Si creías que con comer las uvas y brindar por el 2026 habías cumplido, la realidad burocrática te tiene preparada una resaca mucho peor. A partir de este 1 de enero, la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) endurece el cerco de forma drástica, y esta vez no solo van a por los viejos diésel humeantes de los noventa, sino a por un distintivo que hasta ayer parecía seguro.
El fin de la tregua para el «coche amarillo»
Parece que fue ayer cuando nos dijeron que la etiqueta B era una compra racional, pero el escenario ha cambiado radicalmente en los últimos meses de 2025. Para muchos conductores que confiaron en este distintivo, el despertar del 1 de enero será brusco, especialmente si viven en comunidades como Cataluña o ciudades pioneras como Bilbao. La Dirección General de Tráfico (DGT) clasifica, pero son los ayuntamientos los que ejecutan, y la etiqueta amarilla ha dejado de ser un salvoconducto para convertirse en una diana móvil en las nuevas ordenanzas municipales.
La situación es crítica porque el criterio se ha disparado sin una homogeneidad clara en todo el territorio nacional, generando una confusión que roza el absurdo. Mientras algunos consistorios hacen la vista gorda, otros han decidido que los vehículos con etiqueta B son los nuevos proscritos en episodios de alta contaminación, prohibiendo su circulación de manera efectiva con el cambio de año. Ya no basta con tener el coche a punto; ahora debes consultar el boletín oficial de tu municipio antes de girar la llave del contacto si no quieres recibir una «receta» automática en el buzón.
La trampa de las ciudades de más de 50.000 habitantes
La Ley de Cambio Climático obligaba a instaurar estas zonas hace años, pero la picaresca española y los retrasos electorales permitieron una moratoria tácita que se evapora este miércoles. Decenas de municipios medianos, desde Avilés hasta Valdemoro, han agotado el tiempo de descuento y, aunque muchos vecinos no lo crean, las cámaras de control ya están listas para multar a todo aquel que cruce el perímetro sin el distintivo adecuado. Lo que hasta ahora eran avisos informativos en papel, a partir del día 1 se convierten en sanciones administrativas con todas las de la ley.
El problema real no es solo la multa, sino la pérdida de valor inmediato de un activo tan importante para las familias como es su vehículo privado. Al restringir el acceso al centro urbano y áreas comerciales de estas ciudades, el mercado de segunda mano se paraliza, provocando que vender un coche sin etiqueta sea una misión imposible o una operación ruinosa. Quien pensara que viviendo en una ciudad de provincia se libraba de la quema, descubrirá a las malas que la normativa europea no entiende de códigos postales ni de prórrogas sentimentales.
La excepción madrileña y el espejismo de la seguridad
Madrid sigue jugando su propia liga en este tablero de ajedrez, ofreciendo un balón de oxígeno que muchos expertos califican de «trampa a largo plazo. El Ayuntamiento ha decidido extender la moratoria para los residentes con vehículos sin etiqueta (A) hasta finales de 2026, lo que permite a los empadronados respirar tranquilos un año más, pero esta medida no aplica a los visitantes foráneos ni a los vehículos de reparto que entran desde la periferia. Es un parche temporal que ha generado una falsa sensación de seguridad entre los propietarios, que ven cómo el calendario simplemente se ha movido doce meses hacia adelante.
Sin embargo, hay que leer la letra pequeña de esta prórroga, pues las condiciones para mantener el privilegio de circular son estrictas y excluyentes. Si tu coche no está debidamente domiciliado en la capital y al corriente del IVTM antes de la fecha límite, el sistema informático no tendrá piedad y las sanciones llegarán de forma implacable a partir de enero. Confiar en que «no pasará nada» porque ves a tu vecino circular con su viejo utilitario es el error más caro que puedes cometer este invierno; él puede tener una exención que tú no tienes.
¿Merece la pena comprar un coche con etiqueta B hoy?
Esta es la pregunta del millón que inunda los foros y las conversaciones de bar, y la respuesta corta es un rotundo y doloroso «depende del riesgo que quieras correr». Adquirir hoy un vehículo con etiqueta B es comprar un billete para una función que sabemos que va a ser cancelada, porque la hoja de ruta de la Unión Europea para 2030 es clara y la descarbonización no admite pasos atrás. Lo que hoy es una restricción puntual en Barcelona o un veto horario en Bilbao, mañana será la norma general en cualquier núcleo urbano que supere cierto umbral de población.
La depreciación de estos vehículos se va a acelerar de forma exponencial a medida que nos acerquemos al horizonte de 2028, cuando las restricciones se vuelvan estructurales y permanentes. Invertir miles de euros en una tecnología que tiene fecha de caducidad impresa en el parabrisas es una apuesta financiera de alto riesgo, pues la movilidad urbana se dirige hacia lo eléctrico o, como mínimo, hacia la hibridación real.
