Ha llovido tanto desde entonces que ya nadie recuerda al bueno del «Tito Berni» un caso tan surrealista como soez que comprometió fondos europeos. La sociedad parece anestesiada y mira los casos de corrupción como si de un nuevo episodio de Netflix se tratara. Ni siquiera en el argumentario colectivo el Tito Berni mantiene su otrora papel principal como «Torrente», donde ha sido sustituido por Abalos. Y pronto con el estreno de «Torrente, presidente» este último será sustituido por el Torrente de Santiago Segura. Los papeles vuelan, los escándalos se tapan unos a otros a gran velocidad. Todo parece ficción, un capítulo más de digestión rápida. Pero no es ficción. Es realidad.
Hace casi tres años que una investigación en Canarias destapó una red de corrupción tan compleja como preocupante. El 14 de febrero de 2023, las detenciones comenzaron a caer como fichas de dominó en varias provincias españolas. Lo que empezó como sospechosas operaciones de un empresario canario terminó revelando un sistema de sobornos que alcanzaba hasta el Congreso de los Diputados, fondos europeos y las estructuras de la Guardia Civil. Este es el caso de «Tito Berni», un escándalo que redefinió las conversaciones sobre integridad política en España.
¿Quién es Juan Bernardo Fuentes Curbelo?
Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido popularmente como Tito Berni, no era un desconocido en los círculos políticos españoles. Era diputado del PSOE por Canarias, una posición que le había permitido construir una red de contactos bastante amplia. Pero detrás de esa credencial parlamentaria, según las investigaciones de la magistrada María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo, Fuentes Curbelo estaba liderando lo que la policía clasificaría después como una organización criminal estructurada.
Lo curioso es que todo comenzó casi por casualidad. Ángel Luis Pérez Peña, un consejero del Cabildo de Tenerife, se fijó en unos gastos extraños en su cuenta bancaria —transferencias de poco más de 2.000 euros aquí y allá— que su pareja cuestionó. Pensó que había sido víctima de una estafa y lo denunció. No sabía que acababa de tirar de un hilo que desenredaría una trama de corrupción que involucraba a diputados, empresarios, un general de la Guardia Civil en retiro y decenas de miles de euros en mordidas.
La estructura de la red: cómo funcionaba el «peaje económico»
La operativa era sorprendentemente simple, aunque brutalmente efectiva. La trama funcionaba bajo un sistema que podríamos llamar de «acceso restringido». Los empresarios canarios, especialmente del sector ganadero y agrícola, que tenían problemas administrativos o querían acceso a contratos públicos y ayudas europeas, debían pagar una cuota inicial de 5.000 euros. Era literalmente un peaje para entrar en el club de los privilegiados. El club del Tito Berni.
Una vez dentro, Marco Antonio Navarro Tacoronte —alias «el Mediador»— actuaba como intermediario. Se presentaba a sí mismo como alguien integrado en el gobierno canario, con contactos poderosos y la capacidad de resolver problemas administrativos. La verdad es que funcionaba como corredor de influencias, pero lo importante para los empresarios engañados era que parecía tener poder. Y efectivamente lo tenía, pero solo porque estaba conectado con Fuentes Curbelo.
Los pagos llegaban principalmente a través de la Asociación Deportiva Vega Tetir, una entidad que Tito Berni presidía. Sobre el papel, los dineros se justificaban como «pagos a entrenadores». En realidad, eran mordidas limpias. Pero también aceptaban dinero en especie. Cuando instalaban placas solares gratuitas en la finca familiar de Fuentes Curbelo, cuando pagaban cenas de lujo en Madrid o cuando financiaban estancias en hoteles de cinco estrellas, todo eso contaba como pago por los «servicios» ofrecidos.
La jueza ha logrado rastrear al menos 17 mordidas directas imputadas a Juan Bernardo Fuentes, pero el dinero se movía en círculos mucho más amplios. Contratos públicos por 2,3 millones de euros —adjudicados por la Unión Europea para proyectos de seguridad en el Sahel— estaban siendo objeto de comisiones por la trama. Se trataba de dinero europeo destinado a reforzar las capacidades de países africanos en la lucha contra el terrorismo y la inmigración irregular.
Las fiestas del Ramsés y el escándalo de los diputados socialistas
Aquí es donde el caso se vuelve especialmente sórdido. El 21 de octubre de 2020, en plena pandemia de COVID-19 y bajo un estado de alarma que incluía toque de queda en Madrid, Tito Berni organizó una cena en el restaurante Ramsés. No era una comida de negocios cualquiera. Quince diputados socialistas asistieron a ese evento. Algunos de los parlamentarios que votaron a favor de una moción de censura al gobierno días antes estaban compartiendo mesa con el cabecilla de una red de corrupción.
