La empresa ADIF, dependiente del ministerio de Transportes, entregaba el pasado 25 de noviembre los expedientes de 8 contratos licitados y adjudicados a empresas investigadas del Caso Koldo en el Tribunal Supremo. Un día después el juez instructor de la causa, Leopoldo Puente, enviaba la información a la Unidad de Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE) «a los efectos de que puedan completar el informe que les ha sido encomendado». Sin embargo, el 22 de diciembre el Supremo reclamaba a ADIF una nueva documentación que supuestamente no había remitido entre los ocho contratos, en concreto uno de Soterramiento de Estación y Barriomar en Murcia y otro denominado «Nonduermas». Ahora ADIF contesta al Supremo que sí estaban entre los incluidos en el primer envío, aunque vuelve a entregar por separado los dos contratos de Murcia que les reclamaba el Alto Tribunal.
En concreto, Guillermo Enríquez Malavé entregaba en mano el pasado mes de noviembre un pen drive con ocho expedientes denominados «emergencia Asturias», «Montforte-Lugo», «emergencia Montforte»,»Sant Feliú de Llobregat», «Pulpí-Vera», «Soterramiento Nonduermas», «accesos a Murcia y permeabilización» y «soterramiento Estación y Barriomar».
Explicaba el representante legal de ADIF en su escrito que «toda la documentación ha sido recopilada atendiendo al contenido literal del requerimiento judicial y sobre la información extraída de las bases de datos que obran en la entidad. Todo ello sin prejuicio de posibles omisiones involuntarias o errores materiales que, de haberse producido, serán subsanados a la mayor brevedad a requerimiento de este Tribunal», en relación a la petición hecha por el Alto Tribunal el 4 de noviembre.
El escrito añadía que «se recuerda que toda la documentación que se pone a su disposición es estrictamente confidencial tanto por la naturaleza de los procedimientos administrativos a los que se refiere, como por la posible presencia de información protegida». Los contratos afectan a la etapa de Isabel Pardo de Vera como presidenta de la entidad.
El instructor del Caso Koldo explicaba en un auto cuando pidió los contratos a ADIF que, por ejemplo, la licitación de Sant Feliú de Llobregat, que se adjudicó Acciona, había supuesto 62 millones de euros. Otra obra adjudicada por la misma constructora fue el soterramiento en el barrio de Santiago El Mayor de Murcia, en UTE con Ferrovial por 158 millones de euros. Otra de las licitaciones más cara fue la «ejecución de obras del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería, tramo Pulpí-Vera» por importe de 121.196.734,32 euros.
DIFERENCIA ENTRE EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN
La clave de la actual fase de la investigación reside en la diferencia entre lo que se proyectó inicialmente y lo que finalmente se ejecutó y pagó. El Tribunal Supremo detectó que, si bien ADIF remitió la documentación relativa a las modificaciones 1 y 2 del proyecto de soterramiento en la zona de Nonduermas, no ocurría lo mismo con los tramos correspondientes a la Estación de Murcia del Carmen y Barriomar. Estos últimos son, precisamente, los que concentran mayor volumen de inversión y complejidad técnica.
La importancia de estos documentos no es meramente burocrática. En el ámbito de la obra pública, los «modificados» son a menudo el mecanismo a través del cual se producen desviaciones presupuestarias que pueden encubrir irregularidades. La IGAE necesita cotejar estos proyectos modificados con las certificaciones de obra y las relaciones valoradas a origen para determinar si los pagos efectuados se ajustan a la realidad de los trabajos realizados.
El Tribunal buscaba entender por qué, en la documentación enviada anteriormente, ADIF incluyó una carpeta rotulada como «Soterramiento Estación y Barriomar» que, tras ser analizada por los peritos, resultó contener papeles de un contrato totalmente distinto, el relativo a la arquitectura interior e instalaciones no ferroviarias. Este «error» en la entrega de la información fue el detonante para que el magistrado instructor exigiera rigor absoluto en la transparencia de la entidad.
El 18 de diciembre el juez Puente dictaba una providencia debida a la detección de lagunas documentales críticas en la información remitida previamente por la entidad pública, unas omisiones que impiden a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) finalizar su informe pericial sobre el soterramiento de las vías en la ciudad de Murcia.
El movimiento judicial se producía tras recibir un oficio de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, integrada por técnicos de la IGAE, advirtiendo de esta falta. La IGAE son los especialistas que actúan como el brazo técnico del Alto Tribunal para desentrañar posibles irregularidades contables y administrativas, y ponían de manifiesto que la documentación entregada hasta la fecha por Adif Alta Velocidad estaba incompleta y, en algunos puntos, confusa o errónea. Por eso el juez instructor reclamaba a ADIF ese documento.
DEFENSA DE ADIF
Ahora en defensa de ADIF ha salido su director de asesoría jurídica para explicar que ese informe no estaba en la carpeta que señalaban los técnicos de la IGAE y que se encontraba en la carpeta número 6 denominada «Soterramiento Nonduermas», «puesto que pertenece a dicho expediente y no al de la carpeta número 8 a la que hace referencia en la providencia de 18 de diciembre de 2025».
Desde ADIF aclaran que «como se ha indicado, la documentación relativa a estos dos proyectos, y sus correspondientes dos modificados, así como las certificaciones de obras, las relaciones valoradas y el informe de supervisión, se incluyó en la carpeta nº 6 del pen drive entregado en fecha 25 de noviembre, denominada genéricamente como ‘Soterramiento Nonduermas'» y añaden que «sin perjuicio de lo anterior, junto con este escrito se entrega un pen drive con los dos proyectos modificados del soterramiento de la Estación y Barriomar».
ADIF EN ASTURIAS
Otra de las contratos importantes que investiga el Supremo es la que afecta a una línea vial de Asturias, por un importe de 592,053 euros, a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) fue la adjudicataria elegida.
Más cara resultó una licitación para «ejecución de las obras del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (…) del tramo Monforte-Lugo de la línea 800». En este caso fue una UTE llamada Monforte 379, formada por Obras Públicas y Regadíos S.A. (OPR) una constructora investigada en la causa y ASCH Infraestructuras y Servicios SA y el precio de adjudicación fue de poco más de 6 millones de euros.
El objeto del contrato de Murcia que ADIF suscribió fue por «la emergencia por daños ocasionados por las intensas lluvias de los días 11,12,13 y 14 de septiembre», tal y como recoge el anuncio de la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El procedimiento, negociado sin publicidad, fue una tramitación de emergencia, una motivación recogida en el artículo 120 de ley 9/2017. Este régimen excepcional permite a la Administración actuar con rapidez ante situaciones de emergencia, como acontecimientos catastróficos o para evitar graves peligros. En estos casos, el órgano de contratación puede contratar directamente sin seguir los procedimientos ordinarios.
