El 2026 comienza bajo la sombra de los tribunales para buena parte del panorama político español, y figuras de primer nivel como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preparan para un año cargado de procesos judiciales que podrían marcar la agenda política durante meses.
No se trata solo de casos aislados: detrás de cada causa hay investigaciones que han atravesado años, acusaciones que afectan directamente a sus entornos más cercanos y juicios que podrían convertirse en hitos de la actualidad española. Para Sánchez, el foco no recae únicamente sobre él, sino sobre personas de su círculo familiar y político.
Su hermano, David Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, se enfrentarán a un juicio por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con la contratación de David en la Diputación de Badajoz. Inicialmente previsto para febrero, el juicio fue aplazado hasta finales de mayo y comienzos de junio de 2026, por problemas de agenda de los letrados implicados.
La causa se centra en si Gallardo utilizó su cargo para favorecer a David Sánchez en un puesto diseñado a su medida, una acusación que ambos niegan. Aunque aún es pronto para predecir el desenlace, la atención mediática y política sobre esta causa será intensa, dada la relevancia de los protagonistas.
GONZÁLEZ AMADOR
En paralelo, Isabel Díaz Ayuso también se enfrenta a un entorno judicial complejo, aunque de manera indirecta. Su pareja, Alberto González Amador, será juzgado por presunto fraude fiscal por 350.000 euros mediante el uso de facturas falsas correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. Aún sin fecha concreta, se espera que el juicio se celebre a finales de 2026, aunque podría tener consecuencias políticas anticipadas para la presidenta madrileña, en términos de imagen y presión mediática.
Pero la lista de procesos que marcarán este año no se limita a estas figuras. Sánchez y Ayuso coinciden en la agenda judicial con investigaciones que afectan a otros dirigentes del PSOE y del PP, así como a exministros y empresarios de alto perfil. Entre ellos, se mantiene la atención sobre los casos derivados de la pandemia, como las compras de mascarillas en Almería, las investigaciones por muertes en residencias de mayores en Madrid durante el Covid-19, y la posible unificación de causas dispersas que podrían concentrar la atención de los tribunales en un solo expediente.
Además, 2026 seguirá marcado por juicios de largo recorrido que comenzaron en 2025. Es el caso del llamado ‘caso Koldo’, en el que están implicados el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.
En este procedimiento, que ha atravesado varias prórrogas, la Audiencia Nacional ya ha abierto juicio oral por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Se prevé que los meses de febrero y marzo concentren gran parte de la actividad judicial, y mientras tanto, tanto Ábalos como Koldo continúan en prisión preventiva ante las elevadas peticiones de condena de la Fiscalía, que alcanza hasta 24 años por delitos que incluyen cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Otros casos de relevancia que se esperan durante este año son las investigaciones abiertas contra Leire Díez, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, así como por irregularidades en contratos públicos vinculados a la SEPI y otras administraciones, todavía bajo secreto de sumario.
Además, se mantiene la instrucción sobre la presunta corrupción en la familia Pujol, cuyo juicio comenzó en noviembre de 2025 y cuya resolución, aunque se produzca este año en cuanto a pruebas y declaraciones, no se espera hasta 2027 debido a la complejidad del caso y al estado de salud de Jordi Pujol.
En paralelo, otros procedimientos históricos podrían llegar a su fase final en 2026, como la causa contra Begoña Gómez, esposa del expresidente, que se encuentra casi al límite de sus prórrogas y cuya instrucción podría concluir en abril. También están pendientes causas de relevancia mediática como la investigación del caso Montoro, que afecta al exministro de Hacienda y a un grupo de 28 acusados, aunque esta causa probablemente se prolongue más allá de la fecha prevista de finalización debido a recursos y solicitudes de cambios de tribunal.
