Las deriva política política en Extremadura ha subido de decibelios tras las declaraciones del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, quien ha trasladado toda la presión de la gobernabilidad a la candidata del Partido Popular, María Guardiola. En un escenario marcado por el intercambio de reproches y la exigencia de un giro ideológico drástico, la formación de Santiago Abascal ha dejado claro que sus once diputados no serán un cheque en blanco. Para Vox, la pelota está exclusivamente en el tejado de los populares, a quienes exigen un «entierro» formal de lo que denominan políticas socialdemócratas si pretenden alcanzar cualquier tipo de acuerdo de investidura.
El escenario elegido para este aviso no ha sido casual. Desde Santander, donde participaba en una movilización en defensa del sector primario, Fúster ha respondido con contundencia a las recientes apelaciones de la dirección nacional del PP. Horas antes, Alberto Núñez Feijóo había reivindicado la legitimidad de Guardiola tras haber sido la fuerza más votada, con 29 escaños, instando a Vox a no ignorar el mandato de las urnas. Sin embargo, para la formación de derecha radical, el aumento de su representación parlamentaria —que ha pasado de cinco a once escaños— es un mandato igual de legítimo para forzar un cambio de rumbo en las políticas de la Junta de Extremadura.
ULTIMÁTUM IDEOLÓGICO SOBRE EL MODELO PRODUCTIVO Y SOCIAL
La retórica de Vox se ha centrado en cuestionar la gestión que Guardiola ha llevado a cabo hasta el momento, acusándola de haber mantenido una continuidad excesiva con los postulados de la izquierda. Fúster ha planteado una dicotomía directa a la candidata popular: elegir entre la supervivencia de las estructuras actuales o una ruptura total que, según sus palabras, es lo que necesita el campo y la sociedad extremeña. El portavoz ha insistido en que no se trata solo de una cuestión de aritmética parlamentaria, sino de una voluntad real de transformar el modelo de comunidad autónoma.
En este sentido, Vox ha puesto sobre la mesa sus «líneas rojas«, que pasan inevitablemente por un ataque frontal a lo que consideran políticas ideológicas. La formación condiciona su apoyo a que el PP reniegue de las normativas de género y de los marcos regulatorios europeos que, a su juicio, están asfixiando la economía rural. Fúster ha sido especialmente incisivo al señalar que si Guardiola insiste en mantener el rumbo actual, la responsabilidad del bloqueo será única y exclusivamente suya. La formación se presenta así como el guardián de un cambio que consideran urgente y que, aseguran, trasciende las fronteras extremeñas para convertirse en una cuestión de interés nacional.
EL SECTOR PRIMARIO COMO CAMPO DE BATALLA POLÍTICO
La defensa del campo se ha convertido en el eje vertebrador del discurso de Vox para justificar su posición de fuerza. Durante su intervención en la capital cántabra, Fúster ha vinculado directamente la prosperidad de Extremadura con la denuncia del Pacto Verde y la eliminación de lo que define como trabas burocráticas e ideológicas que lastran a los agricultores y ganaderos. Para el portavoz, no basta con «pensar en Extremadura«, como reclama Guardiola, sino que hay que hacerlo «por España», integrando la región en un proyecto político que rechace frontalmente el consenso de los partidos tradicionales sobre la Agenda 2030.
La tensión entre ambos partidos refleja una fractura profunda en la estrategia de la derecha española. Mientras el PP de Guardiola intenta hacer valer su condición de lista más votada y busca una investidura que no comprometa en exceso su perfil moderado, Vox se siente respaldado por un crecimiento electoral que le permite exigir una entrada real en la toma de decisiones o, al menos, un giro de 180 grados en la agenda legislativa. La advertencia es nítida: si la candidata popular no está dispuesta a «salvaguardar» el campo y a terminar con las políticas de género, Vox no se sentirá obligado a facilitar su llegada al poder, asumiendo que el riesgo de una repetición electoral o de un bloqueo institucional es un precio que el PP deberá pagar por su supuesta deriva socialdemócrata.
