El magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, ha dictado una providencia para citar a declarar el próximo 20 de enero a Patricia Uriz en el marco de la investigación conocida como ‘Caso Koldo’. Uriz, quien fuera pareja del exasesor ministerial Koldo García, comparecerá ante el tribunal en calidad de investigada, una condición que mantiene tras haber sido rechazada su petición de archivo el pasado mes de junio. Esta decisión judicial supone un nuevo avance en las pesquisas que tratan de esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria de la Covid-19.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario han precisado que la declaración se circunscribe estrictamente a la pieza principal del procedimiento y no a la pieza separada que indaga en los pagos en metálico vinculados al entorno del Partido Socialista. La resolución del juez Moreno se fundamenta en la persistencia de indicios racionales de criminalidad, especialmente en lo referente a un presunto delito de blanqueo de capitales. Aunque la defensa de Uriz solicitó el sobreseimiento provisional alegando que no existían pruebas de su participación directa o indirecta en la trama, el magistrado instructor se alineó con la postura de la Fiscalía para denegar dicha solicitud, subrayando que la investigación aún debe agotar ciertas líneas de trabajo.
SOSPECHA SOBRE EL ORIGEN DEL PATRIMONIO
El núcleo de la investigación sobre Uriz reside en las maniobras presuntamente diseñadas para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por su entonces pareja. El juez se apoya en diversos informes policiales que sugieren que la investigada pudo participar en operaciones de ingeniería patrimonial, incluyendo la búsqueda de asesoramiento legal para realizar la donación de una vivienda a Koldo García. Según el auto judicial, estas acciones podrían constituir un delito de blanqueo, independientemente de que en este momento procesal no existan indicios tan claros sobre otros cargos como cohecho, organización criminal o tráfico de influencias, que siguen bajo escrutinio judicial a medida que avanza la instrucción.
A pesar de que el interrogatorio de enero se centrará en la trama de las mascarillas, el papel de Patricia Uriz también ha cobrado relevancia en otros informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En concreto, los investigadores han analizado conversaciones que vinculan a la investigada con la gestión de sobres con dinero en efectivo procedentes presuntamente de la sede socialista de la calle Ferraz. Según la fuerza actuante, estas entregas de metálico tenían como objetivo liquidar gastos anticipados por el exministro José Luis Ábalos.
Las comunicaciones intervenidas entre Uriz y García muestran un lenguaje explícito sobre el manejo de fondos. Mensajes donde ella informaba de que ya tenía el sobre de Ferraz o consultas sobre si el dinero pertenecía a su pareja o al propio ministro, han sido interpretados por la UCO como evidencias de un sistema de pagos paralelo. En una de las conversaciones más significativas, la investigada urgía a Koldo a recoger las cantidades acumuladas alegando que no se sentía cómoda guardando tanto dinero en su cajón. Todas estas evidencias configuran el complejo escenario judicial que la expareja de Koldo García deberá afrontar en sede judicial en apenas unas semanas, cuando intente desmontar las acusaciones que la sitúan como una pieza logística fundamental en el engranaje de la supuesta organización.
CRONOLOGÍA DE HECHOS DEL ‘CASO KOLDO’
El origen de los fondos y los movimientos en Ferraz. Los indicios más remotos se sitúan entre septiembre de 2018 y junio de 2019, periodo en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecta conversaciones entre Patricia Uriz y Koldo García. En estas comunicaciones, Uriz confirma la recogida de sobres con dinero en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz y el traslado de estos a la residencia oficial del entonces ministro José Luis Ábalos. En junio de 2019, mensajes de WhatsApp revelan recuentos de dinero donde se cuestiona si la titularidad de los fondos pertenece a Koldo o al propio ministro.
Adjudicaciones bajo sospecha durante la pandemia. En 2020, coincidiendo con la crisis sanitaria, se producen las adjudicaciones para la compra de mascarillas que constituyen la pieza principal de la causa. La Audiencia Nacional investiga presuntas irregularidades y el cobro de comisiones en estos contratos públicos, señalando a Koldo García como el facilitador clave dentro del Ministerio de Transportes.
Indicios de blanqueo y rechazo al archivo. En junio de 2025, el juez instructor Ismael Moreno rechaza cerrar la investigación contra Patricia Uriz tras hallar «indicios racionales» de un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado, apoyado por la Fiscalía, sostiene que Uriz participó en maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias de su pareja, incluyendo gestiones legales para donar una vivienda a Koldo García. La defensa de Uriz solicita el sobreseimiento alegando falta de participación directa, pero la petición es denegada basándose en informes policiales sobre su rol en la gestión patrimonial.
Citación judicial para el nuevo año. Finalmente, el 26 de diciembre de 2025, se confirma que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha citado a declarar a Patricia Uriz para el próximo 20 de enero de 2026. Esta comparecencia se enmarca en la pieza principal relativa a las mascarillas, buscando esclarecer definitivamente el papel de la investigada en la estructura de ocultación de beneficios de la trama.
