON DIFÍCIL SALIDA
La complejidad de la ingeniería aeronáutica moderna hace que la sustitución de un componente por otro de distinta procedencia no sea una tarea trivial. Si un avión ha sido diseñado para operar con un radar específico, cualquier cambio en dicho sensor exige una reingeniería profunda del fuselaje, el sistema eléctrico y el software de control.
Este proceso, lejos de ser inmediato, requiere años de nuevas pruebas de vuelo y certificaciones ante organismos internacionales, lo que dispararía los presupuestos públicos de manera inasumible. Por ello, Airbus ha apelado a la cláusula de interés nacional contemplada en la propia legislación del embargo. Esta disposición permite al Ejecutivo autorizar excepciones si se demuestra de forma fehaciente que la restricción pone en grave riesgo la seguridad nacional o el cumplimiento de compromisos estratégicos con otros socios de la Alianza Atlántica.
Entre los proyectos que caminan por el filo de la navaja destacan los nuevos aviones de vigilancia marítima y de búsqueda y rescate, basados en el exitoso modelo C295. Estas unidades, fundamentales para el control de las costas españolas y la seguridad en el Mediterráneo, dependen de tecnología de detección para la que no existe un recambio europeo listo para entrar en producción de forma inmediata. La demora en la entrega de estas aeronaves dejaría un hueco operativo en las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio que el Gobierno difícilmente podría justificar ante sus aliados.
El efecto dominó del embargo se extiende también al ámbito terrestre y a la modernización de los sistemas ya existentes. El programa del Vehículo de Combate sobre Ruedas 8×8 Dragon, considerado el eje vertebrador del futuro Ejército de Tierra, se encuentra en una situación crítica debido a sus torretas de combate. Estas piezas de artillería móvil emplean sistemas de puntería y óptica desarrollados en estrecha colaboración con socios israelíes. Sin estos ojos tecnológicos, el blindado no es más que una caja de acero sin capacidad ofensiva. Del mismo modo, el Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad, conocido como SILAM, se basa en una arquitectura tecnológica israelí que España fabrica bajo licencia. Aunque el montaje se realice en territorio nacional, el flujo de microchips y componentes guiados sigue dependiendo del país de origen, lo que sitúa la operatividad de la artillería española en un limbo legal y técnico.
ESTABILIDAD LABORAL BAJO PRESIÓN
La preocupación se ha trasladado inevitablemente a los centros de producción de Getafe, Sevilla y Albacete. Aunque hasta el momento no se han anunciado despidos directamente relacionados con el veto a Israel, el espectro de la inactividad forzosa planea sobre las factorías. Airbus ha sido clara en su comunicación interna y externa: si la cadena de montaje se detiene por falta de piezas, el personal asignado a esos programas carece de funciones. Esta situación de parálisis técnica podría derivar en regulaciones temporales de empleo si el bloqueo se prolonga más allá de lo que las reservas de componentes permitan. El riesgo real no es solo la pérdida inmediata de puestos de trabajo, sino el daño reputacional de la industria española, que podría ser vista como un socio poco fiable si no es capaz de cumplir con los plazos de entrega debido a sus decisiones geopolíticas internas.
A este escenario se suma el plan de reestructuración que Airbus ya venía gestionando desde finales de 2024, que preveía el recorte de 2.500 empleos en su división de Defensa y Espacio en toda Europa. La dirección de la compañía argumenta que la volatilidad generada por el embargo a Israel complica enormemente la ejecución de este plan mediante salidas voluntarias o prejubilaciones. Si los ingresos por grandes contratos estatales se desploman por el incumplimiento de los calendarios, la empresa podría verse obligada a endurecer las condiciones de su ajuste de plantilla, transformando lo que era una transición ordenada en una crisis laboral de mayor calado.
La respuesta de las empresas auxiliares como Indra o Escribano también es de máxima cautela. Estas compañías españolas, que forman el tejido industrial de defensa del país, ven cómo sus exportaciones a terceros países se ven amenazadas. Si un sistema de defensa español lleva un solo chip israelí afectado por el embargo de importación, el producto final no puede terminarse ni venderse al extranjero. Esto resta competitividad a la marca España en un mercado global donde otros competidores europeos, con normativas menos restrictivas o con moratorias ya aprobadas, están ganando terreno rápidamente en contratos multimillonarios en Oriente Medio y Asia.
HACIA UNA RESOLUCIÓN POR INTERÉS GENERAL
En los pasillos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Industria se debate ahora cómo equilibrar la coherencia de la política exterior con las necesidades imperativas de la soberanía tecnológica. El mensaje que Airbus ha transmitido al Gobierno es un ultimátum velado bajo el lenguaje diplomático de la gestión industrial. Se confía en que, durante los primeros meses de 2026, el Ejecutivo empiece a tramitar licencias especiales que permitan desbloquear los componentes más críticos. Esta vía permitiría salvar los programas de mayor importancia estratégica sin necesidad de derogar el decreto, manteniendo la postura política de fondo pero evitando el colapso de la producción nacional.
Mientras tanto, Airbus y sus socios han comenzado a explorar rutas alternativas de suministro en Estados Unidos y Francia, aunque con el reconocimiento explícito de que estas soluciones no estarán maduras hasta dentro de varios años. La búsqueda de una autonomía estratégica europea es un objetivo a largo plazo, pero la realidad de los hangares hoy es de dependencia tecnológica. La decisión final del Gobierno determinará si la industria de defensa española mantiene su ritmo de crecimiento o si, por el contrario, entra en un periodo de hibernación forzosa que termine afectando a miles de familias y a la seguridad del Estado.
El conflicto en Oriente Próximo ha dejado de ser una cuestión lejana para convertirse en un factor determinante de la economía industrial española. Airbus no pide el fin del embargo por una cuestión de afinidad política, sino por pura supervivencia operativa. El equilibrio entre la ética internacional y la viabilidad industrial es el reto más complejo que el sector de la defensa ha enfrentado en la última década, y la resolución de esta moratoria será la que dicte si España puede seguir aspirando a ser un líder en la fabricación de tecnología militar de vanguardia o si debe redimensionar sus ambiciones a la sombra de un nuevo y restrictivo marco geopolítico.