Lo que después salió a la luz fue aún más perturbador: los mensajes de WhatsApp mostraban que Fuentes Curbelo estaba organizando estas fiestas desde su escaño en el Congreso. Intervenía entre sesiones plenarias, elegía a las prostitutas que participarían, coordinaba los suministros de cocaína y alcohol. Una conversación particularmente reveladora lo mostraba escribiendo: «Acabó la sesión», momento en el que pasaba a coordinar los detalles de las celebraciones nocturnas.
Los diputados que asistieron después afirmaron que «una cosa es cenar y otra es corromperse», como declaró el portavoz socialista Patxi López. Cinco diputados admitieron haber ido a las cenas pero negaron implicación: Manuel Arribas (que sigue en el Congreso), Uxía Tizón Vázquez, Indalecio Gutiérrez Salinas, Guillermo Meijón y Ana Prieto Nieto. Otros, como la senadora Olivia María Delgado Oval, fueron acusados directamente por el mediador de haber recibido pagos por defender ciertos intereses desde el Senado.
Drogas, prostitución y sobornos a granel. No es ficción, tan soez como real
El sumario de la causa incluye un detalle que quizás fue el que más impacto generó mediáticamente. En los registros efectuados en el domicilio de Tito Berni se encontraron 61.000 euros en efectivo. Dinero «de ilícita procedencia» según la jueza. No eran ahorros de un diputado socialista honesto. Era producto de comisiones, mordidas y sobornos.
Pero el dinero en efectivo era solo una parte. Las investigaciones desvelaron cómo la trama había invertido en vicios. Puros de importación, viajes a Canarias para el general Espinosa acompañado de «compañía femenina», alquileres de vehículos para moverse por las islas, y pagos directos en efectivo que superaban los 19.000 euros solo para el general retirado de la Guardia Civil.
No era una comida de negocios cualquiera. Quince diputados socialistas asistieron a ese evento
Los audios y vídeos incautados fueron masivos: casi 26.000 archivos de audio, 1.700 vídeos y prácticamente 60.000 imágenes solo del teléfono del mediador. Cuando la policía pasó a analizar todo ese material, lo que encontró fue un catálogo prácticamente exhaustivo de corrupción: conversaciones sobre cómo amenazar a empresarios que no pagaban, cómo presionar para que siguieran ingresando dinero, cómo presentarse ante nuevas «víctimas» como alguien con poder para resolver problemas que en realidad eran irreales.
El rol del sobrino del Tito Berni y la herencia del cargo público
Taishet Fuentes, sobrino de Tito Berni, tuvo un papel particularmente repugnante en todo esto. Cuando Tito Berni dejó el cargo de director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, fue Taishet quien lo heredó. Desde esa posición, proporcionaba información sensible sobre empresas ganaderas que tenían dificultades administrativas. Esa información era oro puro para Marco Antonio Navarro, el mediador. Permitía identificar a empresarios vulnerables a los que presionar.
En un caso específico, la policía documentó cómo Taishet colaboró en una operación de extorsión contra un ganadero llamado Julián de Santa Bárbara Pérez Alonso. Le sacaron 6.000 euros en efectivo de un total de 50.000 que le habían solicitado. El ganadero nunca vio que su granja fuera legalizada, a pesar de haber pagado ese adelanto. Era el sistema de la trama funcionando al detalle: promesas falsas, dinero extraído, incumplimiento total.
Lo verdaderamente grotesco es que Taishet fue proclamado candidato del PSOE a la alcaldía de Antigua, en Fuerteventura, apenas cuatro días antes de su detención. La máquina del partido no había tenido tiempo de advertir que estaba colocando como candidato a alguien que estaba siendo investigado por una organización criminal.
Los generales de la Guardia Civil y los fondos europeos desviados
Francisco Javier Espinosa Navas, general retirado de la Guardia Civil, no era un figurante en esta trama. Tenía un papel central, particularmente en la desviación de fondos europeos. Era el director del proyecto GAR-SI Sahel, una iniciativa de la Fundación Internacional para la Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) destinada a reforzar las capacidades de países africanos —Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde— en la lucha contra el terrorismo y la inmigración irregular.
Desde esa posición de responsabilidad, el general facilitó que se adjudicaran contratos de suministro de drones por 438.000 euros (263.000 para tres misiones en Níger, Senegal y Mauritania, más 175.000 de un cuarto proyecto) a través de conexiones con empresarios vinculados a la trama. La Fiscalía Anticorrupción solicita un año de cárcel para el general por cohecho continuado.
