El rescate de Tubos Reunidos se ha situado bajo el foco. La empresa alavesa, con sede en Amurrio y considerada estratégica por el nacionalismo vasco, recibió en 2021 una inyección de 112,8 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el foco de la polémica ahora por el rescate a Air Europa y la imputación a su ex presidente Vicente Fernández y la conocida como «fontanera» del PSOE Leire Díez.
Hoy, ese auxilio financiero aparece bajo el foco de la investigación judicial sobre la denominada ‘trama SEPI’, un entramado que habría cobrado comisiones a cambio de facilitar rescates públicos a empresas en dificultades. Las pesquisas apuntan a que esta red habría operado al menos entre 2021 y 2023 y que tuvo «proyección en distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias Administraciones públicas».
El núcleo de la operativa habría estado integrado por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, junto a Leire Díez y Antxon Alonso, quienes habrían desplegado su influencia política para «obtener decisiones favorables» en organismos dependientes del Estado. Tubos Reunidos figura como uno de los casos más significativos.
Según lo avanzado en la investigación, la compañía habría abonado alrededor de 114.950 euros a la trama a través de la sociedad Mediaciones Martínez. Dicha empresa está señalada como intermediaria en el pago de supuestas mordidas destinadas a Fernández Guerrero, Díez y Alonso por sus gestiones ante la SEPI y el Consejo de Ministros.
El rescate de la tubera alavesa no fue una operación aislada. Los investigadores sostienen que la trama pudo haber creado un sistema de cobro por gestiones para conseguir ayudas públicas, especialmente en empresas con fuerte arraigo territorial y respaldo político.
En este contexto, el País Vasco adquiere un protagonismo central, ya que al menos tres compañías con vínculos estrechos con el PNV habrían sido objeto de mediaciones intensas ante el Gobierno central.
EL PNV, EN EL CENTRO DE TODAS LAS MIRADAS
El papel del PNV resulta clave para entender el contexto político del rescate. El partido nacionalista exigió al Ejecutivo central que determinadas empresas consideradas sistémicas para la economía vasca fueran salvadas a cambio de mantener su apoyo parlamentario en Madrid. Tubos Reunidos fue una de esas exigencias.
La formación liderada entonces por Andoni Ortuzar, y con Aitor Esteban como portavoz en el Congreso, defendió la necesidad de garantizar la continuidad de una compañía con un peso industrial y social relevante en Álava. La relación entre Tubos Reunidos y Vicente Fernández Guerrero añade un elemento especialmente delicado.
El expresidente de la SEPI, que ocupó el cargo desde la moción de censura de 2018 hasta octubre de 2019, fue asesor de la empresa hasta hace unos meses. Fernández Guerrero está actualmente investigado por corrupción en una causa abierta en la Audiencia Nacional en la que también figuran como imputados Leire Díez y Antxon Alonso. Tras abandonar la SEPI, Fernández Guerrero estuvo dado de alta como trabajador de Servinabar 2000 durante 2021, 2022 y 2023.
Esta mercantil, con oficinas en Pamplona, está vinculada a Antxon Alonso y al exdirigente socialista Santos Cerdán, que poseería el 45% de las participaciones. Según datos de la Hacienda foral de Navarra, Fernández Guerrero percibió 68.632,45 euros en 2021, al menos 40.800 en 2022 y 33.251,05 en 2023.
En el procedimiento seguido contra Cerdán y Alonso se investiga si Servinabar 2000 fue utilizada como sociedad pantalla para canalizar comisiones ilegales. No obstante, en el caso concreto de Tubos Reunidos, los pagos al expresidente de la SEPI se realizaron directamente, sin mediación de Servinabar.
Este detalle refuerza las sospechas sobre una relación contractual estrechamente ligada al proceso de rescate. El caso de la tubera alavesa no es el único bajo la lupa. Otras empresas también habrían recibido presiones para pagar comisiones a cambio de mediaciones políticas. Entre ellas figura Vicinay Marine, especializada en la fabricación de cadenas navales, que obtuvo un rescate de 32 millones de euros tras una intensa labor de intermediación del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, que presentó la operación como esencial para el ecosistema industrial vasco.
Más ambicioso aún fue el intento de rescate del Grupo Celsa, que llegó a solicitar 550 millones de euros, lo que habría supuesto el mayor auxilio concedido nunca en España. Aunque finalmente la operación descarriló tras perder la familia Rubiralta el control del grupo frente a los acreedores, el PNV asumió como propia la reivindicación del rescate, alegando la presencia de plantas en Vizcaya y Álava.
Entre noviembre de 2020 y junio de 2022, la SEPI aprobó un total de 30 rescates por importe de 2.681 millones de euros. Las investigaciones judiciales han acreditado ya que al menos dos de ellos —Air Europa y Tubos Reunidos— pagaron a comisionistas para agilizar la concesión de las ayudas. En el caso de la tubera vasca, el importe de la mediación coincide prácticamente con la cifra investigada: 114.950 euros.
