La crisis política en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio ha traspasado fronteras, dejando a un grupo de ciudadanos españoles en el epicentro de un conflicto diplomático. Actualmente, se estima que una veintena de personas con nacionalidad española permanecen privadas de libertad en territorio venezolano, atrapadas en un limbo legal y bajo acusaciones que sus familias califican de «fabricadas».
Además, son una parte de los presos que el gobierno ha amenazado en las últimas semanas. Según varios medios, a los presos políticos que han mantenido en las cárceles del país se les ha amenazado de muerte en caso de un ataque extranjero. Sin embargo, ni la embajada española ni el Gobierno han hablado de la situación.
Un Escenario de Persecución Política en Venezuela
Tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro, el régimen venezolano intensificó las detenciones bajo la «Operación Tun Tun», dirigida contra cualquier indicio de disidencia. Entre los detenidos, el caso de los bilbaínos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos ha sido el más mediático. Acusados de pertenecer al CNI y de planear un atentado contra Maduro, sus familias sostienen que eran simples turistas.
Los Perfiles: Ciudadanos de a Pie y Binacionales
La lista de los 20 no solo incluye a estos «presuntos espías». La mayoría son ciudadanos con doble nacionalidad (hispano-venezolanos) que residían en el país. Muchos fueron arrestados en el contexto de las protestas postelectorales, enfrentando cargos graves como:
- Terrorismo y asociación para delinquir.
- Incitación al odio.
- Traición a la patria.
El Bloqueo Consular: El Mayor Obstáculo
El principal escollo para el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Exteriores, es la negativa de Venezuela a reconocer la nacionalidad española de los detenidos binacionales. Caracas los procesa exclusivamente como venezolanos, lo que impide que los servicios consulares de España les brinden asistencia legal, visiten las prisiones o verifiquen su estado de salud.
«Estamos ante una indefensión total. No hay transparencia en los procesos y el acceso a abogados privados es casi inexistente», denuncian organizaciones de derechos humanos.
Un Futuro Incierto
A pesar de las gestiones diplomáticas «discretas» que asegura estar realizando el Ejecutivo español, la situación permanece estancada. Los detenidos se encuentran dispersos en centros de reclusión conocidos por sus duras condiciones, como El Helicoide o la cárcel de Yare III. Mientras tanto, sus nombres se han convertido en moneda de cambio en una mesa de negociación política donde la justicia parece ser la última prioridad.
