El Atestado 164/2025 realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestra una crónica de una ambición desmedida por parte de una trama con vínculos dentro del Gobierno de España. La investigación, enmarcada en las Diligencias Previas 147/2023, detalla cómo una estructura encabezada por la operadora Villafuel SL buscó doblegar la normativa vigente mediante el uso de influencias políticas, solo para encontrarse en un escenario de total desamparo cuando las piezas del tablero institucional cambiaron de posición.
La trama tenía como objetivo principal una urgencia financiera clara: obtener la autorización de operador al por mayor de hidrocarburos eludiendo el requisito legal de disponer de tres millones de euros en fondos propios. Para lograrlo, los cabecillas de la red, Claudio Rivas y Víctor de Aldama, tejieron una red de intereses que involucraba de manera directa a figuras en el entorno del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García. Sin embargo, la investigación policial pone especial énfasis en el punto de inflexión que supuso el verano de 2021. El cese de Ábalos como ministro y su posterior renuncia como secretario de organización del PSOE no solo fueron noticias de alcance nacional, sino que representaron el acta de defunción de la estrategia de influencia de la organización.
PÉRDIDA DE INFLUENCIA POLÍTICA
La situación de los investigados tras este cese revela un cambio drástico en las dinámicas de poder. Los agentes de la UCO constatan que la pérdida de influencia política fue un hecho sobrevenido que frenó en seco las pretensiones de la red criminal. Aquellos que antes se movían con soltura por las dependencias oficiales, impulsando trámites mediante presiones directas, se encontraron de repente ante un muro infranqueable. La figura de Koldo García, cuya insistencia ante los departamentos ministeriales había llegado a ser considerada incluso contraproducente por los propios responsables de la trama, dejó de tener el peso necesario para inclinar la balanza a favor de Villafuel SL.
Este nuevo escenario obligó a Claudio Rivas a realizar un giro estratégico de 180 grados. Al comprender que la vía de la influencia política estaba agotada, la organización tuvo que aceptar que la tramitación del expediente de Villafuel SL debía seguir el cauce de la normalidad administrativa. Ya no había atajos posibles en la Subdirección General de Hidrocarburos. La única forma de obtener la licencia era cumplir con los requisitos que tanto habían intentado esquivar, lo que llevó a Rivas a capitalizar la empresa con los tres millones de euros necesarios en septiembre de 2022, un movimiento que la policía interpreta como una rendición ante la pérdida de sus contactos clave.
Pero quizás lo más llamativo del comportamiento de los investigados tras la caída de sus protectores fue la frialdad con la que reclamaron las contraprestaciones dadas. El atestado describe cómo la organización criminal, al ver que ya no obtendría los beneficios esperados a través de la influencia política, decidió desposeer al exministro Ábalos de los beneficios que le habían otorgado.
Por ejemplo, la red envió un burofax a Ábalos requiriéndole que abandonara la vivienda en La Alcaidesa de la que disfrutaba. Este inmueble, cuya adquisición había sido gestionada por la propia trama como parte de los pagos por favores, dejó de ser un regalo para convertirse en un activo reclamado. El intento de entrega del burofax en noviembre de 2021 y su posterior recepción en mano por el propio Ábalos en diciembre de ese año simbolizan el fin de una alianza basada en el beneficio mutuo y la impunidad.
RASTREO DEL DINERO
Mientras esto sucedía en la superficie, la UCO seguía rastreando el dinero. El análisis de las evidencias digitales intervenidas a miembros de la organización, como Leonor María González, permitió a los investigadores reconstruir el coste real de estas labores de intermediación. Se estima que el montante de las contraprestaciones alcanzó el millón de euros hacia julio de 2021, una cifra que coincide con los movimientos bancarios detectados a través de sociedades instrumentales como MTM 180 Capital SL. El flujo de dinero en efectivo, retirado por figuras clave como María del Carmen Paño tras recibir transferencias de Claudio Rivas, dificultó inicialmente la trazabilidad, pero las conversaciones intervenidas terminaron por confirmar el modus operandi de la red.
Claudio Rivas no era un recién llegado al fraude de los hidrocarburos; su experiencia previa en organizaciones similares le permitía conocer al detalle los entresijos de un sector altamente regulado. Sabía que necesitaba un «barniz» de legalidad, y para ello contrató a técnicos y profesionales que dieran apariencia de normalidad a su proyecto, mientras que en la sombra, Aldama se encargaba de la «fontanería» política. Esta dualidad entre la operación comercial legítima y la trama de corrupción es lo que mantuvo viva a la red hasta que el cambio de gobierno y el cese de los implicados desmoronaron el castillo de naipes.
Tras el cese de los cargos públicos, los investigados no solo perdieron su capacidad de maniobra, sino que se vieron obligados a enfrentarse a la maquinaria administrativa sin los protectores que una vez los hicieron sentirse intocables. La resolución de septiembre de 2022 que finalmente aprobó la previsión de ventas de Villafuel SL llegó tarde para la trama de corrupción, cuando el foco de la Guardia Civil ya estaba firmemente fijado sobre ellos, transformando sus éxitos administrativos en pruebas de cargo para un futuro juicio por tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal.
