El año 2026 apunta a que el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez penderá de un hilo, que no será por una cuestión de pactos políticos, sino del desgaste provocado por descrédito al que se verá abocado por las causas judiciales, que le salpicarán en los tribunales en 2026 más que nunca. La Justicia es lenta pero llega, y en el año que comienza se cerrarán varios procesos pendientes y se instruirán otros que no dejarán en buen lugar su gestión o la del PSOE.
Lo más doloroso para el presidente del Gobierno será sin duda ver a su hermano y a su esposa sentados en el banquillo de los acusados, algo que le afecta directamente y que, a pesar de no estar investigado en ninguno de lo casos, arroja sombras y dudas razonables sobre su intervención en los mismos.
CASO DAVID SÁNCHEZ
La única fecha que parece segura es la del juicio a David Sánchez, hermano pequeño del presidente del Gobierno y otras 11 personas más, entre ellas el dimitido ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, tras su batacazo electoral. La Audiencia Provincial ha fijado su inicio para el 28 de mayo.
Las acusaciones populares piden 3 años de cárcel para el músico y para el líder socialista extremeño por un delito de tráfico de influencias en concurso medial con otro de prevaricación y nombramiento ilegal, mientras la Fiscalía y las defensas de todos los imputados reclaman la absolución.
La Audiencia ha señalado el juicio para los días 28 y 29 de mayo y 1, 2, 3 y 4 de junio de 2026. El juzgado de Instrucción 3 de Badajoz remitía hace unas semanas días toda la causa instruida contra David Sánchez Pérez-Castejón, a la Audiencia Provincial de Badajoz para que fuesen juzgadas un total de 12 personas.
El letrado de la Administración de Justicia dirigía desde el juzgado una diligencia de ordenación con fecha de 4 de noviembre en la que remitía todos los escritos de defensa de los 12 imputados, más los escritos de acusación, la causa principal, dos piezas separadas y el auto motivado de la juez Beatriz Biedma a la Audiencia Provincial de Badajoz para que se hiciera cargo de todas las pruebas que deberá estudiar previamente a la declaración del acto de juicio.
CASO BEGOÑA GÓMEZ
Posiblemente el que más daño personal haga al presidente del Gobierno, que incluso barajó presentar su dimisión durante aquellos días que decidió tomar de reflexión.
La esposa de Pedro Sánchez sigue bajo la investigación iniciada en abril de 2024 por el juez dwe Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Las primeras denuncias apuntaban a tráfico de influencias y corrupción en los negocios pero luego se ampliaron los delitos a los de apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.
Aparte queda su influencia o no en el rescate de Air Europa, algo sobre lo que la Justicia todavía debe pronunciarse.
La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido algunas cuestiones de la instrucción de Peinado, pero apoya los indicios que señalan que Begoña Gómez pudo aprovechar su posición como cónyuge del presidente del Gobierno para conseguir financiación para la cátedra extraordinaria que se creó para ella en la Universidad Complutense de Madrid, además de utilizar para sus actividades profesionales los servicios de su asistente n Moncloa, Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos. De ahí el presunto delito de malversación. Aquí la fiscalía también pide la absolución.
CASO MASCARILLAS
La Fiscalía Anticorrupción se pronunciaba hace unas semanas sobre la petición de pena para el ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Serán juzgados en el primer trimestre de 2026, pero no hay fecha señalada todavía. El magistrado Leopoldo Puente dictaba la apertura de juicio oral, pero no determinaba una fecha. Además, mantiene en prisión preventiva a Ábalos y Koldo García por «riesgo extremo de fuga»-
La Fiscalía pide para Ábalos 24 años de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho activo y pasivo, malversación de fondos públicos, dos ilícitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Las acusaciones populares elevan su petición al máximo de 30 años y añaden los delitos de falsedad documental y prevaricación. Ábalos, diputado del grupo Mixto, es el primer diputado en activo que ingresa en prisión. El pasado 23 de diciembre su abogado pidió al Tribunal Supremo que le juzgase un jurado popular, una petición difícil de conceder pues algunos de los delitos de los que se acusa al ex ministro no están contemplados en la Ley del Jurado.
Además, la figura de Ábalos fue clave durante años dentro del organigrama del Partido Socialista (PSOE) al ser su secretario de organización. Su sustituto en el puesto del partido, Santos Cerdán, también tiene una causa abierta por el Supremo, que ya le tuvo durante 5 meses en la cárcel madrileña de Soto del Real de manera preventiva.
CASO CERDÁN
El mismo juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dirige también la parte de la investigación contra Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, referida al presunto cobro de comisiones por la adjudicación de contratos de obras del Ministerio de Transportes cuando ya Ábalos no era ni ministro.
La pieza separada se abrió tras el importante informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 5 de junio, elaborado a partir lo mensajes y audios de Whatsapp guardados en los teléfonos de Koldo García, donde se lee y escucha a Santos Cerdán hablar sobre el presunto reparto de comisiones por la concesión de contratos de obras públicas.
La defensa de Santos Cerdán insiste en que los audios, presentados como prueba de cargo, están manipulados. Ábalos está de acuerdo con estas afirmaciones y Koldo García prefiere guardar silencio. Un ex socio de Cerdán, Antxon Alonso, propietario de la empresa Servinabar también está imputado en esta causa.
La UCO sostiene que Cerdán era propietario del 45% de Servinabar, a la que usaban para, presuntamente, cobras las comisiones derivadas de las UTE formalizadas con Acciona para adjudicarse obras públicas. Varios ex directivos de Acciona permanecen como investigados.