Lo que hace este aspecto particularmente grave es que se trata de dinero europeo. Los contribuyentes españoles y europeos estaban financiando, sin saberlo, una red de corrupción. La dimensión internacional del caso fue tan seria que la propia Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, solicitó que se investigara si el caso estaba vinculado a fondos europeos. Spoiler: así era.
La interferencia política y la destrucción de pruebas
Pero aquí es donde el caso toma una dimensión aún más preocupante. El despacho de Tito Berni en el Congreso no fue registrado por la policía hasta el 10 de marzo de 2023. La investigación había estallado el 14 de febrero. Eso significaba casi un mes —un mes completo— en el que el diputado socialista pudo prepararse, pudo organizar su defensa, pudo hacer desaparecer pruebas. Y probablemente eso es exactamente lo que pasó.
En las noches de Ramses aún echan de menos los tiempos gloriosos de la trama
De hecho, cuando la policía finalmente accedió al despacho y a los dispositivos electrónicos asignados por el Congreso —su teléfono móvil e iPad institucional—, encontraron que ya no estaban. Se le había permitido mantenerlos, lo que es… bueno, incomprehensible desde cualquier punto de vista de una investigación rigurosa.
Pero hay más. El Congreso de los Diputados, bajo la presidencia de Meritxell Batet, mantuvo un registro de las personas que visitaban a los diputados en sus despachos. Ese registro, que habría sido absolutamente crucial para identificar a los empresarios que iban a pagar mordidas a Fuentes Curbelo, fue eliminado. Convenientemente, Batet impulsó después una modificación cosmética de cómo se registraban esas visitas, algo que de facto no evitaría que volvieran a eliminarse registros si alguien quisiera hacerlo.
El inspector jefe Francisco Moar, que dirigió la investigación desde la Brigada de Policía Judicial de Tenerife, fue apartado de la causa porque se sospechaba que estaba filtrando información. Moar, quien después rompería su silencio en entrevistas revelando las maniobras para proteger al PSOE, había sido quizás la pieza más clave en el desmantelamiento de la trama.
¿Qué pasa hoy? El estado judicial en diciembre de 2025
El caso Mediador —como lo llama oficialmente la judicatura— está dividido en seis piezas separadas. La principal acumula ya doce tomos con 4.000 folios. Es un volumen de trabajo tan abrumador que la jueza solicitó refuerzo de personal en abril de 2023, algo que —hasta donde se sabe— no ha sido concedido adecuadamente.
En cuanto a las acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus escritos de acusación. Para Tito Berni solicita un total aproximado de 3,5 años de cárcel en diferentes piezas. En una de ellas pide un año de cárcel por cohecho. En otra, 2,5 años por falsedad documental relacionada con un contrato fraudulento que él y su hijo Domingo elaboraron para un marroquí que necesitaba renovar su permiso de residencia.
Tito Berni, el primer pero no el único Torrente de la legislatura, afronta la petición de 3 años y medio de cárcel
Aquí está lo problemático: en muchas jurisdicciones españolas, una condena de un año de cárcel no implica realmente pasar tiempo en prisión. El sistema de suspensión de pena hace que muchos condenados por delitos de corrupción no vean el interior de una celda. Es una realidad frustrante para quien cree que los políticos corruptos deberían ser duramente castigados.
Para los otros implicados, las solicitudes de la Fiscalía son más severas. El mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, enfrenta cuatro años por estafa y cohecho. Taishet Fuentes también afronta cuatro años con inhabilitación de tres años para cargos públicos. El general Espinosa está a la espera de que la justicia dicte sentencia sobre su rol en la desviación de fondos europeos.
¿La realidad? Los juicios están en proceso. No hay veredicto final aún. La máquina judicial española se mueve lentamente, especialmente cuando los casos son complejos como este. La Fiscalía Europea también se involucró en la investigación de los fondos desviados, lo que añade otra capa de procedimiento legal que puede alargarse años más.
Las víctimas que muchos olvidan
En toda esta historia de política sucia, dinero y prostitución, es fácil perder de vista a las personas que realmente fueron estafadas: los empresarios ganaderos y agrícolas de Canarias que pagaron dinero que no tenían con la promesa de que sus problemas administrativos serían resueltos. Dinero que nunca fue devuelto. Promesas que nunca se cumplieron.
Hay empresarios que pagaron 50.000 euros de los que nunca recuperaron nada. Hay ganaderos cuyas granjas nunca fueron legalizadas a pesar de los pagos efectuados. Es fácil enfocarse en el escándalo de los diputados cenando mientras hay toque de queda, pero las víctimas reales son mucho más anónimas.
