El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha iniciado un expediente sancionador contra la presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), Beatriz Álvarez Mesa, además de vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que preside Rafael Louzán. De esta manera, Álvarez Mesa se enfrenta a una posible inhabilitación como le ocurre a Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional de Fútbol masculino, a quien parece seguir los pasos.
La noticia, adelantada por El Confidencial, recogía que el 3 de diciembre el presidente del CSD elevaba al TAD, como es preceptivo, las denuncias presentadas por Rubén Alcaine, ex vicepresidente de la LPFF y cesado en junio de este año tras denunciar a la presidenta.
Álvarez dispone ahora de 10 días para presentar sus alegaciones y su caso recuerda al del presidente de La Liga, Javier Tebas, a quien el 21 de noviembre el TAD también abrió expediente. En este caso fue tras una denuncia interpuesta por Miguel Galán, presidente de la Asociación para la Transparencia y Democracia en el Deporte, y 18 socios del FC Barcelona, debido al «incumplimiento del deber de confidencialidad» al revelar los estados financieros del club catalán.
La Ley del Deporte recoge diversas sanciones, desde una multa entre 3000 y 30.000 euros, una amonestación pública, la destitución del cargo o inhabilitación. Beatriz Álvarez fue denunciada por vulneración de los Estatutos de la LPFF, con extralimitación de funciones, fraude de ley en la composición de la Asamblea y convocatoria ilegal de una moción de censura, un bloqueo institucional al suprimir las funciones del vicepresidente y una posible vulneración de integridad institucional.
Hay que recordar que una denuncia presentada por Miguel Galán, presidente de la asociación Democracia y Transparencia en el Deporte, es similar a ésta y en su caso fue la que provocó la inhabilitación de Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
De hecho, Galán ya consiguió la inhabilitación por medio de los tribunales de Justicia de los tres últimos presidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha.
En agosto de este mismo año, Miguel Galán presentó un escrito de 51 páginas ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) denunciando a Tebas por cinco infracciones muy graves.
Los hechos relatados en esa denuncia se remontaban al 2 de abril de 2025 cuando La Liga emitió un comunicado «en el que se revelaron detalles económicos del Fútbol Club Barcelona. Según la nota, el club vuelve a estar en situación de incumplimiento del fair play financiero, lo que le impide inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Esto se debe a que la patronal constató que el auditor del Barcelona no registró en las cuentas del club los 100 millones de euros procedentes de la venta de los 475 asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou», según la denuncia.
La Liga, además, según el mismo escrito, anunció que denunciaría en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) al auditor que certificó la operación, «considerando que no reflejó correctamente dicha transacción en la cuentas del club. El comunicado, dividido en nueve puntos, indica que La Liga recibió la documentación de la venta de los asientos el 3 de enero de 2025, incluyendo un certificado emitido por un nuevo auditor del Barça, designado el 31 de diciembre, la fecha límite para la inscripción de los futbolistas».
Ese certificado en realidad reconocía que la operación fue contabilizada correctamente como un ingreso en las cuentas del club, pero La Liga sostenía que el Barça no podía inscribir jugadores por incumplir el fair play financiero.
Además, según la denuncia, «la patronal también mencionó que el Barcelona ha tenido tres auditores en los últimos tres meses: Grant Thornton, hasta el 31 de diciembre; un segundo auditor -del que no se especifica el nombre- nombrado justo en esa fecha y que siguió en funciones el 3 de enero; y un tercero, Crowe Auditores España, responsable del informe que acompaña los datos financieros intermedios».
El mismo escrito de Galán añadía que «el presidente de La Liga ha seguido insistiendo posterior y públicamente en que el FC Barcelona no se encuentra en la regla 1.1 desvelando así información confidencial y datos económicos.
El 7 de abril de 2025 el Barça se defendía de las acusaciones con un comunicado en el que acusaba a Tebas y a La Liga de incumplimiento del deber de confidencialidad e informaba de una carta enviada a este organismo donde mostraba su «sorpresa e indignación» por la publicación de La Liga del 2 de abril. Además, el Barcelona enfatizaba que no había autorizado a nadie la publicación de esos datos.
COMPORTAMIENTO DE LA LIGA
Asimismo, «el club criticó duramente el comportamiento de La Liga, al hacer públicos detalles de la información financiera facilitada por el FC Barcelona, así como al divulgar decisiones de los órganos de La Liga contra el club», recogía la misma denuncia.
Un día más tarde, el 8 de abril, «Javier Tebas Medrano ordenó la eliminación del comunicado emitido el 2 de abril, lo que evidencia un reconocimiento implícito de la vulneración de la confidencialidad por parte de La Liga en esa fecha».
Entre los hechos la denuncia también destaca que «con fecha de 28 de marzo de 2025, según la resolución del CSD donde se anulaba la desinscripción de los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor, entró en el CSD un escrito ordenado y firmado por Javier Tebas donde se desvelaba la información económica del FC Barcelona a un órgano no competente para valorar el control económico».
Para el denunciante, el CSD resolvió «un recurso relacionado con las medidas cautelares de inscripción de dos futbolistas, no sobre la validez de la operación económica en si misma. Por lo tanto, el escrito de La Liga, firmado por Javier Tebas, donde se revelaba información financiera del FC Barcelona, carece de relevancia para el objeto del recurso ante el CSD».
Por todo esto, Galán cree que existió una grave vulneración del deber de confidencialidad, una divulgación no autorizada de operaciones corporativas, además de revelación de cambios internos (auditores), una exposición del estado patrimonial del club y una difusión ilegal de comunicaciones con el CSD.
El CSD remitió también esta denuncia al TAD para que la estudiase y decidiese si sancionaba o no. Todavía no hay una resolución dictada al respecto. Según algunas fuentes, esta decisión no llegará hasta el primer trimestre de 2026, ya que el expediente se encuentra todavía en fase de alegaciones.
En caso de que los dos presidentes, de La Liga y la Liga Femenina, no estuviesen de acuerdo con la resolución podrían acudir a la Justicia ordinaria, en concreto a los tribunales de lo contencioso-administrativo.