EL CASO KOLDO
Además de la investigación del Supremo sobre el gasto de 53 millones de euros en mascarillas, el juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional investiga a otra docena de personas no aforadas relacionadas con la causa.
La ex presidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras de la época de Ábalos, Javier Herrero, están investigados por la Audiencia Nacional, después de que el instructor de la causa original en el Supremo apreciara indicios delictivos contra ellos y los remitiera a la Audiencia Nacional. La UCO asegura que «actuaron de facilitadores para las exitosas adjudicaciones».
En la causa también figuran como imputados Joseba García, Hermano de Koldo y la ex mujer del asesor, Patricia Úriz, que ha sido llamada a declarar el próximo 20 de enero.
LOS PAGOS EN EFECTIVO DEL PSOE
De los teléfonos de Koldo García también salieron fotos y mensajes que hacen alusión al cobro por su parte y la del ex ministro Ábalos de fondos en efectivo proveniente de las arcas del PSOE entre 2017 y 2024. El juez Moreno, de la Audiencia Nacional, abrió una pieza separada el pasado mes de noviembre. Lo hizo después de que el Supremo tomase declaración al ex gerente del PSOE Mariano Moreno y a una secretaria del partido, que incurrieron en contradicciones y no supieron explicar esos pagos en efectivo.
Además, existía un evidente descuadre entre los pagos que el PSOE declaró y lo que Ábalos dijo haber cobrado del PSOE.
La sombra de una financiación ilegal del PSOE surgió cuando el juez Puente dictaba un auto para pasar toda la información a la Audiencia Nacional donde decía que «es claro que, de haber existido pagos en metálico distintos de los efectivamente contabilizados, tampoco podrían estarlo los ingresos con los que aquéllos se nutrían». El 16 de diciembre el PSOE entrega toda esta documentación que el juzgado remitió a la UCO para su análisis.
Los socios de Pedro Sánchez han advertido, más con la boca chica que otra cosa, que retirarán su apoyo al gobierno sí finalmente el PSOE resulta investigado por financiación ilegal.
CASO ‘FONTANERA’ DEL PSOE
El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por ofrecer beneficios a personas investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) y a fiscales a cambio de información que les permitiera desacreditar a esta unidad de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción.
Leire Díez se presentaba como «mano derecha» de Santos Cerdán, según se puede escuchar en la grabación de audio realizada por el fiscal Ignacio Stampa al juez y cuya nulidad ha pedido, de momento sin éxito, la defensa de Díez.
El próximo 2 de febrero están llamados a declarar como testigos Santos Cerdán y Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones y ex director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez. Ambos estaban presentes en dos reuniones con Leire Díez y Pérez Dolset celebradas en abril de 2024 en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz.
LA TRAMA DE LA SEPI
El pasado 10 de diciembre, la UCO detenía por orden de Antonio Piña, juez de instrucción 6 de la Audiencia Nacional en funciones de guardia a Leire Díez, apodada la «fontanera» del PSOE, al ex presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, hombre de confianza de la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero y al empresario navarro relacionado con Santos Cerdán, Antxon Alonso.
Las diligencias son secretas, continúan abiertas y recayeron en turno de reparto en el juzgado número 5 de Santiago Pedraz. Aunque las investigaciones no se conocen en profundidad los indicios apuntan a la concesión de expedientes públicos de contratación, «aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública», indicaba Piña en su auto de detención. De momento, a los investigados se les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias.
CASO HIDROCARBUROS
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz es también el instructor de las diligencias en las que se investiga un presunto fraude millonario a Hacienda, cifrado en más de 182 millones de euros, que tiene como epicentro a la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas. Junto a él están investigados también Víctor de Aldama; Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz en dos entregas de parte de Aldama, y su hija Leonor González Pano.
El pasado 11 de diciembre, un informe de la UCO conectaba el caso con el ex ministro Ábalos, al señalar que la trama del fuel destinó un millón de euros a sobornos y «contraprestaciones» para el ex ministro y otros cargos políticos a cambio de que se agilizara la obtención del título de operadora por Villafuel.
Pedraz ha citado este mes de diciembre a varios testigos y a dos imputados que habrían ejercido como testaferros de los cabecillas. Pero en enero comparecerán también como testigos Marc Pons, ex jefe de gabinete de la ex ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera y Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la ex ministra de Industria Reyes Maroto.
CASO PLUS ULTRA
Es el último de los casos que ha estallado y de momento lo único que se sabe es que fueron detenidos el 11 de diciembre Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, presidente de la compañía, y Julio Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante, relacionado con el ex presidente Rodríguez Zapatero y cliente de las hijas del ex presidente socialista. Los tres quedaron en libertad provisional con medidas cautelares.
La investigación fue iniciada hace dos años por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que se centró en el polémico rescate por parte de la SEPI de la aerolínea por 53 millones de euros. Sin embargo, el mismo juzgado ha abierto ahora una pieza relativa al supuesto blanqueo de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía».
EL PP TAMBIÉN AL BANQUILLO
El PP también tendrá que afrontar un 2026 complicado por los casos heredados de las etapas de Aznar y Rajoy en el Gobierno. A mediados de enero empezará el juicio contra Francisco Granados, ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior por el caso Púnica.
El 6 de abril comenzará el juicio de la causa Kitchen, el supuesto operativo policial puesto en marcha para intentar obtener información y recuperar material en poder del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, investigado en el Caso Gürtel.
