Madrid vuelve a brillar por Navidad. Para las fiestas de 2025, el Ayuntamiento gobernado por José Luis Martínez-Almeida ha destinado cerca de seis millones de euros a un despliegue luminoso que presume de sostenibilidad, eficiencia y diseño.
Más de 13 millones de bombillas LED iluminan 240 puntos repartidos por los 21 distritos de la capital, con abetos monumentales, cerezos artificiales y cadenetas que se encienden desde el 22 de noviembre. Madrid está preciosa, nadie lo discute. Pero también está profundamente desigual.
A apenas 14 kilómetros de la Puerta del Sol, la Navidad no se enciende. En la Cañada Real, miles de personas siguen viviendo en la oscuridad desde que, el 2 de octubre de 2020, la compañía eléctrica Naturgy cortó el suministro a unas 4.500 personas, cerca de 2.000 de ellas menores. Cinco inviernos después, la luz no ha vuelto de forma estable.
La postal navideña de Madrid contrasta de forma obscena con esta realidad, convertida recientemente en símbolo gracias a la película ‘Ciudad sin sueño’, que sigue la vida de Toni, un chico gitano de 15 años que vive con su familia en el mayor asentamiento irregular de Europa, mientras los derribos avanzan y su abuelo se resiste a abandonar la parcela.
La Cañada Real no es un decorado ni un problema lejano. Es una herida abierta en el corazón geográfico de España. Y también un espejo incómodo para un Ayuntamiento que se felicita por ampliar horarios de iluminación navideña mientras mira hacia otro lado ante la vulneración sistemática de derechos básicos. Especialmente sangrante resulta el silencio institucional frente a Naturgy, una empresa que presume de obra social mientras mantiene a miles de personas sin electricidad.
CONDENA AL JEFE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE ALMEIDA
La política de derribos tampoco ayuda a mejorar ese contraste. El mes pasado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al jefe de disciplina urbanística del Ayuntamiento que lidera Martínez-Almeida, Julio César Santos, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa tras ordenar en 2022 la demolición de una infravivienda en la parcela 203 de la Cañada Real.
El tribunal consideró ilegal la actuación y responsabilizó civilmente, de forma subsidiaria, al propio Ayuntamiento. No se trata de un episodio menor: es una muestra de cómo la mano dura urbanística puede acabar vulnerando la ley y castigando, una vez más, a los más débiles.
Desde 2019, solo 337 familias han sido realojadas de un total de más de 2.000 censadas. El proceso avanza con lentitud, entre negativas forzadas y judicialización. Mientras tanto, la vida sigue —o se sobrevive— entre chabolas, casas autoconstruidas y bloques improvisados, en una zona que se extiende más de 14 kilómetros y que las administraciones, incluido el Gobierno central, desatienden a nivel social.
Este mismo patrón de insensibilidad social es el que ha provocado el enfado de sectores relevantes de la Iglesia católica española, no solo en Madrid, sino también en Cataluña. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, estalló recientemente tras la protesta vecinal que impidió la entrada de una quincena de personas migrantes en una parroquia de Badalona. «¿Nos hemos vuelto locos?», se preguntó públicamente, alertando de que ignorar la conciencia social supone vaciar de contenido los derechos humanos que Europa dice defender.
Los migrantes habían sido desalojados previamente el pasado 17 de diciembre por el Ayuntamiento de Badalona, gobernado por el polémico dirigente ‘popular’ Xavier García Albiol. Entre 400 y 500 personas sin hogar, en su mayoría migrantes, fueron expulsadas del edificio por orden judicial.
Albiol vuelve a situar al Partido Popular en una posición incómoda: según algunas voces cercanas a la Iglesia, resulta difícil de explicar que una formación que se reclama constitucional y democrática acoja en su seno a un dirigente cuyo lenguaje y políticas recuerdan más a la ultraderecha identitaria de Aliança Catalana que al humanismo cristiano que los de Alberto Núñez Feijóo dicen defender.
